El empresario publicitario Jesús “Cuchi” Bustamante es, hasta ahora, el único arrepentido en la causa conocida mediáticamente como “de la vaca”, en la que se investiga el direccionamiento de contrataciones de publicidad en vía pública y el pago de coimas en la última etapa del gobierno de Sergio Urribarri, entre 2010 y 2015.

La Justicia lo condenó en un juicio abreviado a la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional, el pago de una multa de $90 mil, en 6 cuotas de $15 mil, y la realización de tareas comunitarias durante dos años, un total de 96 horas por año.

Pero no fue todo. Ahora se conoció una novedad: el empresario le desembolsó al Estado entrerriano casi $5 millones de pesos por los daños causados a la Administración Pública. En rigor, la suma exacta fue de $4.800.000.

El dato lo reveló este miércoles el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, durante una entrevista con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1.

“En el juicio abreviado calculaban un perjuicio pero no había embargo ni nada. Entonces nosotros lo convocamos –a Bustamante- con la sentencia del abreviado y el imputado aceptó el perjuicio y pagó al Estado $4.800.000”, dijo Rodríguez Signes.

—¿Lo hizo con un convenio de pago?

—Lo pagó en un solo pago.

Juicio suspendido

El juicio de la “causa de la vaca” iba a comenzar el lunes 29 de julio pero fue suspendido oficialmente este jueves, como adelantó Entre Ríos Ahora. El aplazamiento se debió a la imposibilidad de asistir a las audiencias por parte del abogado Emilio Fouces, quien se recupera de una intervención quirúrgica.

El curioso nombre mediático de la causa se debe a que en la investigación se comprobó una burda falsificación de certificación callejera de publicidad: las empresas contratadas hacían un fotomontaje para certificar ante el Ministerio de Comunicación que realizaban la publicidad por la que fueron contratadas. La treta se descubrió porque en las fotos que presentaban siempre aparecía la misma vaca.

El debate oral y público aún no tiene nueva fecha, pero de todos modos más tarde o más temprano sentará en el banquillo de acusados al exmandatario y actual presidente de la Cámara de Diputados y otros imputados. El Tribunal de Juicio está compuesto por Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo y Gervasio Labriola.

El único que no llegará a esa instancia es el empresario Bustamante, quien accedió a un juicio abreviado a mediados de mayo de 2018, en el que admitió haber pagado coimas para participar del negocio del reparto de publicidad oficial callejera durante la administración de Urribarri como gobernador y de Pedro Báez como ministro de Cultura y Comunicación.

Los retornos o coimas se los pagó a empresas que el Ministerio Público Fiscal adjudica al actual secretario del bloque de senadores del peronismo, Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador.

Bustamante llegó a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía a través de su abogado Gastón Rosemberg, al aceptar su participación en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y fraude a la Administración Pública.

El 24 de mayo de 2018, el juez de Garantías convalidó el acuerdo del empresario con la Fiscalía, y lo condenó a una pena de prisión condicional de dos años y ocho meses, el pago de una multa de $90 mil, en 6 cuotas de $15 mil, y la realización de tareas comunitarias durante dos años, un total de 96 horas por año.

Ese acuerdo de condena fue a cambio del levantamiento del embargo que pesaban sobre sus bienes, medida que había dictado el 2 de febrero de 2018 el juez de Garantías José Eduardo Ruhl. De ese modo, el empresario zafó de llegar a un juicio con un pedido de pena mucho más duro: 7 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La Fiscalía estableció que entre 2010 y 2015 se contrató un monto de $24 millones por publicidad en la vía pública, que se distribuyó entre las empresas Tep SRL y Next SRl -ambas se adjudican a Aguilera- y las firmas de Jesús Bustamante, en Paraná, y de Hugo Montañana, en Concepción del Uruguay. La imputación fiscal que admitió Bustamante dice que la mitad de ese monto, es decir $12 millones, fueron certificados de forma trucha.

La maniobra

En la audiencia de juicio abreviado del 15 de mayo de 2018 –el acuerdo fue homologado el 24 e ese mes-, el fiscal Badano relató de modo pedagógico la conformación de una organización delictiva para la captación de forma exclusiva de la publicidad oficial en vía pública entre Tep y Next, de Aguilera, más Bustamante y Montañana, que ello sucedió así entre 2010 y 2015, y que para garantizar la permanencia en ese círculo cerrado era condición sine qua non el pago de sobornos.

Entonces, señaló que en ese período se perpetró una “maniobra irregular”, “sorteando la libre competencia”, y que el Estado pagaba contra la presentación de “ficticias constataciones” del trabajo realizado. O sea: se pagó por publicidad que jamás se hizo, y que se justificó su realización con, por ejemplo, fotos trucadas.

“Bustamente y Montañana participaron de ese mecanismo, siendo beneficiados en un porcentaje de la publicidad oficial, acordando previamente que, una vez cobrado el monto de la publicidad otorgada por el Estado, de ese total, un porcentaje era reembolsado a Aguilera, a través de la contadora Corina Cargnel, quien tenía a su cargo la gestión, seguimiento y control de los contratos, y la percepción de los retornos”, aseguró Badano en aquella audiencia.

En la investigación penal preparatoria, dijo el fiscal, quedó comprobado que Urribarri y Báez “sustrajeron fondos públicos mediante la contratación de publicidad que se direccionaba hacia Aguilera, Bustamante y Montañana. Esta maniobra se realizó por medio de una organización cuyo fin era beneficiar a Aguilera y a sus testaferros. Las empresas Tep SRL y Next SRL se atribuyen a Aguilera. Encontramos evidencia suficiente para sostener que son de Aguilera”.

“Montañana y Bustamente se comprometieron a retornar parte del dinero que ganaban al señor Aguilera. Para eso tuvo intervención directa Corina Cargnel, que es contadora de Aguilera. Cargnel era el nexo entre el Ministerio de Cultura y las distintas empresas”, aseveró además el representante del Ministerio Público Fiscal.

Las pericias contables llegaron a determinar que entre 2010 y 2015 la empresa de Bustamente recibió contrataciones de publicidad en vía pública del Gobierno por un monto superior a los $6 millones, pero de esa cifra total, $3,3 millones habría sido pagado en forma irregular. Aunque al aceptar su participación en los ilícitos, el empresario publicitario sólo debió hacer frente al pago de una multa de $90 mil, en cuotas de $15 mil.

A esa suma se le agregó el desembolso de casi $5 millones al Estado entrerriano, por el perjuicio causado a las arcas públicas. Lo pagó en una sola vez, sin cuotas de por medio.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.