El inicio del juicio oral a la monja carmelita Luisa Ester Toledo por privación de la libertad en perjuicio de dos religiosas en el convento de Nogoya, este martes 11, en Gualeguay, quedó supeditado al resultado de una evaluación sobre el estado de salud de la religiosa que ordenó el tribunal y que estará a cargo del médico forense Miguel Nadalín. El trámite se cumplirá este jueves en la sede de la congregación Hijas de San José, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Concretamente, deberá evaluar si la misma, de acuerdo a su estado de salud, se encuentra en condiciones de concurrir y participar de las audiencias de debate fijadas para los días 11, 12, 14, 18, 19, 25, 27 y 29 de junio de 2019 en este Tribunal de Juicio y Apelaciones de la ciudad de Gualeguay”, dice una disposición que firmaron hoy los jueces que enjuiciarán a la religiosa Darío Ernesto Crespo, Javier Cadenas y Alejandra Gómez.
“Caso contrario –agrega, deberá informar los requisitos que debiera reunir el lugar para llevarse a cabo las audiencias referidas y que permitan garantizar el estado de salud de la encausada”.
En principio, el juicio estaba previsto que arranque el martes 12 de marzo, pero los abogados de la religiosa, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, pidieron un aplazamiento en razón de un desmejoramiento en su estado de salud. Luego de una evaluación encargada al Departamento Médico Forense del Poder Judicial, y en función de la recomendación de reposo para Toledo, el tribunal dispuso que el juicio arranque el 11 de junio, y se extienda durante los días 12, 14, 18, 19, 25, 27 y 28 de junio en Gualeguay.
Ahora, el Tribunal recibió una nueva petición de los abogados Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli: que la religiosa sea sometida a una nueva evaluación médica.
El texto de la petición, a la que accedió Entre Ríos Ahora, dice: “Venimos por el presente a manifestar que conforme se nos informara desde el convento Hijas de San José de la ciudad de Buenos Aires, nuestra asistida presenta un cuadro extremadamente complejo de salud, sumada a su enfermedad crónica de base (cáncer), se le ha detectado diabetes y posiblemente deba ser intervenida quirúrgicamente en los próximos días. Solicitamos en consecuencia que tal como se hiciera en la anterior oportunidad, se encomiende la revisación clínica de nuestra pupila, dictaminando sobre la posibilidad y conveniencia de someter a Luisa Toledo al desgastante stress que implica todo juicio penal, atendiendo al agravamiento de su estado delicado de salud”.
Toledo fue denunciada por dos exreligiosas del convento de Nogoyá por privación de la libertad y aplicación de tormentos.
La causa penal que se abrió el 25 de agosto de 2o16, a partir de una denuncia que publicó la revista “Análisis”,contiene el testimonio de dos excarmelitas, que contaron ante el fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, los tormentos que soportaron en la clausura, y responsabilizaron de esos hechos a la priora, Luisa Toledo.
Toledo, que tomó los votos como religiosa carmelita con el nombre de Madre María Isabel, fue separada de la dirección del convento carmelita de Nogoyá el 15 de septiembre de 2016 por resolución adoptada por el juez de Garantías, Gustavo Acosta. Primero, se la alojó en Lucas González, una ciudad ubicada a 27 kilómetros de Nogoyá.
Allí, convivió con las monjas Terciarias Misioneras Franciscanas, que dirigen el Colegio Castro Barros San José, las mismas que denunciaron al cura Juan Diego Escobar Gaviria por abusos.
Pero allí Toledo estuvo poco tiempo. A mediados de diciembre del año último fue autorizada a radicarse en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.
En esa ciudad quedó alojada en el Monasterio Cristo Jesús y la Inmaculada Carmen, de las Monjas Descalzas de la Orden la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, una casa de religiosas que depende de la diócesis de San Roque de Presidencia Roque Saenz Peña.
Esa mudanza de la monja fue comunicada al juez Acosta, que controla su paradero, por los defensores, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, contratados por la curia para ejercer la defensa técnica.
Finalmente, la monja Toledo volvió a mudarse: se estableció en la localidad bonaerense de Los Toldos. Pero ahora volvió a mudarse: está con la congregación Hijas de San José, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Recién a principios de 2018 el Vaticano decidió designar reemplazante. La medida supuso la conformación de un nuevo equipo de superioras, y por esta vez ha echado a un lado las constituciones de la congregación que indican que las prioras se eligen por votación de la comunidad. En vez de eso, Roma decidió nombrar como priora a Itatí Miño, una misionera de 38 años, que desde hace dos décadas está en el convento de Nogoyá.
El carmelo de Nogoyá es un monasterio autónomo, gobernado por sus superioras, elegidas según las constituciones por las propias religiosas. Se trata de una casa religiosa de derecho pontificio, es decir, erigido por la Santa Sede de cuya potestad depende en lo que se refiere al régimen interno y a la disciplina, aunque se encomiende al obispo diocesano, Juan Alberto Puiggari, el actual, el cuidado de estos monasterios en algunos aspectos muy precisos, y siempre respetando la legítima autonomía del monasterio y aquello dispuesto en sus Constituciones.
El nombramiento de autoridades en el convento llegó después de más de un año de acefalía. Luisa Toledo fue apartada de su cargo de priora a mediados de septiembre de 2016.
El 8 de junio de 2017, Puiggari envió un informe a la Justicia en el que da razones de que por qué la monja Luisa Toledo fue sacada de su cargo de priora del Convento Carmelita de Nogoyá, y enviada muy lejos de allí, a una casa religiosa en el Chaco.
Puiggari, en realidad, no hizo más que reenviar un informe elaborado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, del Vaticano, con una advertencia: le dijo que la documentación enviada desde Roma “involucra temas que no tienen relación con la causa” y por eso mismo pidió “reserva de la información”.
El informe, fechado el 8 de noviembre de 2016, y firmado por el arzobispo José Rodríguez Caballo, explica que luego de una visita apostólica al Monasterio Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmelo de las Monjas Carmelitas Descalzas de Nogoyá, se resolvió apartar a la monja de su rol de priora, y enviarla a otro monasterio.
Roma, además, pidió a Puiggari hacer un seguimiento del monasterio tras los graves hechos ocurridos, en la que dos religiosas denunciaron graves tormentos y la privación de la libertad.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.