Este lunes arranca la segunda semana sin servicio de colectivos en Paraná: 110 mil usuarios quedan a pie por un conflicto que es salarial, pero que de fondo desnuda una disputa mucho más profunda.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) dispuso una huelga hasta que las empresas cancelen el pago del aguinaldo -sólo han abonado un 20%- y se pague la escala salarial nueva, con el 20% de aumento, en los sueldos de julio. Buses Paraná, la concesionaria del servicio en la ciudad que agrupa a Ersa Urbano SA y Mariano Moreno SRL, arguye que no tiene fondos por retraso tarifario, deudas impagas de la Municipalidad pero además rechaza ese último acuerdo paritario con los choferes.

Marcelo Lischet, gerente de Mariano Moreno, dice que la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) no rubricó esa paritaria para el interior del país, y que por tanto no están obligados a pagar esa suba salarial.

La huelga de choferes de colectivos arrancó el martes 6 y continuó sin interrupción hasta ahora.

En medio, fueron infructuosas las gestiones iniciadas en procura de resolver el conflicto.

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, junto a sus pares de Oro Verde, José Luis Dumé, de San Benito, Exequiel Donda y de Colonia Avellaneda, Edgardo Dellizzotti, firmaron sendas notas que se presentaron ante el gobernador Gustavo Bordet y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. En esos escritos pidieron la intervención de Provincia y Nación con el auxilio de fondos para restablecer el servicio.

La Secretaría de Trabajo de la Provincia, al mando de Fernando Quinodoz, buscó meter una tregua endeble: abrió el proceso preventivo de crisis que presentaron las empresas agremiadas en Buses Paraná, y así logró que los choferes suspendieran las medidas de fuerza entre el lunes 22 de julio y el lunes 5 de agosto. Pero la impasse concluyó si nacuerdo: se rechazó el proceso preventivo de crisis, y los choferes volvieron a la huelga el martes 6.

El callejón sin salida tuvo dos novedades el último día hábil de la semana: el viernes, en medio de una nueva protesta de la UTA frente al Municipio, la administración del intendente Varisco decidió intimar a Buses Paraná a regularizar la deuda salarial con sus choferes y restablecer de inmediato el servicio, so pena de ir hacia la caducidad de la concesión.

El marco regulatorio dice que el Ejecutivo Municipal debe intimar a regularizar el servicio en un plazo de 15 días corridos. Si no ocurre esa normalización, entonces se puede decidir la caducidad de la concesión.

El Departamento Ejecutivo Municipal de Paraná a través del Decreto Nº 1648, intimó este viernes a Buses Paraná, la concesionaria del servicio de colectivos en la ciudad, a resolver el conflicto que dejó sin transporte público a la capital provincial desde el martes 6 de este mes. La administración del intendente Sergio Varisco emplazó a la agrupación que integran Ersa Urbano SA y Mariano Moreno SRL a resolver sus inconvenientes financieros, que le han impedido el pago de las deudas salariales con sus choferes, en un plazo de 15 días corridos, o pena de disponer la caducidad de la prestación, intimando a los empresarios a reanudar el servicio de forma inmediata.

Entre las fundamentaciones de la decisión municipal, entre otras se indica que:  la concesionaria no se encuentra prestando el servicio de transporte desde el día 6 de agosto, lo que dio motivo a diversas audiencias en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Entre Ríos, las cuales resultaron infructuosas no lográndose la renovación de la prestación del servicio, alegando la concesionaria que no se cumple con el servicio por no poder afrontar el pago de los haberes de los choferes y el medio aguinaldo.

Cruce

«Siempre hemos sostenido que este es un conflicto de las empresas con los choferes. Los choferes tienen derecho de cobrar el aumento de sueldo, y el sueldo anual complementario que las empresas se los adeuda», dijo Walter Rolandelli, secretario Legal y Técnico de la Municipalidad. «La empresa se niega a abonarles el sueldo, los choferes por su parte dicen que las empresas sí tienen el dinero para pagar. Mientras tanto, el usuario queda como rehén de este conflicto», asegura el funcionario.

El funcionario de Varisco afirma que están dadas las condiciones para ir hacia la caducidad de la concesión que se otorgó a Buses Paraná en 2018, y de paso reclama por la ausencia en el conflicto del Gobierno provincial y de los intendentes de la zona metropolitana.

«Ojalá que no lleguemos a la caducidad de la concesión,y que se solucione antes el conflicto», se esperanza Rolandelli. «Pero este es un proceso que no sabemos cómo termina. Nosotros ya dimos el primer paso hacia la caducidad, algo que nadie pensaba que íbamos a hacer. Estamos haciendo cumplir el marco regulatorio. Ahora, decimos que también el gobernador Bordet tiene que dar la cara, como la damos nosotros todos los días», afirma.

Marcelo Lischet, gerente de Mariano Moreno, sostiene que la intimación de la Municipalidad fue consecuencia de una primera acción que hicieron este último viernes las empresas: «El decreto que firmó Varisco es como consecuencia del reclamo de las empresas. Primero fuimos nosotros que notificamos al Municipio de los incumplimientos, y daría la sensación que ha molestado que reclamemos lo que creemos que estamos con derecho a reclamar. Este decreto es una consecuencia que esperábamos. Sabíamos que iba a tener repercusión», sostuvo Lischet.

Las empresas reclaman a la Municipalidad una deuda superior a los $200 millones. Hicieron labrar acta con escribano y estudio contable con un contador público, y lo presentaron a modo de intimación a la Municipalidad, para que también en un plazo de 15 días les respondan. «Pusimos en mora a la Municipalidad», asegura el titular de Mariano Moreno.

El empresario asegura que si el tema no se resuelve a nivel administrativo, irán a la Justicia. «Vamos a reclamar judicialmente algo que realmente no hemos cobrado y que nos sentimos con derecho, porque está muy clarito en el pliego de concesión cuáles serían las obligaciones nuestras y cuáles las del Estado», apunta.

El grueso de esa deuda, define, es consecuencia de la aprobación de la última tarifa, que entró en vigencia el 16 de abril, y que llevó el precio del boleto de $14,85 a $22,80. Ese monto, fijado por decreto del intendente Varisco, fue una decisión que contrarió lo resuelto por los técnicos en costos, que habían concluido que la tarifa debía rondar los $25, dice Lischet. «Unilateralmente, el intendente fija la tarifa en $22,80. Por supuesto, esto genera un perjuicio para las empresas, por eso nosotros accionamos para reclamar esto que no fue lo que está estipulado en los pliegos», completa.

«El primero que incumplió fue el Estado -plantea-, no nosotros».

La discusión se da a las puertas de otro aumento del boleto, que lleva la tarifa de $22,80 a $29, ya aprobada por decreto y que espera los cambios en SUBE nacional para implementarse. Aunque el incremento cobrará vigencia mientras el servicio de colectivos están en huelga en Paraná.

La última estrategia de la Municipalidad en procura de restablecer el servicio fuea nivel judicial, con la intención de que se ordenara reanudar la prestación el domingo de elecciones. Pero la medida autosatisfactiva que se presentó el sábado por la noche ante la Cámara Contencioso Administrativa no tuvo la celeridad que esperaba el Departamento Ejecutivo. No hubo decisión inmediata.

El conflicto sigue.

 

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.