El testimonio del cura Gerónimo Zaragoza vicario de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, es aguardado con expectación en la Justicia en el marco de la investigación por los torturas y la privación ilegal de la libertad que se denunció en el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen de la orden de las carmelitas descalzas.
Zaragoza llegó a Nogoyá a comienzos de marzo de 2015, cuando el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari lo puso en posesión de su cargo, junto al párroco Jorge José Lorenzo Bonin. En su testimonio ante el fiscal Federico Uriburu, Bonin reveló aspectos clave: particularmente la situación vivida por una excarmelita que se fugó del convento el lunes 28 de marzo último, y pidió auxilio en la Basílica.
Pero no fue Bonin quien primero tuvo contacto con esa exmonja, una de las dos denunciantes que relataron los tormentos que padecieron en el convento, sino que fue el cura Zaragoza. Por eso su testimonio es considerado de mucha relevancia por parte del fiscal Uriburu. Cuando finalmente declare podría revelar de qué modo la priora del convento, Luisa Toledo (la madre María Isabel), intentó retener por la fuerza a la excarmelita.
Claro que aquel testimonio de Bonin quebró el muro de contención con el que la curia, con el arzobispo Juan Alberto Puiggari a la cabeza, rodeó al monasterio carmelita. De momento, es el único vocero eclesial que puso una nota discordante en medio del relato eclesiástico que reprochó en todo momento el accionar de la Justicia y cuestionó el allanamiento que tuvo lugar el jueves 25 de agosto.
“Nunca quise cuestionar a la Justicia. Pero me llama la atención que sale un artículo, y automáticamente de oficio, casi simultáneamente, se decide el allanamiento de una manera espectacular, con 50 policías, rompiendo puertas, con casco, armas. Nogoyá estaba convulsionada. La ley dice que el fiscal debe actuar con la mínima fuerza necesaria. ¿Era necesario tanto despliegue? Yo no he visto algo así en Paraná”, dijo Puiggari durante una rueda de prensa el viernes 26 de agosto.
El fiscal Uriburu ha leído con atención las sucesivas declaraciones de Puiggari. Pero de momento no piensa citarlo. En realidad, aguarda el testimonio de la monja Toledo, ya imputada en la causa del convento por el delito de privación ilegítima de la libertad. En virtud de ese vuelco de la causa, la monja nombró a dos abogados defensores penalistas, Guillermo Vartorelli y Miguel Angel Cullen.
El caso de las carmelitas estalló en forma pública luego de que la revista “Análisis” publicara el jueves 25 de agosto un informe con el testimonio de dos exmonjas que relataron el duro trance que les tocó vivir en la clausura.
Lo que diga la monja Toledo ante el fiscal Uriburu marcará el rumbo de la causa, y la posibilidad de que Puiggari también sea citado a declarar. El rol del arzobispo es relevante en un punto: intervino de forma directa en la salida de una religiosa que se “escapó” del convento con ayuda del jardinero y la asistencia de los sacerdotes de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, Jorge Bonin y Gerónimo Zaragoza.
La reconstrucción de lo que ocurrió aquel lunes 28 de marzo, en base al testimonio de Bonin, le permitió al fiscal Uriburu determinar que Puiggari mantuvo contacto telefónico con los sacerdotes, y pidió que mediaran con la monja Toledo. “Bonin dijo que Puiggari habló de un caso grave. Y que había que tratarlo así” cuando se enteró de la salida brusca de una monja del convento carmelita, según la reconstrucción del relato del párroco de la Basílica. Por eso, lo que cuente la madre superiora permitirá reconstruir lo sucedido, y determinar la responsabilidad que le cupo a Puiggari, entiende el fiscal.
La monja Toledo declara este miércoles, y lo que diga marcará el rumbo de la investigación judicial.