Con el testimonio del sacerdote entrerriano Mauricio Landra, decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica Argentina (UCA), pedido por la defensa, y los alegatos de clausura de las partes, se cerrará hoy en Gualeguay la etapa de audiencias orales del juicio que se sigue a la monja Luisa Ester Toledo, expriora del Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen de las carmelitas descalzas, de Nogoyá, acusada del delito de privación ilegítima de la libertad agravado.
Dos denuncias pesan sobre Toledo formuladas, en 2016, por ex carmelitas, S. A. y R.P., quienes abandonaron la congregación de la carmelitas descalzas con fuertes denuncias de tormentos y privación de la libertad ejercidos por la expriora. Aunque los pedidos de condena por parte de los fiscales Rodrigo Molina y Gamal Taleb se conocerán hoy, extraoficialmente se conoció que podrían estar entre los 6 y los 8 años para la religiosa.
El caso ganó la luz pública a mitad de 2016 cuando se conocieron las denuncias de dos religiosas, SGA y ARP, quienes revelaron malos tratos, abusos y aplicación de tormentos dentro de la comunidad de las carmelitas, conductas que reprocharon a la entonces priora Luisa Toledo, que fungía como Madre María Isabel. El caso llegó a la Justicia y tras concluir la etapa de instrucción, la Fiscalía de Nogoyá elevó la causa a juicio.
El martes 12 del actual, el juicio oral comenzó a desarrollarse en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay: Toledo sólo estuvo presente el primer día del juicio, ejerció su defensa y se apoyó en la letra de las constituciones de las carmelitas descalzas para sostener por qué actuó como actuó con las monjas del convento de Nogoyá.
La defensa sostiene la tesis de que no hubo delito y que sólo se aplicó la regla de la congregación. Esa postura piensan sostenerla con el testimonio de un experto en Derecho Canónico, el sacerdote entrerriano Mauricio Landra, decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El fiscal Taleb está conforme con los testimonios escuchados frente al tribunal, que conforman los jueces Darío Ernesto Crespo, Javier Cadenas y Alejandra Gómez.
Toledo, que tomó los votos como religiosa carmelita con el nombre de Madre María Isabel, fue separada de la dirección del convento carmelita de Nogoyá el 15 de septiembre de 2016 por resolución adoptada por el juez de Garantías, Gustavo Acosta.
Recién a principios de 2018 el Vaticano decidió designar reemplazante. La medida supuso la conformación de un nuevo equipo de superioras, y por esta vez ha echado a un lado las constituciones de la congregación que indican que las prioras se eligen por votación de la comunidad. En vez de eso, Roma decidió nombrar como priora a Itatí Miño, una misionera de 38 años, que desde hace dos décadas está en el convento de Nogoyá.
El carmelo de Nogoyá es un monasterio autónomo, gobernado por sus superioras, elegidas según las constituciones por las propias religiosas. Se trata de una casa religiosa de derecho pontificio, es decir, erigido por la Santa Sede de cuya potestad depende en lo que se refiere al régimen interno y a la disciplina, aunque se encomiende al obispo diocesano, Juan Alberto Puiggari, el actual, el cuidado de estos monasterios en algunos aspectos muy precisos, y siempre respetando la legítima autonomía del monasterio y aquello dispuesto en sus Constituciones.
El nombramiento de autoridades en el convento llegó después de más de un año de acefalía. Luisa Toledo fue apartada de su cargo de priora a mediados de septiembre de 2016.
El 8 de junio de 2017, Puiggari envió un informe a la Justicia en el que da razones de que por qué la monja Luisa Toledo fue sacada de su cargo de priora del Convento Carmelita de Nogoyá, y enviada muy lejos de allí, a una casa religiosa en el Chaco.Puiggari, en realidad, no hizo más que reenviar un informe elaborado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, del Vaticano, con una advertencia: le dijo que la documentación enviada desde Roma “involucra temas que no tienen relación con la causa” y por eso mismo pidió “reserva de la información”.
El informe, fechado el 8 de noviembre de 2016, y firmado por el arzobispo José Rodríguez Caballo, explica que luego de una visita apostólica al Monasterio Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmelo de las Monjas Carmelitas Descalzas de Nogoyá, se resolvió apartar a la monja de su rol de priora, y enviarla a otro monasterio.Roma, además, pidió a Puiggari hacer un seguimiento del monasterio tras los graves hechos ocurridos, en la que dos religiosas denunciaron graves tormentos y la privación de la libertad.
Foto: Gentileza Santiago García