Las dos causas judiciales que más apremian al exgobernador Sergio Urribarri van camino a aplazarse.

El próximo lunes 29 debía comenzar el juicio en la denominada «causa de la vaca», una investigación penal que busca establecer si durante el gobierno del actual presidente de la Cámara de Diputados se direccionaron contratos de publicidad hacia empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y si éste encabezó maniobras de cartelización mediante el pago de coimas.

Pero la apertura de ese debate quedó en dudas y no se descarta una postergación. Por estas horas se aguarda definición del Tribunal de Juicio y Apelaciones que integran  Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo y Gervasio Labriola que deberá resolver si el juicio se desarrolla finalmente a partir del lunes 29 y hasta el 27 de agosto o si se aplaza.

Los abogados Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces presentaron sendos certificados médicos aduciendo la imposibilidad de estar en las audiencias defendiendo a sus clientes. Por ello, solicitaron que se posterguen.

Causa de la vaca

En la causa, además de Urribarri y Báez, también están imputados Juan Pablo Aguilera- cuñado del exgobernador-, a quien la Fiscalía adjudica las empresas Tep SRL y Next SRL; y quienes aparecen como socios de esas firmas, Luciana Belén Almada –pareja de Aguilera-, su hermano Alejandro Luis José Almada –cuñado de Aguilera-, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Oscar Giacopuzzi; y la contadora de las firmas, contadora Corina Elizabeth Cargnel. Además, están acusados el empresario Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del ministerio de Cultura y Comunicación.

Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”. Para el Ministerio Público Fiscal, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

La causa es conocida en Tribunales con un nombre hilarante: “La causa de la vaca”. Y tiene que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.

Sueño Entrerriano

Este miércoles, a las 17,30, en tanto, se había programado una audiencia ante el juez de Garantías Ricardo Bonazzola, para resolver el pedido de elevación a juicio de la megacausa del Sueño Entrerriano. Pero el trámite quedó suspendido por un planteo similar al que se hizo en la «causa de la vaca»: la imposibilidad de asistir de los defensores Rodríguez Allende y Fouces por problemas de salud.

«Atento al estado de las presentes actuaciones, la presentación efectuada por el Dr. Emilio Fouces, defensor de los imputados Hugo José Marsó y Gerardo Daniel Caruso, requiriendo la suspensión de la audiencia de Remisión a Juicio, teniendo en cuenta que el mencionado profesional acompaña copia de sus estudios médicos en un total de 68 fs., los que acreditan el problema de salud que le impide comparecer actualmente, suspéndase la audiencia fijada para el día 24/07/2019 a las 17.30 horas», dice una disposición de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial a la que accedió Entre Ríos Ahora.

El Sueño Entrerriano es una megacausa que incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo eslogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora