En medio del serio conflicto del transporte público de pasajeros -este jueves se cumplirá el tercer día sin servicio en la ciudad, con la afectación de 110 mil usuarios que a diario se mueven en  colectivos-, el gobierno del intendente Sergio Varisco analiza como una alternativa posible disponer la caducidad de la concesión otorgada a Buses Paraná en julio de 2018, apenas un año atrás.

El argumento para adoptar esa medida extrema se asienta en los «serios incumplimientos», según dicen en el gobierno municipal, en que ha incurrido la concesionaria Buses Paraná. No sólo se trata del virtual lock out patronal -los choferes agrupados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) adjudican a las empresas Ersa Urbano y Mariano Moreno no cumplir con el pago de los salarios, el motivo del paro que se inició el martes-, sino además la eliminación en forma unilateral del servicio nocturno y, entre otros incumplimientos, el retiro de cinco unidades que fueron destinadas a otra jurisdicción (Corrientes).

«No hay otro camino que el de adoptar la caducidad, y sobre eso estamos trabajando», dijo hoy un secretario del gabinete de Varisco consultado por Entre Ríos Ahora. «Mi idea es rescindir el contrato», agregó.

El actual sistema de transporte operado por Buses Paraná arrancó el domingo 8 de julio de 2018, con 21 líneas, repartidas entre Ersa Urbano y Mariano Moreno, 6 cada una, más el servicio nocturno, que ahora desapareció. A eso, se agregó el servicio interubano entre Paraná, Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito y Sauce Montrull, a cargo de Ersa con las líneas 4, 6, 12, 15, 20 y 22.

«Todos los cambios implementados procuran tener una frecuencia de circulación de entre 12 y 15 minutos por unidad. El sistema cambia por completo porque no se va a controlar la frecuencia, sino que se va a verificar que por hora, por cada parada pasen 4 colectivos de las líneas», anunció entonces el gobierno de la ciudad.

Pero los problemas no tardaron en aparecer. El lunes 1° de abril último la UTA inició una huelga que dejó sin servicio a toda la ciudad y área metropolitana por una deuda salarial de las empresas. Antes, hubo una protesta de las empresas, que decidieron extender las frecuencias de 12 a 15 minutos a una espera de media hora. La medida empresaria se adoptó «ante la evidente distorsión del precio del servicio, por no establecer el municipio criterios de compensación alguno, los servicios podrían verse afectados, en la medida en que las actuales condiciones económicas y financieras del contrato así lo impongan”.

Las empresas apuraban así el aumento del boleto, entonces en $14,85, a partir de un pedido de actualización qu habían formulado en octubre de 2018, y que el Ejecutivo recién refrendó en abril, cuando dispuso un aumento por decreto del precio el boleto a $22,80.

La huelga volvió a afectar a los usuarios entre el jueves 11 y el mates 16 de julio por la falta de pago de salarios. El paro pudo levantarse luego de la intervención de la Secretaría de Trabajo, que dispuso receptar favorablemente el procedimiento preventivo de crisis que presentaron las empresas. Pero el duro ajuste planteado por Buses Paraná -con despido de personal- y achique de frecuencias fue rechazado por la Municipalidad de Paraná y por UTA así que finalmente Trabajo decidió no hacer al planteo de las empresas Ersa Urbano y Mariano Moreno.

La consecuencia fue, luego de esa tregua, la vuelta del paro de los choferes de colectivos, desde el martes 6 de este mes.

«Vamos por la caducidad de la concesión», responden desde la Municipalidad de Paraná ante la consulta sobre la salida al actual brete.

 

La ordenanza n° 9.462, sancionada el 12 de septiembre de 2016 por el Concejo Deliberante de Paraná, que aprobó el marco regulatorio del transporte urbano de pasajeros, fija en su artículo 32°: «Es obligación primordial del concesionario la de prestar el servicio en forma regular y continua. El concesionario que interrumpiera el servicio sin causa justificada se hará pasible de las penalidades y sanciones establecidas en la presente, en el Pliego de Concesión y normativa aplicable».

Una de esas penalidades es la caducidad de la concesión, que podrá ser resuelta por la Municipalidad, establece el artículo 88°, «ante el grave incumplimiento de las obligaciones esenciales del Concesionario, después de agotarse el procedimiento legal conminatorio establecido en la reglamentación». Entre las causales, cuando «los servicios se realicen en forma deficiente o incompleta de manera reiterada por causas imputables al Concesionario, y no se regularicen los mismos después de haber sido intimados formalmente». O cuando «se suspendan de manera reiterada los servicios sin causa justificada y/o con causas directamente imputables al Concesionario».

La actual concesión, que arrancó en julio de 2018, fue dispuesta por un plazo de ocho años, pudiendo ser prorrogado, dice el marco regulatorio, «por el término máximo de 4 años más». En caso de que se resuelva la caducidad, la actual concesionaria, Buses Paraná, deberán mantener la prestación por el plazo máximo de un año.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.