El intendente de Seguí, Cristian Treppo, solicitó formalmente este viernes ser sobreseído de una causa en la que está acusado del delito de peculado por el supuesto sobreprecio en la obra de pavimentación de 16 cuadras, que se ejecutó con fondos provenientes del plan nacional “Más Cerca”.

La obra tuvo un presupuesto de más de $20 millones, cifra que para la Fiscalía estaría inflada entre los $9,5 millones y los $13 millones.

La causa se inició en 2016 a raíz de la denuncia del bloque de concejales de Cambiemos de la localidad.

En una audiencia que se desarrolló este viernes ante el juez de Garantías Nº 3 de Paraná, Ricardo Bonazzolla, el abogado de Treppo, Germán Coronel, planteó que en la investigación penal no se acreditó el delito de peculado y afirmó que se violó la garantía del plazo razonable de una investigación, ya que la causa está abierta hace más de 2 años.

El letrado también pidió el sobreseimiento para sus otros defendidos: Carina Zapata, la ingeniera en construcciones que fue contratada por el Municipio para proyectar la obra; y el contador municipal Darío Alexis Monzón.

En tanto, los abogados Miguel Ángel Cullen y Néstor Pedroti peticionaron el sobreseimiento a favor de Aníbal Herenú, titular de la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA), a quien se adjudicó la obra; el ingeniero de la firma, Hernán Barrera; y Néstor Iván Szczech, vicepresidente segundo de la delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción.

Todos a su tiempo cuestionaron a la Fiscalía, que había solicitado la elevación de la causa a juicio pero que se retractó en diciembre de 2018 cuando las defensas, dijeron, produjeron pruebas desincriminantes.

“Ha sido muy duro para mi defendido porque la talla social, la persecución periodística y algunas declaraciones de funcionarios del Poder Judicial generó una estigmatización incompatible con el Estado de derecho”, dijo Coronel en su alocución y pidió al juez que en caso de que se haga lugar al sobreseimiento se aclare que el proceso “no afectó el honor” de sus clientes.

A su tiempo, el fiscal auxiliar Franco Bongiovanni se opuso al planteo defensivo y solicitó su rechazo, afirmando que no se violó la garantía del plazo razonable en la investigación y que la demora se debe a la complejidad de la causa ya que se necesitan informes de organismos nacionales, provinciales y municipales y del análisis de personal idóneo.

Al término de la audiencia, el juez de Garantías dispuso un cuarto intermedio para analizar los pedidos y señaló que notificará de su decisión en los próximos días, aunque no determinó fecha ya que la agenda de la Oficina de Gestión Audiencias se encuentra ocupada.

Coronel: “No existió delito”

El abogado Germán Coronel fue la voz principal en el pedido de sobreseimiento. En su alegato, afirmó que el proyecto de la obra vial pasó por todos los controles administrativos sin ningún cuestionamiento y que la causa se abrió por una “falsa denuncia” con fines políticos formulada por concejales opositores de Seguí.

“Respecto de mis defendidos se encuentra agotada la investigación y no existe prueba suficiente para incriminarlos, imputarlos y eventualmente condenarlos en este delito de peculado que se les ha endilgado en forma absolutamente injusta”, manifestó.

“Esta es una de las tantas causas motivadas en razones políticas. Fue realizada por dos concejales de la ciudad de Seguí. Se realiza en el marco de una ola de denuncias a los fines de judicializar la política”, planteó el letrado.

Luego ingresó a analizar algunos puntos de la causa. Indicó, por ejemplo, que la Dirección Jurídica del Ministerio de Infraestructura de la Nación evalúo el proyecto y dictaminó que era razonable el monto de la obra calculado en $20.624.000.

Refirió que la arquitecta Zapata fue contratada para hacer el proyecto de obra y que una vez terminado su factibilidad fue evaluada y aprobada a nivel nacional. Asimismo, indicó que “habiéndose aprobado el proyecto se notifica al municipio y envía un proyecto de convenio de colaboración y transferencia que se firmó el 15 de mayo de 2015”.

«La obra está terminada y está constatado por el perito oficial», dijo Coronel y agregó que “todos los pagos y certificados están en el expediente que se inicia en la municipalidad a los fines de esta contratación”.

El letrado detalló que fue una obra que se hizo a precio fijo, es decir, que no admitía ninguna actualización en el precio determinado por convenio. «Ha quedado demostrado que efectivamente se pagaron todos los centavos que la liquidación requería y los impuestos que tributaron esos montos», resaltó.

Más adelante, cuestionó que la Fiscalía impute el delito de peculado. «Este tipo penal no encaja en la conducta que han tenido mis defendidos”, sostuvo.

Por otro lado, calificó de incongruente y arbitraria la pericia oficial realizada por el ingeniero Beltran Uranga. Y recordó que la misma fue parcialmente impugnada por los defensores, ya que si bien cuestiona una pericia realizada por un perito aportado por los denunciantes, al dictaminar sobre el asunto consideró que sí hubo sobreprecio.

A su vez, recordó que el 4 de diciembre de 2018 la Fiscalía pidió dejar sin efecto la solicitud de elevación de la causa a juicio, y consideró que ello demuestra que la acusación no contaba ni cuenta con elementos para imputar.

“La retractación del pedido de elevación a juicio denota que no está terminada la causa. No se contaban con los elementos suficientes para sostener como probable la participación punible. Esto es un acto que ha beneficiado a mi defendido”, afirmó el letrado.

Al finalizar, dijo que “ha sido muy duro para mi defendido porque la talla social, la persecución periodística y algunas declaraciones de funcionarios del Poder Judicial generó una estigmatización incompatible con el Estado de derecho” y agregó que de hacerse lugar al pedido se disponga que en el proceso no se afectó el honor de los encausados.

A su tiempo, adhirieron a la exposición los abogados Miguel Ángel Cullen y Néstor Pedroti, que defienden a los empresarios de la construcción y consideraron que el sobreseimiento también debe alcanzar a sus defendidos.

La Fiscalía instó el rechazo

Al finaliza la audiencia, el fiscal Franco Bongiovani pidió que se rechace el pedido de sobreseimiento y respondió a algunas consideraciones vertidas por los defensores en cuanto al devenir de la causa.

En primer lugar, afirmó que no se violó el principio de plazo razonable para investigar y que las demoras son propias de una causa que definió como compleja dado que se necesita del aporte de información por parte de organismos nacionales, provinciales y municipales.

Sobre la retractación del pedido de elevación a juicio, el fiscal dijo que las razones obedecieron a la “necesidad de colectar documental imprescindible” de cara al eventual juicio. Y detalló que el 26 de junio se pidió información sobre remitos y facturas a empresas proveedoras de la firma OICSA, que fue la que ejecutó la obra cuestionada.

Asimismo, dijo que la acusación no sólo se apoya en la pericia del ingeniero Uranga. “Las evidencias que nos llevan a sostener la imputaciones han sido consignadas en nuestro escrito de remisión a juicio, el primero, y no sólo tiene que ver con la pericia sino también con la existencia en poder de los empresarios involucrados de cómputos métricos, cálculos de precio e inclusive los términos del pliego de condiciones en formato digital, al menos dos meses antes de que se los invitará formalmente al procedimiento público de contratación”, detalló.

“No están dados los presupuestos para dictar una medida de semejante trascendencia como pretenden los defensores. Entiendo que de proceder de esa forma, de obstruirse la posibilidad de un juicio público, se pudiera estar en incumplimiento del compromiso internacional asumido por el estado nacional, como por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada por el Estado argentino en junio de 2006”, concluyó.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.