Cinco meses después de haber dispuesto un multimillonario embargo sobre los bienes de los imputados en la causa de los contratos truchos en la Legislatura, la Justicia cayó en la cuenta que la medida se había dispuesto en forma errónea, sin un estudio pericial de base. Así, dispuso abaratar esos embargos: de los $3.000 millones ordenados el 12 de abril por la jueza de Garantías Marina Barbagelata, este viernes la camarista María Carolina Castagno resolvió que sean por la suma de $190 mil.

La medida alcanza a Juan Pablo Aguilera -cuñado del exgobernador Sergio Urribarri-; el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado y su esposa, Verónica Caíno; el titular del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona; Alfredo Bilbao; Jorge De Breuil; Sergio Cardoso, exdirector del Servicio Adminstrativo Contable de Diputados; Guido Krapp; Pedro Oppromola; Héctor Falco; Flavia Beckman; Hugo Mena; Roberto Faure; María Victoria Alvarez; Esteban Scialocomo; Jorge Balladares; Viviana Mena Giovenni; Jazmín Mena Giovenni; Nicolás Beber; y Reinaldo Mansilla.

De ese modo, la jueza Castagno hizo parcialmente lugar a los recursos de apelación presentados por las defensas de los imputados, aunque si bien bajó sustancialmente el monto de los embargos,  mantuvo la medida de inhibición general de bienes.

La magistrada hizo notar que la Fiscalía, al pedir los embargos por $3.000 millones -$2.000 millones como perjuicio al Estado por la operatoria de los contratos truchos, más $1.000 millones por intereses- se basó en un mero informe realizado por un contador de la Procuración, Héctor Enrique, quien “determinó en forma provisoria el monto del dinero sustraído en el período investigado, es decir del 1° de enero de 2008  al 31 de diciembre de 2018, arrojando una suma de $ 2.244 millones”.

“Entiendo que este informe, provisorio, que arroja la cifra del dinero sustraído, lo que hace es aproximar el perjuicio económico causado al erario público. Mas este informe no brinda ningún detalle sobre los bines de las personas cuyo aseguramiento pretende la Fiscalía, y no está establecido si esos bienes provienen del delito. Pese a contar con toda la documental para hacerlo al menos en grado probabilidad, no se ha realizado”, observó Castagno, y de ese modo modificó la medida dispuesta por Barbagelata en abril último.

“Cobran sentido las críticas de los apelantes, cuando denuncian que se han inhibido bienes adquiridos fuera del período imputado”, detalló.  “El embargo se dispone para garantizar el eventual decomiso de los bienes producto el delito. De momento, no se ha determinado cuáles son los bienes que han sido producto del ilícito, lo que impide mantener inmovilizados todos los bienes de todos los imputados”, agregó.

De ese modo, dejó sin efecto el embargo de $3.000 millones, y sólo dejó en pie la multa a aplicarse a los implicados en la causa de los contratos de ser hallados culpables, $90 mil, más $100 mil por el pago de costas, lo que arroja una cifra final de $190 mil.

 

 

Cruce de argumentos

La definición de la jueza Castagno se dio luego de sucesivos aplazamientos de la audiencia para escuchar los planteos de los defensores.

Finalmente, la audencia se concretó el lunes 2 de septiembre.

Ese trámite se había programado para el 4 de julio último. Luego, se aplazó para el 25 de julio. Después para el 1° de agosto. Pero no ocurrió nada en ninguna de esas fechas. Más tarde, se fijó la audiencia para este 2 de septiembre.

La audiencia de apelación por el embargo por $3.000 millones dispuesto sobre los imputados en la causa de los contratos truchos en la Legislatura, y que según la Procuración habría provocado un desfalco al Estado del orden de los $2.000 millones, concluyó este viernes, luego de un cuarto intermedio, con la decisión de bajar aquel monto de $3.000 millones a solo $190 mil.

El 12 de abril, la jueza de Garantías Marina Barbagelata decretó “el embargo preventivo de los fondos que hubiera o que ingresaran posteriormente en las cuentas que más adelante se individualizarán por la suma de $ 2.000 millones con más la suma de $1.000 millones en concepto de intereses a la fecha en que se decrete la medida, multas prevista en el Código Penal, y costas del proceso”. La medida alcanzó no sólo a los imputados, sino también a sus cónyuges.

Esa decisión fue apelada por los defensores de los imputados, aunque la resolución a ese planteo ha venido siendo demorado,  así también se ha postergado la anunciada remisión a juicio de la causa, que en principio iba a ocurrido entre marzo y abril de este año.

De ese modo, la eventual remisión a juicio oral de la causa viene aplazándose constantemente. Tampoco está en claro si ocurrirá lo que se anunció: dividir la causa en dos.

El Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, anunció la decisión de dividir la causa en dos, y enviar a juicio en una primera fase a los mandos intermedios, y en una segunda instancia, avanzar sobre los responsables políticos de la operatoria de recaudación de cifras millonarias -se habla de un perjuicio al Estado de $2.000 millones- a través de contrataciones ficticias de personal.

La última novedad había sido la incorporación a la causa del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, como actor civil en la causa de los contratos truchos. Lo hizo para adherir y sostener la medida cautelar por el Ministerio Público Fiscal –y acogido favorablemente por la jueza de Garantías, Marina Barbagelata- al disponer los embargos sobre los bienes de una treintena de imputados más la inhibición general de bienes, medida que también alcanza a sus familias.

Contrapunto

En la audiencia del lunes 2, el abogado José Velázquez, defensor de Flavia Bechman, Hugo Mena y, entre otros, Esteban Scialcomo, fue el primero en cuestionar ante la jueza de juicios María Carolina Castagno la presencia del fiscal de Estado en la audiencia. “Está bien que pidan desde la lógica de la acción civil una medida cautelar como los embargos. Pero acá han resuelto adherir a lo que planteó el Ministerio Público Fiscal, y ya se han vencido los plazos para que puedan hacerlo. Tienen el derecho caducado por cuanto el Código Civil establece diez días para hacerlo. Pido que se declare inadmisible su adhesión y que (Rodríguez Signes) se retire de la audiencia”, dijo.

La jueza Castagno le rechazó el planteo y lo que siguió fue una andanada de cuestionamientos por parte de los ocho defensores presentes a la resolución dictada en abril último por la jueza de Garantías Marina Barbagelata –luego modificada, sucesivamente, en mayo y junio- y por la que dispuso el embargo en $3.000 millones a los imputados, y en algunos casos de también en bienes de sus esposas, en la causa de los contratos truchos.

Guillermo Vartorelli, que junto a su colega Patricia Valín defiende a Juan Pablo Aguilera –cuñado del exgobernador Sergio Urribarri-, a la esposa de éste, Luciana Almada; a Alejandro Almada, Jorge de Breuil, Gustavo Pérez, Verónica Caíno, Guido Krapp y Pedro Opromolla, señaló: “Se ha instalado la idea de que acá se dictó un embargo por $3.000 millones. Pero la resolución de la señora jueza de Garantías no cuenta con ningún análisis técnico, científico, contable, ni ninguna prueba que permita llegar a dicho resultado. Existe simplemente el voluntarismo, y un razonamiento presentado por el Ministerio Público Fiscal sin ningún fundamento científico. Y sin embargo y sin ningún justificativo serio, se dictó la resolución de embargo y de inhibición de bienes por $3.000 millones”.

La petición de embargo y de inhibición general de bienes hecho por la Fiscalía y receptado por la jueza Barbagelata se basa en un informe realizado por un empleado de la Procuración, el contador Héctor Enrique, que, observó Vartorelli, “sin rigor técnico que lo habilite, se constituye en el pilar para determinar el monto del embargo”. Y reprochó que Enrique “no es perito objetivo, sino que es parte. Es un funcionario del Ministerio Público Fiscal, lo cual ya nos hace verlo como prueba que guarda ciertos intereses, porque emana de una de las partes. Enrique dolariza los montos: lleva a valor dólar distintos montos. Lo hace tomando como base una moneda extranjera, cuyo valor es volátil, a merced de maniobras especulativas. El dólar no es la moneda de curso legal en la Argentina. Caprichosamente elige el dólar.  El Poder Judicial no actualiza ninguna deuda en dólares. No hay motivo para llevar a dólar. No toma la tasa de interés del Banco Nación, que es lo usual. Simplemente dolariza”.

Y puso un dato llamativo: dijo que la jueza Barbagelata dispuso el embargo por el monto de $3.000 millones, en abril, sin contar todavía con el informe contable de Enrique. “Esto nos da la pauta que ese informe de Enrique es una elaboración contable tendiente a justificar lo que la jueza sin evidencia seria contable había resuelto –indicó-. Es por eso que esta defensa pretende la realización de una pericia con rigor científico, objetivo, que no pertenezca a las partes intervinientes, que otorgue a las partes la posibilidad de proponer puntos de pericia. En este proceso se han embargado el 100% de las cuentas sueldos, contraviniendo lo que establecer la Ley 10.567”.

Más adelante, sostuvo que el fallo de Barbagelata resulta “arbitrario, sin la correspondiente pericia”.

Y citó el caso de Jorge de Breuil, a quien le embargaron bienes que se incorporaron a su patrimonio en 1927, 1957 y 1971, y que la medida incluyó bienes adquiridos con fondos de una indemnización pagada por el Estado por haber sido uno de los miles de detenidos ilegítimamente durante la última dictadura. “¿Podemos decir que los bienes adquiridos por esa indemnización pueden ser objeto proveniente del delito, por hechos que se inician en 2007 en adelante? Esto nos da una pauta de la arbitrariedad de la medida. Este embargo y esta inhibición de bienes le han producido a De Breuil la muerte civil. No puede realizar ninguna operación comercial. Ni la más elemental”, subrayó.

Después, nombró la situación de Krapp y Opromolla. “Es llamativa su situación con los embargos –planteó-. Se los embarga por el total de $3.000 millones, siendo que la imputación en modo alguno les imputó de haber participado de la ganancia de la actividad ilícita, sino por la realización de trabajos de contabilidad”. Y fustigó la decisión de embargar e inhibir bienes de personas que están ligados con los imputados “por vínculo familiar, sin estar imputadas. Así, se les vulnera el derecho de inocencia”.

Emilio Fouces, que defiende a Sergio Cardoso, Gustavo Falco y Sonia Marozzini, alertó: “Los defensores nos defendemos de un ataque a derechos constituciones. Es una constante en esta causa. Desde abril, cuando la jueza dicta la primera resolución, nuestros defendidos han sido sujeto de prueba y error. Y las tintas no las cargamos sólo sobre la jueza sino también sobre el Ministerio Público Fiscal. La Fiscalía abiertamente viola nuestro ordenamiento legal, causando perjuicios importantísimos a personas inocentes y que están siendo sometidos a investigación”.

Citó el caso del contador Gustavo Falco, “que no tiene ninguna vinculación con el Estado provincial, sino que es empleado del Senado de la Nación, y su vinculación laboral es con el senador Pedro Guastavino”. Fouces dijo que ese contrato con el Senado de la Nación “nunca fue puesto en crisis por la Fiscalía”.

Mencionó luego que la causa de los contratos podría constituirse en el delito “más grave de la historia política de Entre Ríos. Entonces, se deben tomar recaudos básicos. Es imposible que estos bienes sean objeto de decomiso y la Fiscalía lo sabe, y no obstante pide el embargo de los bienes”.

Fouces recordó que el 22 de mayo impugnó el informe del contador Enrique, que sirvió de base para establecer el supuesto perjuicio al erario público por $2.000 millones que sostiene la Fiscalía y que la jueza Barbagelata hizo propio. Ese monto, más los $1.000 en concepto de intereses, explican la cifra final del embargo de $3.000 millones. “Impugnamos el informe del contador y pedimos urgente que se designe a un perito oficial del Superior Tribunal de Justicia, porque estamos hablando del delito más grave de la historia política de Entre Ríos”, sostuvo.

Luego, concluyó: “Es todo exagerado y todo desmedido en esta  causa, partiendo del embargo de los $3.000 millones”.

Y por eso pidió el inmediato levantamiento de los embargos y de la inhibición general de bienes dispuesta por una jueza de primera instancia.

José Velázquez planteó que “para avanzar sobre el decomiso hay que probar que esos bienes están vinculados con el hecho ilícito. Y acá tenemos inmuebles embargados por la Justicia que han sido comprados mucho antes del inicio de la investigación”. Su colega Leonardo Schoenfeld hizo notar que “la Fiscalía se lleva puesto todo lo que encuentra, sin distinguir la cuestión civil y penal. Estamos ante una mezcolanza entre decomiso y resarcimiento, y una cuestionable adhesión de Fiscalía de Estado a un pedido del Ministerio Público Fiscal”.

Iván Vernengo, defensor de Alfredo Bilbao, puso el acento en las tres resoluciones sucesivas firmadas por la jueza Barbagelata que “nos han metido en un berenjenal jurídico descomunal. En mi experiencia, jamás vi una causa llevada de esta forma. Jamás”.  Relató el caso de una de sus clientas, Gabriela Vainstein, quien ha sido obligada por el banco con el que había contratado un préstamo en cuotas a saldarlo de una sola vez y le ha comunicado que no la quiere más como clienta. “Mi defendido y mi clienta en los últimos días han recibido cartas documento de los bancos donde el banco le dice que cesa su relación comercial a raíz de la difusión pública de estas medidas”, hizo notar.

“Estas resoluciones deben ser inmediatamente revocadas, dada la nulidad manifiesta que contienen las tres resoluciones de la jueza Barbagelata”, apuntó.

La fiscal Patricia Yedro defendió las medidas aplicadas y resueltas por la Justicia. “Entendemos que la resolución es ajustada a derecho y fundamentada, más allá de la discrepancia de los defensores”, señaló.

Respecto del monto del supuesto perjuicio al Estado, que primero se fijó en $1.200 millones y después en $2.000 millones, sostuvo que “es una investigación que está en constante evolución, pero eso no quiere decir que las cifras sean antojadizas. ¿Por qué se aplicó un modo de actualización a valor dólar? Se lo hizo porque de la evidencia que llegan, se puede determinar que los imputados a parte de la recaudación que obtenían con los contratos la aplicaban a la compra de moneda extranjera.  No es un cálculo antojadizo lo de la Fiscalía”.

Luego, respondió a dos puntos cuestionados por las defensas: “Decir que los cónyuges no tienen nada que ver (en las operaciones e inversiones de los imputados) es ilógico, porque hay evidencias que sí lo demuestran. Hay evidencias de operaciones de inversión pagadas en efectivo, porque no tenían modo de justificar el origen de ese dinero”, dijo.

Respecto del monto de los embargos y el pedido de pericia formulado por los defensores, Yedro negó que haya “negativa” del Ministerio Público Fiscal. “Lo que sucede es que estamos a la espera de información pedida a la Legislatura, que no se manda a tiempo. No entendemos por qué no se envía rápidamente como pretendemos. No hubo negativa a la pericia. Se pidió información a la Legislatura para que después se expida un perito”, indicó.

A su turno, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, contestó los reproches de los defensores. “La posición de la Fiscalía es adherir a la cautelar planteada por el Ministerio Público Fiscal. Respecto de la adhesión que la defensa dice que no puedo, con todo respeto, lo decido yo. Estoy para la defensa del patrimonio de la provincia de Entre Ríos”, señaló.

Luego, dio su opinión respecto de la legalidad de los contratos hechos en la Legislatura y que permitieron, según la acusación, distraer del erario público unos $2.000 millones. “He tenido oportunidad de analizar contrato por contrato, desde la óptica del derecho administrativo. Los contratos son regulares o irregulares, nulos o anulables. Lo que yo he visto hasta ahora, en todos los contratos, todos tienen vicios graves. La primera falla es la falta de firma de autoridad competente. No entiendo cómo los jefes del Servicio Administrativo Contable pudieron autorizar el pago. Eso es inconcebible”, cuestionó.

“Además –agregó Rodríguez Signes-, las facturas están elaboradas claramente en la misma imprenta en la mayoría de los contratos, y muchos contratos fueron celebrados fuera del ámbito de la Legislatura”.

Respecto del monto del embargo, sostuvo que “es cierto que está dolarizado” el informe del contador de la Fiscalía. “Y eso es un criterio que adoptó el empleado del Ministerio Público Fiscal que lo realizó.  Yo tomé otra forma de calcular. El capital comprometido, según la prueba, según los cuadernos, según las planillas de Excel, o los correos electrónicos, y no apelé al dolarizar, sino siguiendo el sistema de la Caja Forense, es de $2.292 millones”.

“Esto es aplicar principio básico. Sin necesidad de apelar al procedimiento de la dolarización”, apuntó.

 

La investigación

Los fiscales Patricia Yedro, Ignacio Aramberry, y la Fiscal Anticorrucpión y Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, sostienen que al menos entre 2008 y 2018, Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial. La cifra sustraía, afirman, sería de alrededor de $2 mil millones.

Y que en esa organización, para los fiscales, en los escalones “superiores” se encontraban el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure.

“Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil $50.000 por vínculo”, agregan en la nueva apertura de la causa formulada el 6 de marzo de este año.

En tanto, señalan que en el ámbito de la Cámara de Diputados tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011 “con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.

En otro párrafo destacan que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

Se precisa que la detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, en los diferentes períodos: Juan Domingo Orabona, actual presidente del Instituto Provincial del Seguro (Iapser) fue Director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011; Jorge Fabián Lázzaro de 2011 a 2015; y Gustavo Hernán Pérez, fue jefe del área de contratos, Subdirector y Director del Servicio administrativo contable de la Honorable Cámara de Senadores, de 2015 a 2018; y Sergio Cardoso, que es Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, hoy en uso de licencia.

“La gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos ‘contratistas’, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena  y/o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación, y lo abonaban a través de la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de ‘Entre Ríos Servicios’, emplazada en el propio Estudio ‘Integral Asesoría’ de los tres primeros contadores mencionados”, agrega la acusación.

En la nueva descripción del hecho se menciona por primera vez al exgobernador Sergio Urribarri. Es cuando se afirma que Cardoso “actuando en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011, y siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió al menos a los Sres. Diputados (Juan Reynaldo) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón y (Daniel) Ruberto, la suscripción de al menos diez (10) contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto de que los ‘contratistas’, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.