La segunda denuncia por abuso sexual contra un miembro de la Iglesia de los Testigos de Jehová en la provincia tuvo una novedad inesperada: el desplazamiento de la abogada de la congregación que estaba al corriente de la denuncia presentada por una joven contra José Ariel González, Siervo Ministerial de la congregación de María Grande.
La letrada apartada es Patricia González, quien venía siguiendo el caso que se abrió el 11 de abril en los Tribunales de Paraná. Cabe aclarar que pese a tener un apellido igual al del denunciado, la letrada no tiene ninguna relación de parentesco.
El desplazamiento de la profesional se produjo poco después de que Entre Ríos Ahora diera a conocer el caso que investiga el fiscal Leandro Dato, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná. Desplazada la letrada, ahora el expediente quedó en manos de un equipo legal de los Testigos, aunque no se conocen nombres propios.
Con la denuncia que pesa sobre González, ya son tres los miembros de los Testigos de Jehová que deben responder en la Justicia provincial. Los otros dos son Matías Vargas, que fue Siervo Ministerial; y su cuñado Vito Luciano Panza, ambos de Santa Elena, en el departamento La Paz.
Ambos están imputados por graves delitos contra la integridad sexual en perjuicio de dos jóvenes de la localidad del norte entrerriano. Este caso salió a la luz en abril de 2017 cuando una de las chicas los escrachó en Facebook. El 20 de febrero de este año el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, elevó la causa a juicio y ahora sólo resta que se fije fecha del debate oral y público.
Desde que se conocieron las denuncias contra integrantes de la organización, ninguna autoridad ha respondido consultas periodísticas o emitido algún comunicado al respecto. Eligieron el silencio.
En el caso de Santa Elena hubo un primero contacto en 2017, cuando un vocero desmintió que sea oficial un texto enviado a este periodista por un grupo autodenominado “Defensa en Redes Virtuales de la Organización Internacional de los Testigos de Jehová”. Tras ello, no hubo más respuestas a llamados o correos electrónicos.
Ante esta nueva denuncia y el intento de contacto de Entre Ríos Ahora, sólo se hizo llegar un correo electrónico por medio del cual prometen responder las consultas. De momento habrá que esperar.
Un desplazamiento llamativo
El apartamiento de la abogada Patricia González, que representaba a la organización en la reciente denuncia contra un integrante oriundo de María Grande, llamó la atención. Hay dos versiones: una oficial y otra extraoficial.
Fuentes de los Testigos de Jehová sostuvieron que el desplazamiento tendría que ver con la “exposición que tomó el caso”. Y se confirmó que la decisión le fue comunicada a la letrada por Christian Hernán Stinson, el apoderado legal de la Asociación los Testigos de Jehová a nivel nacional.
El mismo Stinson es quien eligió el hermetismo en la causa contra los dos Testigos denunciados por abuso en Santa Elena, departamento La Paz. Esa actitud quedó registrada en una nota enviada a la Fiscalía de La Paz–en respuesta a un oficio del fiscal Facundo Barbosa- fechada el 6 de septiembre de 2017, en la que se amparó en la ley 25.362, de Protección de Datos Personales, para no brindar información sobre Vargas y Panza, miembros de la organización e imputados.
La versión extraoficial dice que el verdadero motivo del desplazamiento de la abogada González tiene que ver con que no coincidía con la estrategia de las autoridades: llamarse a silencio en los casos de abusos sexual que están tramitando en la justicia.
La misma fuente proporcionó un dato que abona esta idea: la abogada intentó convencer a las autoridades de la Iglesia a que rompan el silencio en el caso de Belén, la joven que denunció en 2017 a los Testigos de Jehová de Santa Elena.
“Ella no comparte la idea de no colaborar con la justicia. Está totalmente en contra de estos casos de abuso, pero se ve limitada por este tipo de subordinación que ejerce la religión sobre sus practicantes”, relató una fuente que sigue de cerca las dos causas judiciales.
En paralelo, la causa contra González ya dio sus primeros pasos en los Tribunales de Paraná. Al hombre se le aplicó una restricción de contacto con la joven denunciante y se espera que la Fiscalía cite a autoridades de la Iglesia.
Testigos de Jehová de Santa Elena
Mientras las autoridades analizan cómo abordar la denuncia por abuso que pesa sobre uno de sus miembros de María Grande, se conoció que el abogado paceño Roberto Alsina se convirtió en el nuevo defensor de Vargas y Panza, los Testigos de Santa Elena que enfrentan graves acusaciones de abuso por parte de la Fiscalía y la abogada querellante Valeria Burckhard.
A Vargas se le atribuyen los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, abuso sexual simple reiterados, agravado por ser cometido por ministro de culto, más corrupción de menores; en tanto, a Panza se le endilga abuso sexual gravemente ultrajante agravado y corrupción de menores.
Según se supo, Vargas contrató los servicios del abogado Alsina y dejó sin efecto la designación de Roberto Juan Ignacio Martínez Zabala. En tanto, Panza también nombró al letrado paceño, pero, por ahora, no retiró la designación del defensor oriundo de Santa Elena.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.