Los imputados en la causa por los contratos truchos de la Legislatura, sobre quienes la Justicia trabó un embargo por la suma de 3 mil millones de pesos, consiguieron una resolución que trae alivio a sus bolsillos: la anulación total del bloqueo de las cuentas sueldo.

En una audiencia celebrada este martes por la tarde ante el juez de Garantías Mauricio Mayer, los abogados de varios imputados pidieron que se anulen los embargos por considerarlos desproporcionados e ilegales; y cuestionaron que se haya bloqueado en su totalidad las cuentas sueldo de sus defendidos, puesto que la ley establece que puede afectarse solo hasta un porcentaje del 20%.

Tras escuchar los argumentos de los defensores, el juez Mayer dispuso  oficiar a las entidades bancarias que se retenga sólo el 20% del sueldo de los imputados, tal como lo establece la ley. No obstante, aún se espera que continúe en los próximos días la discusión en torno a la voluminosa cifra por la que se trabó embargo.

El  12 de abril, la jueza de Garantías Marina Barbagelata decretó “el embargo preventivo de los fondos que hubiera o que ingresaran posteriormente en las cuentas que más adelante se individualizarán por la suma de 2.000.000.000 de pesos con más la suma de 1.000.000.000 de pesos en concepto de intereses a la fecha en que se decrete la medida, multas prevista en el Código Penal, y costas del proceso. La medida alcanzó a todos los imputados y sus cónyuges.

 

Los embargados

Entre los embargados se encuentra Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri; Alejandro Almada, empleado del área contable de la Cámara de Diputados; Sergio Cardoso y Gustavo Pérez, director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados y exdirector de la misma área pero del Senado, respectivamente; los contadores del estudio Integral Asesoría, Pedro Opromolla, Guido Krapp, y Gustavo Falco; el contador Ariel Faure; más Flavia Beckman, María Victoria Álvarez, Esteban Scialocomo, Hugo Mena,  Alfredo Bilbao, Verónica Caíno, Jorge Balladares, Nicolás Beber, Renato Mansilla y María Jazmín Mena Gioveni, entre otros.

Los defensores de la mayoría de los mencionados presentaron un recurso de revocatoria, que fue tratado por el juez Mayer –por ausencia de Barbagelata-.

Según pudo reconstruir Entre Ríos Ahora, en la audiencia de este martes estuvieron los abogados Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli; Emilio Fouces y Leonardo Schonfeld. Este último se incorporó a la causa recientemente para defender a familiares de Beckman y Mena, la pareja que para la Fiscalía se encargaba de recaudar el dinero de los contratos apócrifos a través del control de las tarjetas de débito de los contratados que no realizaban una contraprestación al Estado.

En la audiencia, Fouces dio cuenta de lo que le sucedió a su defendido, Sergio Cardoso, director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados –en uso de licencia-, quien intentó extraer dinero de su cuenta sueldo y se encontró con el bloqueodispuesto por la jueza Barbagelata.

El letrado, que también defiende al contador Gustavo Falco, cuestionó el embargo que asciende a los $3 mil millones para cada uno de los imputados, y también que se haya bloqueado la cuenta de haberes a través de un oficio enviado directamente al Banco de Entre Ríos.

En sus fundamentos, el letrado recordó que la ley N° 10.567 establece que “la traba de cualquier embargo que afecte el salario de los trabajadores de cualquier área o dependencia de la Administración Pública Provincial o Municipal, se deberá diligenciar e instrumentar ante la oficina o dependencia administrativa encargada de la liquidación de sus haberes, para que ésta efectúe las retenciones que por derecho correspondan”.

La ley además prohíbe “diligenciar e instrumentar la traba de embargos de ningún tipo en forma directa ante las entidades bancarias y sobre la cuenta sueldo”.

En igual sentido se expresaron los abogados Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli que defienden los intereses de Juan Pablo Aguilera,  Alejandro Almada, Gustavo Pérez, y los contadores Pedro Ompromolla y Guido Krapp, quienes contrataron sus servicios recientemente.

La investigación

 

Los fiscales Patricia Yedro, Ignacio Aramberry, y la Fiscal Anticorrucpión y Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, sostienen que al menos entre 2008 y 2018, Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial. La cifra sustraía, afirman, sería de alrededor de $2 mil millones.

Y que en esa organización, para los fiscales, en los escalones “superiores” se encontraban el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure.

“Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil $50.000 por vínculo”, agregan en la nueva apertura de la causa formulada el 6 de marzo de este año.

En tanto, señalan que en el ámbito de la Cámara de Diputados tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011 “con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.

En otro párrafo destacan que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

Se precisa que la detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, en los diferentes períodos: Juan Domingo Orabona, actual presidente del Instituto Provincial del Seguro (Iapser) fue Director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011; Jorge Fabián Lázzaro de 2011 a 2015; y Gustavo Hernán Pérez, fue jefe del área de contratos, Subdirector y Director del Servicio administrativo contable de la Honorable Cámara de Senadores, de 2015 a 2018; y Sergio Cardoso, que es Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, hoy en uso de licencia.

“La gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos ‘contratistas’, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena  y/o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación, y lo abonaban a través de la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de ‘Entre Ríos Servicios’, emplazada en el propio Estudio ‘Integral Asesoría’ de los tres primeros contadores mencionados”, agrega la acusación.

En la nueva descripción del hecho se menciona por primera vez al exgobernador Sergio Urribarri. Es cuando se afirma que Cardoso “actuando en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011, y siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió al menos a los Sres. Diputados (Juan Reynaldo) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón y (Daniel) Ruberto, la suscripción de al menos diez (10) contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto de que los ‘contratistas’, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.