A mediados de julio último, la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, debió intervenir de forma directa y envió una carta documento a la Agencia Nacional de Discapacidad y reclamó por la falta de entrega de medicación a personas con discapacidad de la provincia que están con cobertura del gobierno federal y que soportan desde hace meses la entrega fraccionada, o directamente la desatención.

La Agencia Nacional de Discapacidad paga la cobertura, a través del Programa Federal Incluir Salud, a todas aquellas personas con discapacidad que no tienen cobertura de una obra social. Pero desde febrero de este año, ninguna de las instituciones que brindan prestaciones, algunas ligadas a la Iglesia Católica, como el Hogar Don Uva, no reciben los pagos desde Nación y eso les produce un severo desfinanciamiento, y en algunos casos, imposibilidad de hacer frente al pago de sus empleados y profesionales.

El Foro Entrerriano de Discapacidad, que conformaron el Hogar Don Uva, la Asociación Cooperadora San Francisco de Asis y la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescenes Aminorados (Apana) comenzó a ampliar su radio de acción y hoy agrupa a instituciones de distintos puntos de la provincia que tienen una problemática común: la falta de recursos para seguir subsistiendo.

Miriam Berón, vicepresidente de Apana, dijo, en diálogo con el programa Informales de Radio Costa Paraná 88.1, que «el atraso en los pagos por parte de la Nación ha generado un déficit, un problema económico financiero. Se hace difícil afrontar gastos corrientes. Nosotros hemos facturado las prestaciones y no cobramos desde hace seis meses. Y con esta situación cambiaria que tenemos, se nos hace mucho más difícil todo para pagar los gastos corrientes de la institución».

-¿Cómo se generó esa deuda de la Nación con Apana?

-No solo Apana: todas las instituciones de atención de la provincia tienen personas concurrentes que están en el Programa Incluir. Se trata de personas de bajos recursos que no tienen obra social como para poder pagar la prestación. Estas personas sólo pueden atenderse si tienen este programa del Estado. A estas personas que asisten a las distintas instituciones se les brinda atención, transporte, alimento. Algunos, incluso, provienen de familias con muchas carencias, y la alimentación que reciben en la institución es la única que tienen a lo largo del día. El Estado nacional nos venía pagando por la atención que nosotros brindamos a estas personas. Pero ahora el atraso es de seis meses.

El jueves el Foro Entrerriano de Discapacidad convocó a los legisladores nacionales por Entre Ríos para ponerlos al corriente de la situación, «y para que sean nuestra voz y nos hagamos escuchar en la Nación», según Berón.

-¿Peligra la continuidad de estas instituciones a raíz de estas deudas?

-Sí, peligra. Estamos en serio riesgo. A algunas instituciones con mayores gastos, mayores prestaciones y más personal, se les hace más complicado todavía mantenerse. Es una situación muy grave. Pero aún así, ninguna institución ha dejado de atender a las personas que están dentro del programa Incluir Salud. Nosotros entendemos el derecho a la atención. Al margen de eso, nosotros denunciamos estas políticas nacionales en las que la persona con discapacidad se consideran un gasto. Las instituciones no lo creen así, y sostienen todavía la atención. Pero ya se está tornando muy difícil.

Andrea Nassivera, coordinadora del Programa Incluir Salud en Entre Ríos, dijo que la Provincia se ha hecho cargo del transporte para que las personas con discapacidad no interrumpan la atención. «La relación  es entre las instituciones y la Nación. Y no les pagan desde febrero. La Provincia se responsabilizó del transporte, lo cual se encuentra regularizado. Hemos pagado junio y están en trámite los pagos de julio. Prácticamente al día. La Provincia cubre el resto de las presentaciones de discapacidad que no tienen convenio con Nación. Y estamos acompañando los reclamos que hacen las distintas instituciones», contó la funcionaria provincial.

 

El quiebre

 

En discapacidad, el retiro de los compromisos de Nación no sólo lo soportan los pacientes que tienen convenios directos con Nación sino también organizaciones no gubernamentales (ONG) como el Hogar Don Uva, que alertó sobre el riesgo de cierre ante la escasez de fondos.

El año 2018 marcó un serio deterioro en la atención de la población con discapacidad por parte de la Nación, que retrajo asistencia, suprimió programas y dejó a la deriva a instituciones y personas que venían asistidos por distintos tipos de cobertura.

En agosto del año último 19 instituciones de toda la provincia que atienden a 520 beneficiarios con distintas discapacidades plantearon al Ministerio de Salud de Entre Ríos la seria situación por la que atravesaban. Lejos de solucionarse, el conflicto se fue agravando.

En 2019, la Provincia debió rediseñar el gasto previsto en el Presupuesto y destinar buena parte de los fondos del Ministerio de Salud a cubrir prestaciones que estaban a cargo de la Nación, pero que desde 2016 en adelante se han ido suprimiendo: el ajuste afecta de manera directa al sector de población más sensible, las personas con discapacidad o con tratamientos de alto costo, como dializados o trasplantados.

En los primeros tres meses del año -entre enero y marzo-, de las partidas aprobadas en la Ley de Presupuesto  para destinar a personas de escasos recursos con problemas de salud, $127 millones de pesos, ya se ocupó un total de $46.821.379. O sea, en un trimestre se ocupó el 38% de lo previsto para todo el año. El retiro intempestivo de la Nación -como la cobertura del pago del transporte para personas con discapacidad- obliga a la Provincia a salir en auxilio de lo que se deja de cubrir. 000

La voz de alerta sobre la crítica situación que atraviesan las instituciones que eran asistidas por la Nación la dio la Obra de Don Uva, donde asisten actualmente a personas con discapacidad, enfermos mentales y ancianos: son 54 alumnos que a diario concurren a la escuela integral, 100 personas adultas con discapacidad intelectual que asisten al Centro de Día, alrededor de 15 personas que tienen residencia permanente en el Hogar San José, mientras que la residencia Sagrado Corazón alberga a mujeres ancianas. Carmen Patat, una de las religiosas de la orden Siervas de la Divina Providencia, alertó por un eventual cierre ante la falta de fondos.

Desde el Ministerio de Salud señalan que la deuda que acumula la Nación con instituciones que dan asistencia a personas con discapacidad, pero también con institutos médicos que cubren transplantes, centros oncológicos y de diálisis, llega hoy a los $100 millones.

El programa Incluir Salud salió de la órbita del Consejo Nacional de Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis), organismo que fue suprimido, y se lo trasladó bajo jurisdicción de la Agencia Nacional de Discapacidad. No se trató de una mera decisión administrativa en el Gobierno nacional: también implicó un severo atraso en el giro de fondos para el pago de prestaciones de personas con discapacidad sin obertura social.

Como la situación ha ido agravándose, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, decidió intervenir y envió una carta documento a las autoridades nacionales de Salud para pedir que se cumpla con la asistencia de pacientes que han quedado a la deriva. Se trata de pacientes que aguardan medicación de alto costo que financia la Nación, pero que no llega a la provincia. “Los funcionarios nacionales aducen tema de Aduanas, que la medicación no ingresa, o que llamaron a licitacíon y se declaró desierta. Pacientes concretos conveniados.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.