El propietario de un campo arrendado a un imputado de la causa de los contratos truchos de la Legislatura reclama a la Justicia el pago de $364.817 en concepto de arriendos y gastos por el cuidado de hacienda ajena.

El reclamo fue presentado por Sebastián Mathe ante la jueza de Garantías Marina Barbagelata. Además, el arrendador pide que se ordene el retiro de las vacas que se encuentran ubicadas en terreno de su propiedad.

Los animales secuestrados por la Justicia pertenecen a Alfredo Bilbao, imputado en la causa de los contratos, y estaban en dos campos alquilados a Mathe: los potreros “El Cardoso” y “El Gringo”.

Bilbao es considerado por la Fiscalía como un agente externo a la estructura estatal en la organización que sustrajo dinero de la Legislatura a través de contratos apócrifos.

Su rol, según los acusadores públicos, era recibir el dinero que recaudaban los “tarjeteros”, es decir aquellos que cobraban contratos pero giraban una parte importante a la organización delictiva.

El imputado figura como propietario de varios inmueble, vehículos, inversiones ganaderas y cuentas en diferentes bancos. Junto a su pareja Julia Gabriela Vainstein posee propiedades en Paraná, Diamante y Villa Libertador San Martín. También aparece compartiendo inmuebles con Jorge Enrique De Breuil (empleado del Senado vinculado al senador nacional Pedro Guillermo Guastavino) y Gustavo Hernán Pérez, exDirector del Servicio Administrativo Contable del Senado provincial.

Embargos

El 12 de abril la jueza Barbagelata trabó embargos por $3 mil millones sobre varios imputados, incluido Bilbao y su cónyuge. Fue al hacer lugar la hipótesis de la Fiscalía de que una parte de los imputados, junto a sus parejas, desviaron los fondos de los contratos truchos en inversiones inmobiliarias y agrícola-ganaderas.

Tras esa resolución surgió el conflicto con el dueño del campo donde Bilbao tenía las vacas que, se presume, fueron adquiridas con dinero de los contratos legislativos.

El 26 de junio, en una presentación ante la jueza Barbagelata, el arrendador Sebastián Mathe hizo saber que la Brigada de Cuatrerismo de la Policía encontró 5 vacas y 2 terneros, los cuales fueron ubicados en otro potrero, llamado “Lazareto”, que no fue arrendado al imputado.

El campo donde ahora se encuentran los animales es de 35 hectáreas y el propietario reclamó a la Justicia el pago de un valor de arriendo equivalente al acordado con Bilbao. También pidió dinero por el gasto que le insumió el traslado de los animales, desparasitantes, alimentos, gasoil, y mano de obra.

En el escrito presentado a la magistrada, Mathe recordó que el 21 de febrero de este año informó que “los animales del Sr. Bilbao se encontrarían infectados con el  virus de la tristeza bovina que se trasmite por el vector de las  garrapatas. Dicha situación, que es un claro incumplimiento contractual (cfr. clausula quinta de  contrato principal), me generará un grave daño pues para limpiar el  campo debo vaciarlo de la totalidad de animales infectados (o que  hubieran tenido contacto con infectados con el virus de la tristeza  bovina) por unos meses para que las garrapatas o larvas que queden en  el campo se mueran al no poder chupar sangre bovina y cortar su ciclo  biológico”.

Para poner en condiciones el campo, el arrendador pidió a la justicia que retire la hacienda de Bilbao. “Consecuentemente, hasta tanto no se retire la ‘totalidad’ de los  animales del Sr. Bilbao (secuestrados por la fiscalía), no se va a poder iniciar el proceso de limpieza obligatorio para lograr la rehabilitación del establecimiento por SENASA y poder-previa resolución del contrato-arrendar el inmueble a terceros”, le explicó a la magistrada a través de su abogado Matías Pita.

Por ello, requirió que el administrador judicial dependiente de la Fiscalía, contador Héctor  Enrique, retire la totalidad de la hacienda secuestrada a Bilbao  “y/o realice la posible matanza de animales y su posterior destino, que pudiera haber en dichos potreros que no hayan sido localizados hasta la fecha”.

Además, pidió se “ordene el pago de los arriendos acordados con el Sr. Bilbao y el  correspondiente al potrero Lazareto dado al administrador judicial hasta que se efectúe el retiro y/o matanza de la ‘totalidad’ de la
hacienda secuestrada por fiscalía”.

Debido a que parte de la hacienda de Bilbao fue vendida y el dinero fue depositado en una cuenta judicial, Mathe propuso que se le transfiera la suma de $364.817. La suma incluye el arrendamiento y los gastos por cuidar la hacienda de uno de los imputados en la causa de los contratos truchos.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.