El exdirector de Obras Sanitarias de Entre Ríos (OSER), Hugo Héctor Righelato, inició el trámite para acceder a su jubilación ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. El exfuncionario cumple una condena luego de que en abril de 2018,  en el marco de un juicio abreviado, admitió haber cometidos delitos contra la Administración Pública, aceptó la calificación legal hecha por el Ministerio Público Fiscal y  la pena impuesta: tres años de cárcel de cumplimiento efectivo.

Righelato alcanzó un acuerdo de juicio abreviado con el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, que fue avalado por el juez Elvio Garzón, que consiste en pasar 3 años de prisión efectiva –aunque serán menos-, pagar una multa de 10 mil dólares, entregar a la Provincia dos propiedades que fueron producto del ilícito; más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Los delitos por los que fue condenado son peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude en perjuicio de la Administración Pública.

Una de las propiedades que pasará al Estado provincial está ubicada en calle Laprida Nº 1101. La misma fue comprada a nombre de la firma Azul SRL, perteneciente a Righelato y su excónguye Haydee Analía Varela. La segunda propiedad que será decomisada está ubicada en calle Bravard Nº 266, y fue construida con los recursos producidos por la empresa a costa del Estado Provincial. Esta última es donde actualmente vive el exfuncionario de 61 años.

Al exfuncionario se lo condenó porque afectó bienes públicos a la actividad privada mediante una maniobra en la que participaban tres empresas de su círculo: Azul SRL, de su propiedad; Tecnogeo SA y Ecocien SA, a nombre de un amigo personal. Las tres eran contratistas de Obras Sanitarias.

Esta semana el extitular de OSER volvió a estar en boca de todos cuando se conoció que continuaba percibiendo un salario de más de 54.000 pesos, pero con los descuentos quedaba en unos 30.000 pesos como empleado de planta del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura. El dato fue dado a conocer por el programa Cuestión de fondo, que se emite por Canal 9 Litoral.

Tras ello, se inició una investigación sumaria para establecer cómo fue que se le pagó indebidamente un sueldo, siendo que el 20 de abril de 2018 fue condenado a tres años de prisión efectiva más inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de peculado de bienes y servicios, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta.

Ahora, se supo que hace por lo menos 20 días que presentó la documentación en la Caja de Jubilaciones para que se le otorgue el beneficio previsional. Así lo informó el titular del organismo, Daniel Elías, en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1.

Elías explicó que ahora la Caja debe analizar si el exfuncionario cumple con los requisitos de la Ley 8.732, del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para el personal provincial.

“Lo que dice la ley es que no le podemos pagar a alguien que esté condenado. Lo que no condiciona es el beneficio jubilatorio. El beneficio es un derecho que le asiste al extrabajador, al condenado o no, que tiene requisitos autónomos de edad y aportes y que nace solo con el cumplimiento de esos requisitos independientemente de la situación civil o penal”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que “si Righelato cumple los 30 años de aportes y tiene la edad jubilatoria o la cumple dentro de los cinco años posteriores al cese, nosotros liquidaremos. Tendríamos que verificar si está inhibido en sus bienes. Si no es así, se lo liquidaremos en una cuesta. De lo contrario, si está inhibido se lo liquidaremos a favor de alguien que tenga legitimación para percibirlo”.

El titular de la Caja de Jubilaciones aseguró que pudo observar el expediente de Righelato y que, de momento, se deberá aclarar el asunto por haber percibido su sueldo pese a haber estado exonerado de la Administración Pública, mediante el decreto Nº 2762 de 2018.

“Estaba percibiendo el haber pero tenía un decreto de suspensión. Antes que nada tenemos que aclarar cuál es la situación de revista, antes de computar. Si se revocan esos pagos y se persigue el recupero, ese tiempo –que percibió el haber indebidamente- sería servicio sin aportes. Entonces, antes de avanzar con el cómputo debemos aclarar esa situación”, explicó.

El caso Righelato

El extitular de OSER firmó un acuerdo de juicio abreviado con el Ministerio Público Fiscal en abril de 2018, que consistió en cumplir 3 años de prisión efectiva, el pago de 10 mil dólares, la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de dos propiedades. En ese proceso penal admitió haber cometido los delitos de peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude en perjuicio de la Administración Pública.

El acuerdo con la Fiscalía fue homologado por el juez de Garantías Nº5 Elvio Garzón, actualmente juez de juicio. En el acuerdo del juicio abreviado, Righelato admitió que realizó una afectación de bienes públicos a la actividad privada mediante una maniobra en la que participaban tres empresas vinculadas a él, a saber: Azul SRL, Tecnogeo SA y Ecocien SA, todas contratistas, a su vez, de Obras Sanitarias, organismo que dirigió durante trece años.

Una de las propiedades que pasó al Estado provincial está ubicada en calle Laprida Nº 1101. La misma fue comprada a nombre de la firma Azul SRL, perteneciente a Righelato y su excónguye Haydee Analía Varela, según surge del escrito del acuerdo.

La segunda propiedad que fue decomisada está ubicada en calle Bravard Nº 266, y fue construida con los recursos producidos por la empresa a costa del Estado Provincial.

En el acuerdo firmado con la Fiscalía, se dejó en claro que los delitos de Righelato aparecen, en primer término, con la información presentada por la Fundación M´Biguá. Dicha denuncia reveló la afectación de recursos públicos a la actividad privada, y que en esa maniobra las empresas Tecnogeo S.A y Ecocien S.A, utilizaban personal y maquinaria perteneciente a Obras Sanitarias de la Provincia. Luego, a ello se le sumó una investigación de la revista Análisis.

El segundo hecho que Righelato admitió haber cometido fue que en carácter de director de OSER “valiéndose normativamente del Decreto de emergencia 4521/12, benefició a la empresa Ecocien S.A”, integrada por su amigo Diderle y Trejo, que fue interpuesta por Righelato.

Además, el exfuncionario consintió haber producido un perjuicios al patrimonio del Estado Provincial al haber contratado a las empresas que realizaron las propuestas más costosas y de “haber logrado concretar los pagos en favor de las firmas seleccionadas pese a que los trabajos contratados no fueron concluidos; y haber utilizado personal y materiales de OSER para que desarrollaran las obras no obstante que ello debía ser cumplido por las empresas contratadas”.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.