El testimonio del cura Jorge José Lorenzo Bonin, párroco de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, se constituyó en un elemento clave en la investigación judicial que lleva adelante el fiscal Federico Uriburu en torno a la denuncia por aplicación de torturas y el ejercicio de la privación de la libertad en el convento carmelita de esa ciudad.
En la causa está imputada la priora, la madre María Isabel (Luisa Toledo, su nombre real) de quien la Justicia carece de todo tipo de datos filiatorios o identificatorios, como su número de DNI en virtud de la actitud tozuda y reticente de la religiosa. En el allanamiento que se produjo al Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de la orden de las carmelitas descalzas, Toleda puso todo tipo de trabas a la Justicia y a la Policía, según el fiscal.
Toledo debía someterse hoy a declaración indagatoria, pero sus abogados, los penalistas Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, pidieron un aplazamiento en virtud del estado de salud de la religiosa, una infección respiratoria. “El certificado médico que presentó es por cinco días, así que entre lunes o martes tendría que estar declarando. Su estado de salud fue corroborado por el médico forense”, puntualizó el fiscal.
La madre Isabel fue imputada por el fiscal por el delito de privación ilegítima de la libertad.

Lo que ocurre puertas adentro del convento carmelita de Nogoyá fue revelado en su última edición por la revista “Análisis”, que recogió el testimonio de dos exmonjas, quienes contaron sus padecimientos en el claustro monacal.
“Nunca se pueden mirar a un espejo porque es símbolo de `vanidad´ y si alguna de ellas intenta ver su reflejo en el vidrio de alguna ventana, habrá un inmediato castigo. Hubo veces que solamente se podían bañar una vez cada siete días. Todas las semanas, como práctica habitual, hay que autoflagelarse desnuda, pegándose en las nalgas con lo más parecido a un látigo, pero con varias puntas y durante 30 minutos. El escarmiento comprende también vivir a `pan y agua´ durante una semana; el uso del cilicio en las piernas, por varias jornadas, como sacrificio o bien la colocación de una mordaza en la boca, durante las 24 horas y por espacio de siete días. En cada visita de un familiar, siempre hay una monja `de testigo´ para escuchar lo que se habla y no se permite conversar de `cuestiones mundanas´”, publicó la revista.
Las dos exreligiosas ya brindaron su testimonio en la Justicia, un procedimiento que llevó varias horas.
También testimonió el párroco de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, quien confirmó la situación vivida por una de las excarmelitas que, luego de haberse escapado del convento, corrió a buscar ayuda ante Bonin. El cura se puso en contacto con el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, y coordinaron entre ambos el viaje de la exmonja a su casa.
La exreligiosa detalló en la Justicia cómo hizo para poder salir del convento, estudió los movimientos, averiguó el destino de las llaves y decidió irse el lunes 28 de marzo. Lo hizo con ayuda del jardinero, que accedió a abrirle una de las puertas.
“Escapa al patio primero, y después se va a la calle con ayuda del jardinero. Al jardinero le pide si le puede destrabar la puerta. Y el jardinero accedió. De ahí, llega a la Basílica y pide ayuda a Bonin. En Tribunales, Bonin confirmó esa situación. Y las llamadas que hizo a Puiggari y el modo cómo se le facilitó que pudiera viajar con su familia. Bonin describe a la madre superiora como una persona con dificultad para el diálogo, y que en ese momento fue difícil tratar con ella. Dijo que es una persona que siempre quiere tener la razón en todo, y que si las cosas no se hacen de la forma que ella piensa, no se hacen”, explicó el fiscal Uriburu.
El carácter autoritario de la priora habría quedado revelado al enterarse de la “huida” de una carmelita: en ese momento se comunicó con ella y amenazó con hacerla buscar con la policía.

El fiscal rebatió las aseveraciones hechas por el arzobispo Puiggari.
El jefe de la Iglesia de Paraná reprochó el modo “escandaloso” como se hizo el allanamiento al convento carmelita de Nogoyá.
“Nunca quise cuestionar a la Justicia –dijo Puiggari, durante una rueda de prensa, el viernes 26 de agosto–. Pero me llama la atención que sale un artículo, y automáticamente de oficio, casi simultáneamente, se decide el allanamiento de una manera espectacular, con 50 policías, rompiendo puertas, con casco, armas. Nogoyá estaba convulsionada. La ley dice que el fiscal debe actuar con la mínima fuerza necesaria. ¿Era necesario tanto despliegue? Yo no he visto algo así en Paraná”.
El fiscal refutó esos dichos.
Y por eso lo primero que hizo fue recibir el testimonio de todos quienes participaron del allanamiento, policías, funcionarios judiciales y testigos presenciales. “Todo eso desvirtúa los dichos del arzobispo, que dijo que actuamos con 50 policías armados. No es cierto. El procedimiento fue proporcional al a circunstancia –sostuvo Uriburu–. No hubo 50 policías armados. Hubo diez policías y dos fiscales. No dice la verdad Puiggari. No fue así”.
En ese marco, el fiscal Uriburu está evaluando la conveniencia o no de citar como testigo al arzobispo de Paraná. Aunque no descarta desechar su testimonio en función de la actitud poco colaborativa y de crítica que ha manifestado en los últimos días.

Fuente: El Diario.