El abogado Miguel Cullen, que ejerce la defensa técnica del intendente Sergio Varisco y de la concejal Claudia Acevedo en la investigación penal abierta en abril último a raíz de una denuncia de la distribuidora Energía Entre Ríos SA (Enersa) por una conexión clandestina en la vivienda que habitan ambos en calle Echagüe, presentó una apelación a la decisión del juez José Eduardo Ruhl, que el jueves último rechazó habilitar la vía de la mediación penal para evitar el juicio.
Ruhl rechazó el pedido de Cullen para que el asunto se resuelva a través de una mediación penal con la Empresa de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa). El letrado había avalado su petición con un informe de Rodrigo Juárez, titular de la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial, en el que señala que la mediación debe ser el camino para causas de escasa significación y para evitar el gasto en política criminal.
La decisión de Ruhl de rechazar la vía de la mediación penal y pedir a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) que fije fecha para el debate del pedido de elevación a juicio de la causa fue apelada este martes por la defensa de Varisco y de Acevedo. «La apelación se presentó porque entiendo que con esta decisión de la Justicia se está privando a Varisco y a Acevedo de un trato igualitario ante la ley. El juez y la fiscal reconocieron que casi la totalidad de estas causas originadas por denuncia de Enersa por conexiones irregulares se resuelven en la mediación. Si ya se eliminó el conflicto, si ya Varisco y Acevedo pagaron la deuda que determinó Enersa, sostenemos que deber aplicarse el mismo criterio que se aplica a cualquier ciudadano. De otro modo, estamos generando una situación de desigualdad netamente discriminatoria», dijo Cullen en declaraciones que formuló al programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1.
Cullen recordó que en la audiencia del jueves 22 del actual la Fiscalía rehusó ir al camino de la mediación por cuanto entendió que existía un deber ético que amerita llevar a juicio a Varisco y a Acevedo por la función pública que ocupan. «Discrepamos con eso -aseveró el letrado-. No se trata de un delito en ejercicio de la función pública. Se trata de una causa absolutamente menor que no tiene ningún impedimento para poder resolverla por la vía de la mediación penal. Esto debió llevarse a mediación y no poner en funcionamiento toda la maquinaria judicial. A nuestro entender, la decisión de llevar esta causa a juicio implica un quebrantamiento de la Constitución porque no hay trato igualitario».
Por eso, destacó, decidió apelar lo resuelto por el juez Ruhl. «Si rechazan esa apelación, iremos en queja», adelantó.
Cullen destacó dos elementos: que todas las denuncias que efectúa Enersa por robo de energía se realizan con la certeza de que ninguna llega a juicio sino que se resuelven ne una instancia de mediación penal. Y recordó que en abril se presentó un pedido de mediación penal, luego de haberse resuelto el conflicto con el pago de la deuda que estableció la distribuidora de energía. Pero ante ese pedido, «no tuvo ningún tipo de respuesta desde la Fiscalía. Y la respuesta fue el pedido de elevación a juicio. Ante eso- indició- pedí la suspensión de los plazos».
Tras el hallazgo de una conexión clandestina, el abogado de la empresa de energía, Francisco Javier Toyé, radicó una denuncia penal.