Una audiencia de la causa por los supuestos contratos apócrifos de la Legislatura, prevista para este jueves, fue suspendida a pedido de Juan Domingo Orabona, titular del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) e imputado por supuesto fraude a la Administración Pública. Su pedido fue acompañado por los abogados de otros acusados y contó con la adhesión de los fiscales de la causa.

Este jueves por la mañana estaba previsto que se trate ante la vocal de Juicio y Apelaciones N° 1, María Carolina Castagno, una apelación presentada por los defensores de los imputados -32 en total- a la decisión que adoptó el 12 abril último la jueza de Garantías Marina Barbagelata de embargarles las cuentas en $3 mil millones.

La audiencia no se llevó a cabo puesto que la camarista Carolina Castagno hizo lugar al pedido de suspensión formulado por los abogados de Orabona, Leopldo Lambruschini y Julio Federik.

Según la resolución a la que tuvo acceso Entre Ríos Ahora, los abogados del funcionario imputado pidieron la suspensión de la audiencia con el fin de que todas las apelaciones, incluida la de ellos, sean discutidas en forma conjunta un mismo día. Y es que los planteos de todos son similares.

El pedido contó con la adhesión de los fiscales de la causa, Ignacio Aramberry y Patricia Yedro; y los abogados de otros imputados, como Emilio Fouces, defensor de Sergio Cardoso, Sandra Marozzini y Héctor Falco; Andrés Bacigaluppo, abogado de Renato Jesús Mansilla;  Ivan Vernengo y Damian Petenatti, defensores de Gabriela Vainstein y Alfredo Bilbao; y José Velázquez y Leonardo Schonfeld, defensores de Jorge Balladares y María Jazmín  Mena Gioveni.

La petición se fundó en que el 28 de junio último fueron notificados de la resolución dictada por la jueza de Garantías Barbagelata, mediante la cual resolvió los recursos de reposición con apelación interpuestos por los abogados Schonfeld, Velázquez, Lambruschini y Federik “la cual no se encuentra firme a la fecha y podría ser impugnada por la misma cuestión que lo ha sido la decisión de fecha 12.04.2019; de ahí, que estiman, razonable y coherente con el principio de economía procesal, que los agravios recursivos se traten en una única audiencia, teniendo en cuenta que el objeto de discusión es idéntico”.

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Castagno hizo lugar a la petición “pues de la lectura de la resolución dictada por la sra. Jueza de Garantías Nº 1 de esta capital, Dra. Marina Barbagelata, en fecha 26.06.2019, emerge claro, que en dicha oportunidad, amén de disponer la concesión de los medios impugnaticios articulados por los recurrentes contra la primigenia resolución puesta en crisis de fecha 12.04.2019, la magistrada revocó parcialmente por contrario imperio la misma, la cual a su vez quedó limitada por las modificaciones introducidas mediante resolución de fecha 10.05.2019, que evidencia que aún no se encuentra firme y podría ser objeto de impugnación por la misma cuestión que lo ha sido la decisión primera, conforme lo señalan las partes y lo confirman  los Dres. Lambruschini y Federik”.

De este modo, la audiencia se suspendió y ahora la OGA deberá fijar nueva fecha  “una vez que se encuentre firme la resolución que ha sido objeto de cuestionamiento, de fecha 12.04.2019, que fuera revocada parcialmente por contrario imperio, mediante resolución de fecha 26.06.2019, con las limitaciones establecidas por las modificaciones introducidas mediante resolución de fecha 10.05.2019, cuando así lo comunique la magistrada interviniente”.

Cabe recordar que en el tema de los embargos también intervino en mayo intervino el juez de Garantías Mauricio Mayer, que morigeró lo resuelto por Barbagelata al disponer oficiar a las entidades bancarias que se retenga sólo el 20% del sueldo de los imputados, tal como lo establece la ley.

Los fundamentos del embargo que dispuso originariamente Barbagelata recién se conocieron el 16 de mayo. Los defensores , en tanto, apelaron la resolución dictada el 12 de abril y una modificación emitida el 26 de ese mes.

Entre los embargados se encuentran Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri; Alejandro Almada, empleado del área contable de la Cámara de Diputados; Sergio Cardoso y Gustavo Pérez, director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados y exdirector de la misma área pero del Senado, respectivamente; los contadores del estudio Integral Asesoría, Pedro Opromolla, Guido Krapp, y Gustavo Falco; el contador Ariel Faure; más Flavia Beckman, María Victoria Álvarez, Esteban Scialocomo, Hugo Mena,  Alfredo Bilbao, Verónica Caíno, Jorge Balladares, Nicolás Beber, Renato Mansilla y María Jazmín Mena Gioveni, entre otros.

 

La investigación

 

Los fiscales Patricia Yedro, Ignacio Aramberry, y la Fiscal Anticorrucpión y Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, sostienen que al menos entre 2008 y 2018, Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial. La cifra sustraía, afirman, sería de alrededor de $2 mil millones.

Y que en esa organización, para los fiscales, en los escalones “superiores” se encontraban el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure.

“Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil $50.000 por vínculo”, agregan en la nueva apertura de la causa formulada el 6 de marzo de este año.

En tanto, señalan que en el ámbito de la Cámara de Diputados tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011 “con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.

En otro párrafo destacan que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

Se precisa que la detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, en los diferentes períodos: Juan Domingo Orabona, actual presidente del Instituto Provincial del Seguro (Iapser) fue Director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011; Jorge Fabián Lázzaro de 2011 a 2015; y Gustavo Hernán Pérez, fue jefe del área de contratos, Subdirector y Director del Servicio administrativo contable de la Honorable Cámara de Senadores, de 2015 a 2018; y Sergio Cardoso, que es Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, hoy en uso de licencia.

“La gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos ‘contratistas’, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena  y/o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación, y lo abonaban a través de la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de ‘Entre Ríos Servicios’, emplazada en el propio Estudio ‘Integral Asesoría’ de los tres primeros contadores mencionados”, agrega la acusación.

En la nueva descripción del hecho se menciona por primera vez al exgobernador Sergio Urribarri. Es cuando se afirma que Cardoso “actuando en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011, y siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió al menos a los Sres. Diputados (Juan Reynaldo) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón y (Daniel) Ruberto, la suscripción de al menos diez (10) contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto de que los ‘contratistas’, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.