El Concejo Deliberante quiere declarar al servicio de transporte público de pasajeros como «esencial», al igual que ya lo son la producción y distribución de agua potable, la recolección de residuos, el mantenimiento de la red cloacal y la atención del Cementerio. La iniciativa ingresará para su tratamiento en la sesión de este jueves del cuerpo deliberativo.

El proyecto de ordenanza lo firman los concejales oficialistas María Marta Zuiani, Carlos González y Emanuel Gainza, y busca así dar un marco legal por ordenanza a un intento de declaración de los colectivos como «servicio esencial» que el Ejecutivo buscó establecer mediante un proyecto de declaración de la emergencia, que finalmente no prosperó.

La iniciativa se da en el marco de un histórico paro de los choferes de colectivos, que este jueves ingresa en su décimo día, y que dejó a pie  110 mil usuarios que cada día se mueven en el transporte público, no sólo en Paraná, sino también en las ciudades satélite, Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito y Sauce Montrull. Los trabajadores reclaman que las empresas Ersa Urbano SA y Mariano Moreno SRL paguen los salarios según la nueva escala aprobada en la última paritaria, con un 20% de incremento.

Pero las concesionarias del servicio, agrupadas en Buses Paraná, aducen falta de recursos y una situación de quebranto tal que les impide hacer frente a esos compromisos. Para salir del atolladero, piden un auxilio financiero a la Municipalidad, la Provincia o la Nación, ya que de otro modo, aseguran, se ven imposibilitados de restablecer el servicio. El reclamo de los choferes adquirió un nivel de gravedad tal que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) instaló este miércoles una carpa frente a la Municipalidad de Paraná.

El gobierno de la ciudad de momento sólo ha resuelto autorizar una suba del precio del boleto, de $22,80 a $29, que entró en vigencia en pleno paro de los choferes. Pero admite que no cuenta con los recursos como para destinar a subsidiar el transporte público. El escenario es angustiante para la ciudad: nadie ha tomado la decisión de encarrilar el conflicto y buscar una solución. Ni siquiera acarreó un alivio un último intento de la administración del intendente Sergio Varisco, que le sábado por la noche acudió con una medida autosatisfactiva -especie de amparo- a la Justicia para conseguir que un tribunal, la Cámara Contencioso Adminisrativo, obligara a Buses Paraná a restablecer el servicio.

En Tribunales Varisco consiguió un duro revés: la Cámara señaló que la responsabilidad correspondía a la Municipalidad y no a la Justicia.

Ahora, la vía es un proyecto de ordenanza para incluir a los colectivos como «servicio esencial», y así intentar limitar el derecho de huelga.

El 4 de junio de 2014 el Concejo dictó la Ordenanza N° 9.199 que declaró “servicios esenciales” la producción y distribución de agua, la recolección de residuos, el mantenimiento de la red cloacal y la prestación de servicios en el Cementerio. Ahora, la administración Varisco pretende que el transporte urbano de pasajeros también sea considerado servicio esencial.

En sus fundamentos, el texto que ahora ingresará para su tratamiento en le Concejo, «establece que cualquier medida que adopten las entidades gremiales que afecten a estos servicios esenciales, deben ser comunicadas “en
tiempo y forma a las autoridades correspondientes, de conformidad a la normativa vigente” y pone la obligación al Estado Municipal de garantizar plenamente los derechos gremiales de los trabajadores en las medidas de acción directa que adopten, en tanto –a su vez- la entidad gremial no impida u obstaculice el uso de los recursos municipales para la prestación de estos servicios conforme al diagrama de emergencia evaluado y coordinado.

Así, incluido como «servicio esencial», dice el proyecto,  «conllevaría la posibilidad de poder establecer en forma conjunta con el gremio, las empresas y la Municipalidad, los diagramas mínimos de cumplimiento para que la ciudadanía y todos los usuarios tengan asegurado en cualquier circunstancia un piso mínimo de servicios que, tal vez con los retrasos e inconvenientes del caso, permita tener un margen de previsibilidad para el desarrollo de sus actividades cotidianas, sin que implique un gasto excepcional e imprevisto para su movilidad o una frustración de sus derechos por la incapacidad de afrontar los gastos extraordinarios para una economía corriente, que exigen hoy en día la contratación de otro servicio de transporte alternativo».

Revés judicial

Claro que la pretensión de los concejales de plantear el transporte público de pasajeros como «esencial», como antes lo hicieron con la producción de agua potable, la atención del sistema cloacal, el Cementerio o la recolección de residuos, no está dentro de las facultades que tiene la ciudad. Así lo dejó establecido la Cámara Contencioso Administrativo al rechazar el planteo que formuló el sábado la Municipalidad de Paraná.

«Por último, pero no menos importante de destacar en este análisis conceptual aplicable al caso es la equivocada calificación del servicio público de transporte de pasajeros urbanos como ´esencial´, calidad que en el régimen jurídico impide el ejercicio pleno del derecho de huelga de los trabajadores que se desempeñen en dicho servicio, en tanto éstos deben asegurar lo que se denomina como ´guardias mínimas´ o que el núcleo del servicio no se vea interrumpido», dice el fallo que firmaron los jueces Hugo González Elías, Gisela Schumacher y Marcelo Baridón.

Y señalaron que la calificación de «servicio esencial» corresponde al Congreso de la Nación»en ejercicio de sus competencias delegadas por las Provincias» y «lo ha hecho con el dictado de normas que no incluyen al servicio prestado por Buses Paraná – Agrupación».

«En suma -señalaron los magistrados-, las facultades del Municipio para restablecer el servicio son innumerables, tiene todo el poder que le confiere el derecho a su disposición, por lo que no es posible que este Tribunal asuma a su pedido las potestades que le son propias. En todo caso, si el Municipio se excediera al realizar actos de poder para que vuelva a prestar el servicio del transporte público, sería la empresa o los usuarios los que debieran pedirle al Tribunal que limite ese ejercicio».

Y concluyeron: «Después de tantos días, se vuelve imperativo e ineludible, que las autoridades públicas concedentes del servicio público se ocupen en forma inmediata de usar las potentes facultades que la Constitución y las leyes le otorgan para restablecer el servicio. No es competencia de esta Cámara esa solución, es una potestad inherente a la existencia misma de un Municipio».

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.