La Provincia debió rediseñar el gasto previsto en el Presupuesto 2019 y destinar buena parte de los fondos del Ministerio de Salud a cubrir prestaciones que estaban a cargo de la Nación, pero que desde 2016 en adelante se han ido suprimiendo: el ajuste afecta de manera directa al sector de población más sensible, las personas con discapacidad o con tratamientos de alto costo, como dializados o trasplantados. El ajuste nacional llegó a un punto tal que se dejaron de pagar prestaciones como el transporte de personas con discapacidad a centros de atención o centros de día.

En los primeros tres meses del año -entre enero y marzo-, de las partidas aprobadas en la Ley de Presupuesto  para destinar a personas de escasos recursos con problemas de salud, $127 millones de pesos, ya se ocupó un total de $46.821.379. O sea, en un trimestre se ocupó el 38% de lo previsto para todo el año. El retiro intempestivo de la Nación -como la cobertura del pago del transporte para personas con discapacidad- obliga a la Provincia a salir en auxilio de lo que se deja de cubrir. «El año pasado, la Nación resolvió transferir a las provincias la cobertura y financiación del transporte. Fue una decisión intempestiva que molestó mucho a las instituciones que brindan prestaciones.  La Provincia tuvo que hacerse cargo. Y estamos tratando de resolverlo. Ya hemos pagado prestaciones de enero a abril», dice Andrea Nassivera, coordinadora de la Unidad de Gestión Provincial (UGP) del Programa Federal Incluir Salud.

La voz de alerta sobre la crítica situación que atraviesan las instituciones que eran asistidas por la Nación la dio la Obra de Don Uva, donde asisten actualmente a personas con discapacidad, enfermos mentales y ancianos: son 54 alumnos que a diario concurren a la escuela integral, 100 personas adultas con discapacidad intelectual que asisten al Centro de Día, alrededor de 15 personas que tienen residencia permanente en el Hogar San José, mientras que la residencia Sagrado Corazón alberga a mujeres ancianas. Carmen Patat, una de las religiosas de la orden Siervas de la Divina Providencia, alertó por un eventual cierre ante la falta de fondos.

“Hoy no podemos encender las calderas para climatizar la pileta porque no podemos afrontar los gastos del gas. Lo que para algunos puede ser un lujo, para una persona que está 24 horas del día en una silla de ruedas poder entrar en una pileta climatizada, recibir masajes y poder moverse libremente en ella es un cambio de calidad de vida”, explicó.“El problema económico es muy grande y estamos tratando de salvar las instituciones. Nos mantenemos y mantenemos las instituciones con los aportes de las obras sociales cuyo monto de prestación lo establece el Ministerio de Salud de la Nación en base a la Ley Nacional de Discapacidad”, explicó.

Pedro Comas, secretario general de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), gremio que representa a los empleados de Don Uva, no dudó en tildar de “irresponsable” a la religiosa por haber alertado de la posibilidad de cierre. Y cuestionó la falta de diálogo que existe desde la institución. Aunque admitió que las versiones de posibles despidos ya se escuchan.

Nassivera señala que la deuda que acumula la Nación con instituciones que dan asistencia a personas con discapacidad, pero también con institutos médicos que cubren transplantes, centros oncológicos y de diálisis, llega hoy a los $100 millones.

La funcionaria del Ministerio de Salud de Entre Ríos dijo, en declaraciones al programa Informales, de Radio Costa Paraná 88.1, que el retiro de la asistencia de la Nación ha producido un gran descalabro financiero en las instituciones, que entre otros pagos recibían recursos en forma directa del gobierno federal. “Hay 22 instituciones en la provincia que tenían convenios directamente con la Nación. Recibían los pagos sin intermediación de la Provincia. Eran recursos que venían de Nación para hacer frente a tratamientos de alto costo, oncológicos, discapacidad, enfermedades poco frecuentes. No hay un cálculo definitivo, pero estimamos que la deuda es del orden de los $100 millones”, señala.

“La realidad es que a partir de 2017, y con mayor gravedad a partir de 2018, los atrasos en los pagos de prestaciones con discapacidad han sido muy importantes, lo cual ha complicado financieramente a las instituciones. A eso se suma el hecho de que en 2018, y en forma unilateral, la Nación responsabilizó a las provincias de coberturas que estaban a cargo de la Nación. Un caso es el transporte. Si no hay transporte, no hay acceso a los centros de día, por ejemplo”, sostuvo.

“Nación se ha retirado no solo de las prestaciones directas, sino de la remisión de recursos a la provincia –plantea Nassivera-. No los transfieren. Eso obligó a la Provincia a asumir con sus propios recursos lo que no llega más. Esto ocurre en adultos mayores, tratamientos farmacológicos de alto costo, hormonas de crecimiento, sillas de rueda. Todo esto hoy es cubierto en un 70% con recursos provinciales, que tuvieron que salir de la galera, en función del retiro de la Nación”.

 

 

 

 

 

De la Redacción de  Entre Ríos Ahora.