Este lunes fue un día agitadísimo, con reuniones, llamados y mensajes de whatsapp, convocatorias, entrevistas y urgencias de última hora en procura de destrabar el prolongado conflicto en el sistema de transporte de pasajeros de Paraná que este martes cumple 8 días de parálisis a raíz de una medida de fuerza de los choferes, agremiados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que reclaman el pago de salarios.

Los choferes iniciaron la huelga el martes 6 con un pedido concreto: que las empresas Ersa Urbano y Mariano Moreno, concesionarias del servicio, paguen la escala salarial acordada en paritaria -haberes de julio con un 20% de aumento- y abonen el aguinaldo en su totalidad -sólo percibieron un 20%-, y hasta tanto las titulares de la concesión, agrupadas en Buses Paraná, no cumplan con esas exigencias, el paro se mantendrá. La medida de fuerza dejó a pie a los 110 mil usuarios que a diario utilizan el servicio de colectivos en Paraná, Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito y Sauce Montrull.

Este lunes por la tarde, Buses Paraná presentó un pedido formal a la Secretaría de Trabajo para que convoque a las partes -las empresas, la UTA y la Municipalidad de Paraná- y se analice la oferta de cancelación del aguinaldo con el consecuente levantamiento del paro. Después de hacer esa presentación, los empresarios concurrieron al edificio municipal y mantuvieron una reunión con el intendente Sergio Varisco, de la que participaron el concejal Carlos González y el secretario Legal y Técnico, Walter Rolandelli. En ese encuentro los integrantes de Buses Paraná adelantaron su estrategia: insistir con el pedido de apertura del procedimiento preventivo de crisis que la Secretaría de Trabajo rechazó el lunes 5 de agosto último.

Fernando Quinodoz, titular de Trabajo, aclaró que la idea de los empresarios es pedir la revocatoria de la medida que tomó el área a su cargo. «Veremos los fundamentos», se limitó a responder ante la consulta de Entre Ríos Ahora. También interviene en procura de destrabar el conflicto  Manuel Troncoso, diputado provincial electo por Cambiemos y director nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Producción y Trabajo, que realiza «gestiones de buenos oficios» como representante del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en su caso para apurar la tregua.

«Estamos tratando de que el paro se levante mañana. Estamos trabajando para eso», se esperanzaban desde el sector empresario. «Por lo pronto, mañana (por este martes) pagamos el aguinaldo», anunciaron.

 

Caducidad en tela de juicio

La marcha de las negociaciones impedirían que el conflicto desemboque en el peor final: la caducidad de la concesión.

Los choferes agremiados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) reclaman el pago de la última actualización salarial, un 20% de aumento sobre los salarios de julio, y la cancelación del aguinaldo -les adeudan el 80%- como condición sine qua non para volver a trabajar. Una última gestión que se llevó adelante este mediodía en la Secretaría de Trabajo naufragó por ese motivo: las empresas dicen no contar con los fondos como para hacer frente a esas deudas, y sin los salarios en sus cuentas, los trabajadores no se suben al colectivo.

Entrampado así el conflicto, la Municipalidad de Paraná -que habla de un conflicto gremial de las empresas- reafirmó que están corriendo los 15 días de plazo que impuso el último viernes a Buses Paraná para restablecer el servicio. Si ello no ocurre en ese tiempo, sobrevendrá la caducidad de la concesión.  “Desde el Municipio somos claros porque no les adeudamos nada a las empresas -dijo Walter Rolandelli, secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Paraná-. Estamos para colaborar, destrabar y solucionar. El intendente (Sergio Varisco) ha hecho todas las gestiones en Buenos Aires para conseguir paliativamente subsidios para colaborar  y estamos a la espera de ello”.

Y después habló del ultimatum:  “Tienen 15 días para resolverlo. Así que hay que esperar lo que ellos nos contestan y estamos en esta instancia. Lo único que pretende el Municipio es que las empresas cumplan con la concesión de manera urgente tal como lo establece la norma vigente y  que la gente tenga servicio de colectivos de manera inmediata por es inadmisible la situación”, expresó.

El viernes 9, firmó el decreto Nº 1648, a través del cual intimó a Buses Paraná, la concesionaria del servicio de colectivos en la ciudad, a resolver el conflicto que dejó sin transporte público a la capital provincial desde el martes 6 de este mes.

La intimación se da en el marco del contrato de concesión que la Municipalidad firmó con Buses Paraná el 2 de enero de 2018 para cumplir un servicio que está en situación de lock out patronal desde el martes 6 de este mes. La intimación que firmó Varisco, dirigida a Ersa urbano y Mariano Moreno, destaca que “además de no cumplir la concesionaria con la prestación del servicio en forma regular y continua, lo que por sí solo constituye una falta grave a las obligaciones asumidas  contractualmente (…), se encuentra incursa en otros incumplimientos o irregularidades, que conforme la normativa aplicable y el contrato referido, configuran causal de caducidad de la concesión otorgada”.

La Municipalidad entendió que Buses Paraná “ha incumplido obligaciones” previstas en el contrato de concesión por lo que considera viable “la caducidad de la concesión como sanción a la concesionaria” conforme el artículo 56 de la ordenanza N° 9.546, de 2017 y que aprobó el pliego de bases y condiciones para la concesión del servicio de colectivos.

La ordenanza n° 9.462, sancionada el 12 de septiembre de 2016 por el Concejo Deliberante de Paraná, que aprobó el marco regulatorio del transporte urbano de pasajeros, fija en su artículo 32°: “Es obligación primordial del concesionario la de prestar el servicio en forma regular y continua. El concesionario que interrumpiera el servicio sin causa justificada se hará pasible de las penalidades y sanciones establecidas en la presente, en el Pliego de Concesión y normativa aplicable”.

Una de esas penalidades es la caducidad de la concesión, que podrá ser resuelta por la Municipalidad, establece el artículo 88°, “ante el grave incumplimiento de las obligaciones esenciales del Concesionario, después de agotarse el procedimiento legal conminatorio establecido en la reglamentación”. Entre las causales, cuando “los servicios se realicen en forma deficiente o incompleta de manera reiterada por causas imputables al Concesionario, y no se regularicen los mismos después de haber sido intimados formalmente”. O cuando “se suspendan de manera reiterada los servicios sin causa justificada y/o con causas directamente imputables al Concesionario”.

La actual concesión, que arrancó en julio de 2018, fue dispuesta por un plazo de ocho años, pudiendo ser prorrogado, dice el marco regulatorio, “por el término máximo de 4 años más”. En caso de que se resuelva la caducidad, la actual concesionaria, Buses Paraná, deberán mantener la prestación por el plazo máximo de un año.

El concejal Enrique Ríos (Frente para la Victoria), plantea su duda. «Acá el problema es en qué términos legales se dan las causales para la caducidad. Y la duda es si el Estado municipal tiene un plan para garantizar el servicio. Yo no creo que sea así. . La ausencia total del Estado Municipal fue lo que generó el avance del concesionario sobre los derechos de los usuarios. Yo me pregunto: podrá este Estado Municipal garantizar la prestación por un año hasta que se convoque a una nueva concesión. Humildemente, creo que no», dice Ríos.

«Si no controlaron la concesión, ¿van a poder controlar ese año de obligación de prestar el servicio una vez que se disponga la caducidad a los actuales concesionarios. Este Estado Municipal no creo que lo pueda hacer», afirma. «Es un problema muy complejo, y no veo un Plan B de contingencia y tampoco capacidad de gestión en esta etapa de crisis», agrega.

El abogado Leonel Pannoni, crítico de la actual gestión municipal, halla razón para decretar la caducidad. «Entiendo que sí, que hay motivos para decretar la caducidad, en tanto la crisis que trató de justificar la empresa no fue ratificada por la Secretaría de Trabajo. Si hay mala administración de su parte es su culpa y si eso acarrea la interrupción del servicio, considero procedente la caducidad y también considero que la empresa está obligada a continuar hasta que se adjudique al nuevo concesionario», afirma.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.