El exintendente de Larroque y diputado provincial, Raúl Riganti (FpV), cuestionó la causa por supuestos sobreprecio en una obra de 14 cuadras de asfaltado en la que está imputado por el delito de fraude a la Administración Pública.

“Necesitaron hacer un circo y después se hizo asiduamente en todo el país”, dijo y defendió que la obra realizada con fondos del plan nacional «Más Cerca» haya costado $21,6 millones.

El dirigente cuestionó a Atilio Benedetti, ex candidato a gobernador de Cambiemos y a su primo, Darío, actual intendente de Larroque.

Además, advirtió que la empresa que ejecutó la obra hoy reclama al municipio una cifra millonaria porque no se le pagó el monto convenido.

El caso es similar al que se le sigue a Domingo Daniel Rossi, exvicegobernador e intendente electo de Santa Elena, en el departamento La Paz; y al intendente de Seguí, Cristian Treppo.

La causa contra Riganti se inició en 2016, por una denuncia formulada por su sucesor en la intendencia de Larroque (departamento Gualeguaychú), Darío Benedetti, de Cambiemos.

Al asumir, el radical mandó hacer una auditoría que concluyó que la obra costaba $5 millones y por ello decidió devolver $13 millones a Nación, monto que, aseguró, era el sobrante de la presunta sobrefacturación.

Riganti, en tanto, consideró que la investigación adolece de pruebas para llevarlo a juicio y sostuvo que recientemente se incorporó a la investigación los expedientes de la Subsecretaría de Desarrollo y Vivienda de la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación, en los cuales se avaló el monto de $21,6 millones para la obra. En base a ese material, dijo, solicitará ser sobreseído.

La investigación penal preparatoria estuvo en una primera instancia a cargo del fiscal Sergio Rondoni Caffa (hoy juez de Garantías de Federación), que imputó a Riganti por los presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del erario público, en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La misma imputación recayó también sobre el exsecretario de Obras Públicas Juan Carlos Rochelle; el ex secretario de Hacienda Norberto Marchesini; exsecretario de Gobierno, Leonardo Martín Hassel, y Néstor Hereñú, directivo de la constructora Organización Industrial Construcciones SA (OIC SA) que realizó la obra de asfaltado en 2015. Hassel es el actual intendente electo de la ciudad.

Por su parte, el abogado de la Municipalidad de Larroque, Sergio Avero, aseguró que sí existe prueba suficiente para llevar a juicio al exintendenten y sus exfuncionarios.

Riganti: «Eso es fabricado»

En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, Riganti afirmó: “Llevamos tres años y medio de investigación y evidentemente el tema no es claro. Esto es fabricado”.

En ese sentido, recordó que en marzo el juez de Garantías de Gualeguaychú, Tobías Podestá, pidió al fiscal a cargo del caso, Lisandro Beherán, que reformule la acusación. “Cuando el juez leyó la causa trajo todo para atrás, dio al nulidad y dijo a la Fiscalía que si consideraban que debían seguir adelante con la causa tenían que replantear todo”, señaló.

A su vez, Riganti vinculó la investigación en su contra a una persecución política con alcance nacional, dirigida principalmente a dirigentes kirchneristas. “Necesitaron hacer un circo y después se hizo asiduamente en todo el país”, afirmó.

Enseguida, explicó que las obras ejecutadas con fondos nacionales del plan “Más Cerca” se “hicieron en todo el país y la condición era que se contrataran mano de obra local».

Sobre la contratación de la firma OICSA dijo que fueron autorizados a contratar directamente, y que la obra y el monto a pagar fue aprobada por el Concejo Deliberante local. «Nosotros pasamos la obra por el Concejo Deliberante, que por unanimidad aprobó los montos”, indicó.

“Aprobaron por unanimidad, permitiendo llamar a concurso. Después el fiscal hace todo una visión de que el concurso fue todo dirigido. Siempre había que buscar una causa para plantear que acá había algo turbio”, planteó.

Asimismo, explicó que en los primeros años de la investigación no declaró en la justicia porque “no tenía garantías con el juez y el fiscal de su momento”. En ese punto, fue duro con el exfiscal Rondoni Caffa, quien a su entender “si veía un flash de ponía adelante. Él era netamente mediático”.

La denuncia y los Benedetti

Para Riganti, la denuncia en su contra tuvo una motivación política, con el fin de desprestigiar su imagen. Al respecto, acusó directamente a Atilio Benedetti, excandidato a gobernador por Cambiemos, y a su primo, el denunciante, Darío Benedetti, quien asumió en 2015, sucesor de Riganti.

“Era necesario utilizar mi nombre y la situación por la que pasé para descalificarme. La sociedad lo vio de otra manera, porque quien está acusado conmigo en la misma causa fue elegido electo intendente en la ciudad», dijo en relación a Leonardo Hassel, quien fue su secretario de Gobierno y también está imputado.

El diputado refirió que luego de que el juez Podestá mandó a la Fiscalía a reformular la acusación, esta vez sí declaró ante el representante del Ministerio Público Fiscal. “Declaré y le planté al fiscal Beherán que pida el expediente a Buenos Aires, donde se había aprobado la obra y los montos. Esa carpeta vino y dice que el monto de la obra es ese: $21 millones”, aseveró.

En ese marco, también remarcó que “estoy siendo acusado inclusive por una obra de la cual no recibí”, puesto que la misma comenzó a ejecutarse sobre el final de su mandato.

Consultado respecto de la pericia del ingeniero civil Beltrán Uranga, pieza en la que se apoya la acusación por supuesto sobreprecio, Riganti afirmó que el profesional fue “prudente” en su informe ya que consignó que la obra costó alrededor de $16 millones.

“A mí me denuncian porque supuestamente la obra costaba $5 millones, yo pagué $8 millones, que es la verdad, y el perito dice que costó $16 millones. Encima, no recibí la obra. Y ellos –por la gestión de Benedetti- recibieron los $13 millones que faltaban pagar y se los mandaron a Buenos Aires, en vez de ponerlo en el juzgado para que el juzgado disponga de esa plata”, planteó.

En esa línea, puntualizó que cuando la administración Benedetti decidió devolver el supuesto dinero sobrante al Gobierno nacional, “se cayó una cláusula de que si Larroque no recibía la plata el dueño de la empresa debía reclamar a Buenos Aires, y no al municipio”.

Ahora, dijo, la firma Organización Industrial Construcciones SA (OIC SA) reclama que se le pague lo adeudado, más intereses. “Hoy la empresa está reclamando más de $40 millones. Para Larroque es el 35% o 40% del presupuesto. Si le daban la plata al juzgado, hubiera sido otra la situación, porque disponía el juez y los ciudadanos de Larroque hubieran desligado la responsabilidad”, dijo.

“Eso es lo que nos costó salir en televisión a beneficio de Atilio Benedetti y su primo, el actual intendente”, lanzó enseguida.

Finalmente, afirmó que está tranquilo ya que a la investigación se incorporaron los expedientes y la opinión de los profesionales de la Subsecretaría de Desarrollo y la Vivienda de Nación. “No cierra por ningún lado todo esto. Veremos qué opina el juez que entiende en la causa. No dudo que el fiscal va a querer la elevación a juicio, es su trabajo, pero están otras pruebas, nuestras declaraciones y la carpeta de Buenos Aires, donde estaban los profesionales que autorizaron el valor de la obra”.

El abogado del municipio dice que hay pruebas

Consultado al respecto, el abogado Sergio Avero, representante legal del municipio de Larroque, sostuvo que sí existen pruebas contra las exautoridades locales.

“La opinión de Riganti se contrapone al requerimiento fiscal que imputa un delito, a él, a su secretario de gobierno y a una serie de personas que fueron ex funcionarios”, dijo en declaraciones al programa Puro Cuento.

“Concretamente hubo 14 cuadras de asfalto por las cuales se pagaron $21 millones, de las cuales 8 tenían cordones cunetas y ripio. Los peritos de parte concluyeron que la obra costaba $5 millones; en tanto, el perito oficial, Uranga, determinó que el valor de la obra no podía superar los $10 millones, y el perito de parte de los imputados firmó un valor inferior al que se pagó”, aseguró.

Además, afirmó que para la ejecución de la obra se violó la Ley de licitación pública. “El Conejo Deliberante aprobó la obra, el convenio, pero al Concejo nunca le dijeron estamos modificando el régimen de licitaciones. Ellos argumentan que la ordenanza generó un blanqueo que permitía la omisión de la ley de licitación pública. Para nosotros es un argumento incorrecto, porque una ordenanza no puede contraponerse a lo que dispone una Ley”.

“Los defensores van a decir que no hay ningún tipo de hecho delictivo, pero las pruebas dicen otras cosas”, completó.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.