El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos ha venido tirando de la cuerda con sus críticas al funcionamiento del sistema penal en la provincia, con el que está disconforme. Y lo hace con la utilización de latiguillos, metáforas y giros lingüísticos que caen como baldazos de agua fría sobre las espaldas de los magistrados aludidos.

Hace un mes dijo que «los jueces de Garantía están pintados. Tenemos sueldos importantes para hacer de escribanía de lo que piden los fiscales. Entonces, si tenemos un error de los fiscales, tenemos error de la escritura, porque la escribanía va a sellar el error. Debemos contar con una defensa fuerte. Y es lo que pide el pueblo. No creo que los entrerrianos aplaudan que ante un triple homicidio (se refiere, sin nombrarlo, al caso de los hermanos Siboldi, NdelR)  haya que tener 16 policías y tobillera y monitorear, para que puedan estar en la casa de la abuela los que están siendo investigados. Más allá de que es apreciación personal, los entrerrianos no quieren eso. Y los legisladores tienen que legislar para lo que piden los entrerrianos. Hay que escuchar ala gente y no actuar para la tribuna. Hay que asegurar las garantías pero también asegurar a las víctimas».

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La seguidilla de declaraciones de ese estilo del presidente del STJ ha colmado el vaso de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, que elevó una nota a Castrillón y mostró su malestar hacia el tono de esas declaraciones y en particular por el menoscabo que representan para la labor de los jueces en la provincia.

«Nos dirigimos a ese Tribunal dado que de la permanente comunicación con nuestros colegas jueces y funcionarios del Poder Judicial de la Provincia, advertimos con preocupación la sucesión de expresiones de la Presidencia de ese alto cuerpo – realizadas tanto en medios públicos como en eventos científicos e institucionales – que lejos de acercar la función de nuestros asociados a los destinatarios del servicio de justicia, descalifican gratuitamente su cotidiana labor y la misión constitucional llamados a desempeñar; descalificación que se irradia a todos quienes formamos parte de la justicia provincial, abonando un creciente desprestigio del cual no escapa ninguno de sus integrantes», dice el texto de la nota que elevó la Asociación de Magistrados, con las firmas de su presidenta, Gabriela López Arango, y su secretario general, Leonardo Portela.

La nota, elevada a Castrillón y al resto de los ocho vocales del STJ, hace notar que las declaraciones con expresiones descalificadoras hacia los magistrados, «además de depreciar el trabajo de todos aquellos, no guardan relación con la trascendencia de las decisiones que toman diariamente en los casos que actúan, ni tampoco la  prudencia debida, con consecuencias negativas y tangibles en sus personas y en su relación con la comunidad». Y por eso le plantearon al titular del alto  cuerpo que «reflexione acerca del impacto que manifestaciones de esta naturaleza generan en la sociedad, en un contexto de permanentes demandas sociales, muchas de las cuales son canalizadas a partir de los procesos judiciales existentes, y necesitadas de nuestra intervención».

Y recuerdan que desde la entidad se «ha expuesto en reiteradas oportunidades la importancia del respeto en el trato mutuo, en todos los ámbitos e instancias; y ello aun cuando exista disenso o críticas que constructivamente aporten a una mejor manera de desarrollar nuestra tarea -incluso si se realiza a través del ejercicio de vuestra potestad revisora, o de última instancia -, valiendo como ejemplo nuestra actuación en ocasión del tratamiento que dicho Tribunal dio al recurso de apelación interpuesto por el Dr. Hugo Daniel Perotti, al ser sancionado por el trámite dado a un amparo, y que originara la decisión del punto 3°) del Acuerdo General N° 20/15del 7/7/2015, que la revocó».

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.