El intendente electo de Santa Elena y exvicegobernador de Entre Ríos, Domingo Daniel Rossi, recusó al Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amilcar García, y al fiscal interino de La Paz, Santiago Alfieri, en la causa en la que está imputado por el supuesto sobreprecio en la pavimentación de 20 cuadras, obra realizada en su última gestión -2011/2015- con fondos del programa nacional ‘Más Cerca’.

En el expediente, el mandatario electo –que en diciembre asumirá su quinto mandato- está acusado del delito de peculado, y el fiscal pide que sea condenado a 5 años y 5 meses de cárcel. También están imputados otros exfuncionarios de su gobierno, como así también representantes de la firma L&C Construcciones S.A. En este legajo el fiscal ya solicitó la elevación a juicio, y resta que se realice la audiencia ante el juez de Garantías de La Paz.

El pedido de apartamiento fue formulado por su abogado, Carlos Guillermo Reggiardo, el 6 de agosto. Días después, el 9, la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, elaboró el dictamen en rechazo a la pretensión por no ajustarse a los requerimientos básicos que exige la normativa vigente. Sin embargo, el letrado insistirá con el apartamiento.

El artículo 35 de la ley del Ministerio Público Fiscal, Nº 10.407, establece que “los miembros del Ministerio Público Fiscal sólo podrán excusarse o ser recusados en los casos previstos en la legislación procesal vigente, siempre que exista una grave afectación del principio de objetividad. El apartamiento será resuelto por el Fiscal General de Coordinación o el Procurador General, según el caso”.

Al instar la recusación, Reggiardo sostuvo que en la causa había una “grave afectación al principio de objetividad”, ya que el jefe de fiscales integró el tribunal que en 2006 condenó a Rossi por el delito de enriquecimiento ilícito. Aquel tribunal que lo juzgó también tuvo entre sus integrantes a Raúl Herzovich (ya fallecido) y Silva Nazar.

Sin embargo, la Procuradora Adjunta rechazó la recusación: “La pretensión de apartamiento del Sr. Procurador es manifiestamente improcedente y ha de ser rechazada in limine, en tanto el Dr. Jorge Amilcar García, Procurador desde el año 2007, no ha tenido intervención alguna en el trámite de la causa que se invoca para su apartamiento. De la misma manera que no podría recusarse en este momento procesal a un vocal del STJER, tampoco respecto del Sr. Procurador existe ‘causal’ en la cual recusarle, ya que en ésta no ha tomado intervención alguna”.

En igual sentido dictaminó en el caso del fiscal Alfieri. “No sólo porque la  recusación pretendida es manifiestamente extemporánea, ya que el funcionario ha intervenido en la causa desde su inicio  en marzo de 2017 sin oposición de esa parte. Tampoco es procedente el apartamiento pretendido, ya que el mismo ha sido formulado sin invocación de causa”.

Al finalizar el dictamen, Goyeneche sostuvo: “El letrado confunde la regla valorativa del artículo 35 de la ley 10.407, que remite a los motivos del Código Procesal Penal de Entre Ríos (art. 38), estableciendo como estándar para la determinación de la concurrencia de los mismos, que ellos generen en el representante del Ministerio Público Fiscal, una ‘grave afectación al principio de objetividad’, con una causal autónoma que es inexistente. De la lectura de los fundamentos del recusante, surge que sólo funda su pretensión en la forma de designación del fiscal Alfieri, que de ningún modo es motivo para su apartamiento en los términos de las normas procesales aplicables”.

“El resto de las afirmaciones que realiza el recusante sobre la supuesta ausencia de objetividad en el fiscal,  son meras afirmaciones carentes de todo contenido explicativo”, completó.

Causa Rossi: Rechazan recus… by Entre Ríos Ahora on Scribd

 

Consultado al respecto en el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, el abogado Reggiardo anunció que insistirán con el pedido de apartamiento de García y el fiscal interino.

El letrado dijo que ahora presentará el mismo pedido ante el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo. Para ir por esa vía apeló a un antecedente: la recusación del fiscal José Arias, de Concordia, en una causa por el supuesto delito de peculado que se sigue al intendente Enrique Cresto (PJ). En este legajo, el apartamiento fue resuelto por el juez de Garantías Darío Mautone, y sostenido por la camarista concordiense María del Luján Giorgio.

“Estamos dispuestos a llegar hasta la máxima instancia que es el Superior Tribunal de Justicia y la Corte Suprema de la Nación, porque creemos que nos asiste el derecho y la verdad. Creemos que esta es una causa armada para disimular el verdadero robo en la provincia de Entre Ríos”, dijo Reggiardo.

El defensor del dirigente explicó que a su entender el Procurador perdió objetividad al cuestionar, en declaraciones periodísticas, que Rossi haya sido elegido nuevamente intendente. Además, considera que el fiscal de la causa no cuenta con la suficiente autonomía para definir el rumbo del caso.

“Luego de las elecciones (García) hizo unas declaraciones que para mí, además de  ser poco democráticas, denotan la forma de ser de García que es un personaje que tiene desprecio por ciertas normas de la democracia. Allí calificó de amorales a los ciudadanos de Santa Elena y rechazó la elección como intendente. Me parece que es un atrevimiento”, afirmó.

—¿Por qué a la recusación la hacen en esta etapa?

—Tengo la íntima convicción que Alfieri responde a las órdenes de García. Lo que pasa es que para hacer una recusación tengo que tener elementos de convicción que puedan probar aquello que yo suponía. Esa evidencia tiene que ver con las declaraciones de García después de las elecciones de junio. Se descubre en una nota en la que quiere justificar por qué se avanzó sólo en los personajes menores en el desfalco más importante de la historia de Entre Ríos (casa contratos de la Legislatura) y no en los verdaderos responsables políticos, y para desviar la atención le pega a Daniel Rossi. Él es un funcionario que ha sido puesto con el dedo, después de haber condenado a Rossi. Esa condena por enriquecimiento ilícito está siendo revisada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

—¿Cree que existe animadversión por parte del Procurador hacia Rossi?

—Esto creo que tiene que ver con que él viene desde esa condena que presidió el tribunal, y no soporta que Rossi haya seguido pelando y llevado esa condena ante la máxima instancia internacional que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No soporta que la ciudadanía le crea más a Rossi. Quiere esconder con Rossi el rotundo fracaso del Ministerio Público Fiscal que desde su creación han agarrado a tres o cuatro perejiles, pero los que se llevaron la grande en Entre Ríos ninguno han sido condenados. García podrá decirnos que los 2 mil millones de pesos de la Cámara de Diputados se lo llevaron entre (Hugo) Mena y cuatro perejiles, pero la realidad es que hubo presidentes del cuerpo, legisladores que firmaron las contrataciones, y un montón de gente que quedó afuera.

Más adelante, cuestionó al perito oficial Beltrán Uranga, en cuyo informe sostuvo que hubo un sobreprecio en la pavimentación de 20 cuadras. El profesional también realizó informes en las causas por los presuntos sobreprecios en asfaltado en Larroque y Seguí.

Al respecto, Reggiardo dijo: “La obra fue hecha que los costos que había en el mercado. Hubo una oferta que era más que conveniente. La empresa que oferta, que fue la de Szczech, hace una oferta tan conveniente que agrega en un anexo un 26% más de obra. Entonces, era tan conveniente que Rossi la pasó por el Concejo Deliberante. Es una obra que trajo muchísimo avance para un montón de ciudadanos que vivían en calles de tierra y se les pudo hacer más de 26 cuadras. Si hoy tienen algunos desperfectos es porque Silvio Moreyra le retiró los arcos de contención para el tránsito pesado y por no hacerle una sola tarea de mantenimiento”.

En esa línea, sostuvo que el perito Beltrán Uranga, que trabajó en los casos de Seguí, Santa Elena y Larroque, “va a tener que rendir cuentas una vez que finalicen esas tres causas porque es notorio que el mismo perito de obras contemporáneas, con las mismas calidad de materiales, tenga tres precios diferentes. Uranga le hace pericias a medida a los fiscales que lo requieren”.

—¿Rossi va a investigar a su concuñado Silvio Moreyra al asumir la gestión?

—Obviamente que tenemos preparado con un equipo de profesionales una auditoría de lo que pasa en Santa Elena. Creemos que, salvo homicidio, está todo el Código Penal. Tenemos un montón de cuestiones, como por ejemplo, 2.900 contratados para la elección, y la privatización del cobro de impuestos en la persona de su abogado personal Guillermo Mulet.

La causa

La causa se inició en 2016 por una denuncia formulada por el actual intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra –que también está siendo investigado por el fiscal Alfieri en una causa por supuestos sobreprecios en una obra-  que es concuñado de Rossi.

La presentación la realizó con la representación del abogado Guillermo Mulet, conocido por sus denuncias a la corrupción del ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri.

Según la primera acusación fiscal –ahora en proceso de reformulación-, durante la gestión Rossi, el municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de esas 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.

En su pedido de elevación a juicio, el fiscal Alfieri había adelantado que en la instancia de debate oral pediría una pena de prisión para Rossi: 5 años y 6 meses de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

Además de Rossi, el fiscal busca que sean llevados a juicio otras seis personas: el empresario Néstor Juan Szczech; al ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez; el ingeniero y apoderado, respectivamente, de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano; María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortíz (responsable técnico del Programa Más Cerca).

La elevación a juicio está pendiente

El fiscal había cerrado la investigación penal preparatoria a fines de 2018; y la audiencia para tratar el pedido de elevación a juicio se realizó luego de las elecciones primarias del 14 de abril.

El 29 de abril, el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, hizo lugar al planteo de los abogados defensores y no elevó el caso a debate oral, sino que mandó al fiscal a reformular la acusación. Para el trámite dio 20 días hábiles.

El 12 de junio, luego de las elecciones generales del 9, el fiscal pidió nuevamente la elevación de la causa a juicio. Aún resta que se realice la audiencia ante el juez para discutir si el caso se eleva o no a debate oral y público.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.