La Comisión de Enlace del Concejo Deliberante encargada de resolver en torno a las impugnaciones a las postulaciones de postulantes a los cargos de Defensor del Pueblo, Defensor del Pueblo Adjunto y Defensor de Adultos Mayores no rechazó de plano la candidatura del médico pro vida César Pazo. El médico, salpicado en una causa judicial en la que el Estado fue condenado a pagar una indemnización, había sido observado por un vecino, pero los concejales que trataron la impugnación hicieron lugar parcialmente a la observación: su postulación sigue en carrera, aunque depende de que presente un nuevo «certificado de reincidencia».
Pazo aspira a quedarse con el puesto de Defensor de Adultos Mayores, junto a otro lote de candidatos.
El ciudadano Miguel Ángel Delgado no sólo reprochó la candidatura a Defensor de Adultos Mayores de Pazo –por cuanto su nombre apareció en un fallo que condenó al Estado por negar el acceso a una mujer a un aborto no punible, lo que le generó un ACV- sino también las postulaciones de Agustín Díaz, ya que, dijo, “es hermano del actual concejal Luis Díaz”; también la candidatura de Rosana Toso, por cuanto se desempeña como directora de Adultos Mayores de Paraná; la de Stella Maris Perrone, “por tener causas judiciales en Neuquén”; a Paula Barrios “debido a la evidente y manifiesta intencionalidad de usufructuar un cargo público debido a que la mencionada fue candidata a intendente por el PJ en las elecciones del 14 de abril”; y a José María Demartini “por pertenecer al organismo que intenta renovar autoridades”.
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La Comisión de Enlace, que integran los concejales Silvina Fadel (Frente Renovador), Stefanía Cora (Frente para la Victoria) y Emanuel Gainza (Cambiemos), resolvió respecto de Pazo que “en razón de la sensibilidad que amerita el caso, donde hubo un juicio al Estado Provincial, se violentaron DD HH y en el cual el postulante se vio involucrado, es que esta comisión, dentro de los límites de su competencia, considera necesario la expedición de un nuevo y actualizado certificado de reincidencia” que deberá gestionar el postulante y presentar al Concejo.
“Debido a la falta de consenso de los integrantes que conforman esta comisión, es que se encomienda al Honorable Cuerpo de Concejales el análisis y elaboración de un dictamen sobre el expediente en cuestión, que remitirán a esta Comisión de Enlace, previo a la entrevista contemplada para este proceso eleccionario”, dijo la Comisión de Enlace en su dictamen.
En la Comisión de Enlace, la concejal Cora apoya la legalización del aborto; su par de Cambiemos, Gainza, es declarado pro vida.
Pazo integra la Red de Familias Entrerrianas y es uno de los más férreos opositores a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que en 2018 tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación pero que encontró el rechazo en el Senado.
El aborto negado
Su nombre quedó impreso en un expediente judicial.
El 7 de noviembre de 2018, la Fiscalía de Estado de Entre Ríos presentó el comprobante de depósito de la suma a la que lo condenó la Justicia en el marco de una causa civil iniciada por una mujer, a la que le fue negado el acceso a la práctica de un aborto no punible, fue obligada a continuar con su embarazo, dio a luz fuera de la provincia y como consecuencia sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) cuyas secuelas la acompañan de por vida.
El monto global que depositó la provincia en la Justicia es de $646.720,25, “correspondiente al pago total de capital condenado ($460.32,25) y honorarios regulados en primera y segunda instancia al doctor Martín Rodrigo Navarro ($91.750) y $41.300, respectivamente) y doctor Arsenio Aditardo Navarro en primera instancia ($18.350) y los honorarios de la Perito Médica Nadina Desiree Schumacher ($35.000)”, según el texto de la presentación que hizo el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
El 10 de septiembre de 2018, la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, con el voto del juez Oscar Benedetto, al que adhirió Eduardo Romeo Carbó, con la abstención de Graciela Aída Basaldúa, confirmó un fallo que había dictado un año atrás, el 22 de septiembre de 2017, el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 7, Martín Furman, que condenó al Estado a pagarle a MG, una mujer oriunda de María Grande, una indemnización por los daños ocasionados al negarle una práctica que había recomendado un comité de profesionales del Hospital San Roque, pero que le fue negada en el Hospital San Martín.
La Cámara Civil consideró “reprobable y antijurídica” la actitud del Estado al haber impedido a una mujer “corregir su patología cardíaca de base y negarle la posibilidad de concretar la ligadura de trompas como medio anticonceptivo lícito sin justificación alguna, ambos derechos humanos fundamentales: al disfrute del más alto nivel posible de salud y a decidir no tener más embarazos; todo lo cual desembocó en la gravidez cuya interrupción había consentido y tampoco pudo llevar a cabo por los motivos expuestos, y en la posterior cesárea y el accidente cerebro vascular”.
En primera instancia, el juez Furman condenó al Estado a pagarle $448.000,00 más $12.320,25 por daños y perjuicios.
El día 9 de agosto de 2011, MG fue evaluada por la médica residente Romanela Montenegro. Esa profesional solicitó una interconsulta con Cardiología. El día 10 la atiende otra residente, María Gimena Fernández, que también pidió interconsulta con Cardiología. Ese mismo día la vuelve a controlar Montenegro, y también la doctora Lucía López. Y después, la doctora María Belén Montero.
Ahora bien, ese consentimiento y esa decisión están viciadas”, dice el fallo.Para la Justicia, lo “concreto y no controvertido es que el embarazo continuó y que la actora sufrió el ACV el día 2/12/2011, es decir, en el séptimo día post cesárea, y estando todavía internada. No lo sufrió antes de estar embarazada ni tampoco un año después del parto, sino, insisto, siete días después. Y, como también dijo la experta, en las mujeres embarazadas que sufren la Tetralogía de Fallot no corregida, los cambios hemodinámicos pueden agudizarse. En otras palabras, también es posible y probable que el ACV haya sido consecuencia de no haber interrumpido el embarazo”.
Qué pasó con las impugnaciones
En cuanto a las otras impugnaciones, fueron rechazadas, en su gran mayoría.
Los ediles rechazaron por “extemporánea” la impugnación presentada por el abogado Milton Urrutia a la postulación de Diego Dlugovitzky para Defensor del Pueblo. Además, recomendó al Concejo que incorpore a la lista de postulantes para Defensor del Pueblo a Silvia Campos, que se anotó también para Defensora de Adultos Mayores.
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En cambio, impugnó la postulación de Carlos Díaz Bertozzi por haberse anotado en el Concejo Deliberante fuera de los tiempos reglamentarios. También queda afuera de la competencia por el cargo de Defensor del Pueblo la postulación de Fabián Isaac Rojkyn, por haber presentado insuficientes avales.
Martín Adolfo Apaldetti, en tanto, quedó en carrera para competir luego de que fuera aceptada su postulación por la Comisión de Enlace.
Por el contrario las impugnaciones de la Asamblea Ciudadana Vecinalista a las postulaciones de Pablo Donadío, Rosa Hojman, Eduardo López Segura y Silvia Campos no tuvieron acogida favorable. Sólo aceptó la impugnación de Donadío para el cargo de Defensor del Pueblo Adjunto.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.