Este jueves 18, a las 9,30, el cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, ex secretario del bloque de senadores del oficialismo, Juan Pablo Aguilera, y su esposa, Luciana Belén Almada, deberán estar en el edificio de Tribunales. Ese día y a esa hora, está previsto la realización de una audiencia que será presidida por el camarista Gustavo Pimentel para resolver un planteo del Ministerio Público Fiscal en la causa que investiga las contrataciones publicitarias del urribarrismo y que irá a a juicio, en teoría, a partir del próximo 29 de julio.
Desde hace aproximadamente tres meses, Aguilera perdió su cargo de secretario del bloque del PJ en el Senado entrerriano, aunque sigue en planta permanente de la Legislatura con un sueldo de alto rango.En su lugar, fue nombrado como secretario de bloque Juan Manuel Vidal (de Concordia), en tanto que Matías Ramallo (San Salvador), ocupa el cargo de prosecretario.
La Fiscalía, que busca evitar el aplazamiento del inicio de las audiencias que se extenderán hasta el 27 de agosto y que sentarán por primera vez a Urribarri en el banquillo de los acusados, pretende que Aguilera y Almada designen nuevo abogado para que los represente ante la petición hecha por su actual representante legal, Marcos Rodríguez Allende, que por prescripción médica no puede estresarse y por tanto pidió que se ponga nueva fecha al juicio.
La novedad sobre las peticiones de los defensores fue revelada en la última edición de la revista Análisis, que indicó que los abogados defensores pidieron la postergación del inicio del juicio oral y público en la denominada “causa de la vaca”, por negocios incompatibles con la función pública, en la distribución irregular de publicidad entre 2010 y 2015. El último día hábil de la justicia, ingresaron las solicitudes de los abogados Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces, por temas de salud de cada uno de ellos. El primero defiende al cuñado de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera. Fouces se hizo cargo de la defensa del empresario uruguayense Hugo Fernando Montañana.
La Fiscalía pidió, entonces, que Aguilera y Almada nombren nuevo abogado -y por eso la audiencia de este jueves- y respecto de Fouces, el Tribunal de Juicio y Apelaciones resolvió que por cuanto se encuentra en proceso de evaluación por parte del médico forense Luis Molteni, y en razón de que no se ha tratado el cambio de abogado, se dispuso que continúen ejerciendo la defensa del empresario Montañana los letrados Felix Patricio Pérez y Sebastián Rodrigo Arrechea.
La causa «de la vaca»
Las audiencias de juicio en la causa “de la vaca” serán los días 29, 30 y 31 de julio; y 1°, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 26 y 27 de agosto de 2019, a partir de las 9. El curioso nombre con el que se hace referencia al caso se debe a que en la investigación la Fiscalía determinó que se falsificaban certificaciones de publicidad en la ruta, y en ellas siempre aparecía repetida una vaca.
En la causa, además de Urribarri y Báez, también están imputados Juan Pablo Aguilera- cuñado del exgobernador-, a quien la Fiscalía adjudica las empresas Tep SRL y Next SRL; y quienes aparecen como socios de esas firmas, Luciana Belén Almada –pareja de Aguilera-, su hermano Alejandro Luis José Almada –cuñado de Aguilera-, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Oscar Giacopuzzi; y la contadora de las firmas, contadora Corina Elizabeth Cargnel. Además, están acusados el empresario Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del ministerio de Cultura y Comunicación.
Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”. Para el Ministerio Público Fiscal, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
La imputación fiscal también dice que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.
El 24 de mayo de 2018, apareció el primer arrepentido de la causa: el publicista Jesús José Bustamante. El empresario admitió en un juicio abreviado haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.
La Fiscalía había pedido 7 años de prisión de cumplimiento efectivo para Bustamante, pero en el acuerdo abreviado, el empresario aceptó una pena de dos años y ocho meses de cumplimiento condicional.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.