El intendente electo de Santa Elena y exvicegobernador, Domingo Daniel Rossi, sufrió un nuevo revés judicial en la causa por supuesto sobreprecio en la obra de 20 cuadras con fondos del plan nacional “Más Cerca”, realizada en su última gestión.

El revés llegó en el marco de su pretensión por lograr el apartamiento del Procurador General Jorge Amilcar García, y el fiscal interino de La Paz, Santiago Alfieri, quien llevó a cabo la investigación penal preparatoria.

Según supo Entre Ríos Ahora, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Gervasio Labriola, declaró “mal concedido” el recurso de apelación que presentó Rossi contra una resolución del juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, quien le había rechazado su pedido de recusación contra el Jefe de Fiscales y el Fiscal.

El pedido de recusación fue formulado por el abogado de Rossi, Carlos Guillermo Reggiardo. Primero lo formuló ante Carballo, que determinó que quien debía definir era la Procuración, como lo establece el artículo 35 de la ley del Ministerio Público Fiscal, Nº 10.407.

De todos modos, el abogado defensor de Rossi, Carlos Reggiardo, anunció que ya recurrió esa decisión de Labriola, y acudió a la Cámara de Casación Penal. «Ya presentamos el recurso en Casación. De todos modos, entendemos que hubo una situación llamativa. Sabemos que Labriola tenía pensado convocar a audiencia para tratar nuestro pedido, pero después salió con que el recurso estaba mal concedido», dijo Reggiardo ante la consulta de Entre Ríos Ahora.

El 9 de agosto se pronunció la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrucpión, Cecilia Goyeneche, que desestimó el pedido de apartamiento por extemporáneo y por carecer de “fundamentos serios”.

Tras esa resolución, Rossi volvió a presentarse ante el juez de Garantías de La Paz, con un nuevo pedido de apartamiento. Esta vez el magistrado rechazó el planteo por “extemporáneo”, pero concedió la apelación interpuesta por el letrado defensor del intendente electo.

De esta manera, el planteo llegó hasta el camarista Gervasio Labriola, quien declaró mal concedido el recurso por parte del juez de primera instancia. No obstante, concedió una nueva apelación del dirigente del vecinalismo peronista.

Ahora, el pedido de Rossi para apartar al Procurador y al fiscal que lo investigó sube a la Cámara de Casación Penal de Paraná, que integran los jueces Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti.

El abogado de Rossi había recusado al jefe de fiscales y al fiscal de La Paz bajo el argumento de que en el proceso en su contra observa una “grave afectación al principio de objetividad”.

El letrado asegura que existe una animadversión de vieja data en contra de su defendido, ya que García integró el tribunal que en 2006 lo condenó por el delito de enriquecimiento ilícito. Aquel tribunal que lo juzgó también tuvo entre sus integrantes a Raúl Herzovich (ya fallecido) y Silvia Nazar.

Además, cuestiona que en una entrevista periodística García haya sindicado a Rossi como un emblema de la corrupción entrerriana. A su vez, considera también que debe ser apartado el fiscal Alfieri, por cuanto sigue las directivas de García.

“García tiene una cuestión personal con Rossi. Fue el juez que lo condenó, en una condena que está siendo estudiada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde no se le garantizó el derecho a defensa. Hubo un testigo que compraron, un peritaje que no se hizo. No hay ninguna causa de Argentina reabierta por la Comisión Interamericana”, aseveró el letrado semanas atrás en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1.

Mientras este incidente sigue su curso, se espera que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) fije fecha a la audiencia de elevación de la causa a juicio.

El pedido de remisión del expediente a debate fue presentado por el fiscal Alfieri el 12 de junio.

En el Ministerio Público Fiscal entienden que la discusión sobre las recusaciones no impide realizar la audiencia que puede definir que Rossi nuevamente se siente en el banquillo de acusados.

La causa

La causa se inició en 2016 por una denuncia formulada por el actual intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra que es concuñado de Rossi.

La presentación la realizó con la representación del abogado Guillermo Mulet. Según la acusación fiscal, durante la gestión Rossi, el municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de esas 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.

En su pedido de elevación a juicio, el fiscal había adelantado que en la instancia de debate oral pediría una pena de prisión para Rossi: 5 años y 6 meses de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

Además de Rossi, el fiscal busca que sean llevados a juicio otras cinco personas: el empresario Néstor Juan Szczech; el ingeniero y apoderado, respectivamente, de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano; María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortíz (responsable técnico del Programa Más Cerca). Uno de los imputados, el ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez, falleció mientras transcurría el proceso de investigación.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora