La causa de los contratos truchos en la Legislatura se cae al desaparecer la cifra que había calculado el Ministerio Público Fiscal, $2.000 millones, de perjuicio al Estado, dice el abogado José Velázquez, defensor de Flavia Beckman y Hugo Mena, los primeros «recaudadores» que cayeron en el marco de los operativos que empezaron el 20 de septiembre de 2018 en procura de desentrañar el funcionamiento de lo que se llamó una «organización delictiva» dedicada a lucrar con contrataciones fraguadas.

El viernes, la vocal María Carolina Castagno hizo lugar parcialmente a la apelación planteada por Velázquez y otros defensores contra la decisión que adoptó el 12 de abril la jueza de Garantías Marina Barbagelata, que embargó en $3.000 millones -$2.000 millones de perjuicio al Estado, más $1.000 millones en concepto de intereses- a todos los imputados a pedido de la Procuración. Las defensas reprocharon que la Fiscalía no tiene potestad para pedir medidas cautelares como un embargo, y por eso a la causa se incorporó como actor civil la Fiscalía de Estado, y adhirió a los embargos.

¿Cuál será el camino ahora de la Fiscalía de Estado, después de que la jueza Castagno estableciera que el embargo no sería de $3.000 millones sino de $190 mil? ¿Insistirá con los embargos por $3.000 millones?

«La oportunidad para plantear la demanda, según el artículo 404 del Código Procesal Penal, es cuando la causa se eleva a juicio. Ahí tengo que presentar la demanda. Ese es el momento procesal para meter la demanda. No la puedo presentar ahora», explica el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. «De todos modos, la jueza, aunque modificó el monto del embargo, mantuvo la inhibición general de bienes para todas las personas investigadas en esta causa», añadió.

¿Por qué no puede haber demanda del Estados antes de la remisión de la causa de los contratos a juicio. «Esto es así porque gran parte de la prueba la produce el Ministerio Público Fiscal y la va a mostrar en la audiencia de elevación a juicio. Por eso, antes es imposible que la Fiscalía de Estado pueda presentar una demanda -entiende Rodríguez Signes-. Lo que puedo intentar es una cautelar antes. Pero no puedo plantear la demanda antes de la oportunidad procesal. Acá, hay que analizar contrato por contrato. Yo ahí es donde creo que está el mayor desafío laboral».

Rodríguez Signes había coincidido antes con el cálculo del perjuicio al Estado que hizo la Procuración. 

En primer lugar, dijo que la Fiscalía de Estado se constituyó como actor civil “por cuanto por una cuestión de la prueba, nos conviene ejercer esta acción”. Respecto al cálculo sostuvo que “no hay una forma matemática fácil de resolver cuánto es el perjuicio o a cuánto ascendería el daño a partir de esta causa. Acá lo que hay que hacer es examinar contrato por contrato: si son 700 contratos como dice el Ministerio Público Fiscal, hay que analizarlos. Y hay que determinar desde el punto de vista administrativo, la regularidad o irregularidad de los contratos”.

«Personalmente verifiqué algunos contratos. Me presenté en las oficinas del Ministerio Público Fiscal y comencé a verlos uno por uno y allí me encuentro irregularidades administrativas. Por ejemplo, me llamó la atención que no esté la firma de la autoridad de nombramiento (el presiente de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, NdelR). Eso es un defecto insalvable. No se puede resolver después”, señaló.

Y agregó que los contratos deben tener la firma de la autoridad autorizante para ser válidos. En ese sentido, dijo que quien debe firmarlos es “el presidente de la Cámara o el funcionario a cuyo cargo delega el presidente la función de rubricar los contratos. Pero si no hay un acto de delegaciones expreso, le corresponde al presidente de la Cámara”.

Sobre cómo se estima el monto del perjuicio a la Legislatura, ahondó: “El cálculo es muy simple: se ve de qué fecha a qué fecha se pagó, y luego se le aplican intereses. Hay un sitio de la Caja Forense que calcula la tasa de interés y ahí le da el monto. No he podido ver contrato por contrato, pero suponiendo que son irregulares los que el contador del Ministerio Público Fiscal dice que son irregulares, en función de la información que ellos tienen, le aplico la tasa de interés y me da esa cifra al día de la fecha”.

La cifra del perjuicio que calculó el fiscal de Estado es de $2.292 millones.

Consultado sobre si está de acuerdo con el pedido de los abogados defensores de que se realice una pericia independiente, Rodríguez Signes rechazó esa alternativa, como así también manifestó su diferencia con la Fiscalía.

“Para mí no es relevante (la pericia). No coincido con ninguna de las dos partes. Ni con el Ministerio Público ni con la defensa. A mí no me sirve la pericia. Quien tiene que determinar si un contrato es irregular o no, no es el perito, sino yo. Lo que puedo hacer peritar es una firma. Supongamos que dude de una firma inserta en el contrato, factura o cheque. Pero no necesito una pericia para determinar la cuantía. Una vez que determine que el contrato es irregular el cálculo del daño no depende de un perito sino de la liquidación que hagamos las partes”, aseveró.

 

En stand by

De momento, la causa de los contratos tiene final incierto.

Los fiscales Patricia Yedro, Ignacio Aramberry, y la Fiscal Anticorrucpión y Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, sostienen que al menos entre 2008 y 2018, Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial. La cifra sustraía, afirman, sería de alrededor de $2 mil millones.

Y que en esa organización, para los fiscales, en los escalones “superiores” se encontraban el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure.

“Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil $50.000 por vínculo”, agregan en la nueva apertura de la causa formulada el 6 de marzo de este año.

En tanto, señalan que en el ámbito de la Cámara de Diputados tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011 “con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.

En otro párrafo destacan que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

Se precisa que la detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, en los diferentes períodos: Juan Domingo Orabona, actual presidente del Instituto Provincial del Seguro (Iapser) fue Director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011; Jorge Fabián Lázzaro de 2011 a 2015; y Gustavo Hernán Pérez, fue jefe del área de contratos, Subdirector y Director del Servicio administrativo contable de la Honorable Cámara de Senadores, de 2015 a 2018; y Sergio Cardoso, que es Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, hoy en uso de licencia.

“La gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos ‘contratistas’, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena  y/o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación, y lo abonaban a través de la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de ‘Entre Ríos Servicios’, emplazada en el propio Estudio ‘Integral Asesoría’ de los tres primeros contadores mencionados”, agrega la acusación.

En la nueva descripción del hecho se menciona por primera vez al exgobernador Sergio Urribarri. Es cuando se afirma que Cardoso “actuando en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011, y siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió al menos a los Sres. Diputados (Juan Reynaldo) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón y (Daniel) Ruberto, la suscripción de al menos diez (10) contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto de que los ‘contratistas’, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre  Ríos Ahora.