Hace poco más de un mes, Paraná implementó la separación domiciliaria de residuos.
La experiencia, surgida a partir de un fallo judicial, todavía no ha sido evaluada oficialmente por el gobierno de la ciudad, pero de sólo recorrer las calles se observa que la respuesta de los vecinos es desigual.
Este martes por la tarde, un contenedor ubicado en calle Italia, casi esquina Urquiza, frente a la Escuela de Música Constancio Carminio, mostraba una escena sintomática: residuos volcados alrededor, con descuido, sin importar en nada la separación.
A raíz de una demanda del Foro Ecologista, el Juzgado Civil y Comercial Nº 8, a cargo de María Andrea Morales, dispuso en abril de 2014 la aplicación de multas a la Municipalidad local, tras comprobar el incumplimiento de la Comuna sobra la sentencia expedida en diciembre de 2013.
La orden judicial incumplida contemplaba la realización, por parte del Municipio, de un relevamiento, clasificación y diagnóstico de los minibasurales existentes en la ciudad de Paraná, adoptándose las medidas necesarias para su limpieza y erradicación. Otra exigencia consistía en la regularización del funcionamiento del 0800, línea telefónica gratuita dispuesta en una sentencia emitida en 2009 para que los vecinos pudieran denunciar la existencia de minibasurales y las quemas durante las 24 horas, todos los días. El punto siguiente radicaba en la puesta en marcha de “un plan de concientización ambiental e información sobre el protocolo de acción ante la formación de basurales y quemas de residuos y sobre el sistema de separación domiciliaria” de la basura, había informado Verseñassi, integrante del Foro.
Respecto del destino del Volcadero, también la justicia estableció entonces un plazo. Instó al Municipio a que en el transcurso de 18 meses proceda al “traslado y reubicación del lugar de disposición final de la fracción de rechazo de los residuos sólidos urbanos, a un predio fuera del ejido urbano de la ciudad cuyas características permitan su tratamiento mediante relleno sanitario y a la recomposición ambiental del predio de actual disposición, denominado Volcadero Municipal”.
Si los vecinos no cumplen, los gobiernos tampoco, y la situación viene de larga data.
Ahora, se hizo todo en respuesta a un mandato de la jueza Morales, que impuso la fecha del 1° de abril de modo imperativo.
El tiempo dirá qué resulta de todo eso hecho así.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.