El juez Rafael Martín Cotorruelo rechazó hoy el pedido de probation que formuló, por segunda vez, la defensa de Enrique Isaac Susevich, acusado por haber malversado fondos públicos destinados a la impresión de boletas para la campaña electoral de 2015 en su rol de administrador de los fondos de Cambiemos.

De ese modo, Cotorruelo confirmó lo resuelto por la jueza de Garantías Elisa Zilli el 24 de octubre último, que inhabilitó la vía de la suspensión del juicio a prueba, pedida por el defensor de Susevich, Sergio Avero. El magistrado consideró que lo resuelto por su colega estaba suficientemente fundado.

La causa por defraudación a la Administración Pública que se le sigue al cajero de la campaña de Cambiemos en 2015, el actual delegado de Anses en Paraná, Enrique Isaac Susevich, no termina de resolverse. La Fiscalía pidió la remisión a juicio oral, con un pedido de pena de cumplimiento efectivo: 3 años de prisión.

Disconforme con lo resuelto por Cotorruelo, el defensor de Susevic, Sergio Avero, anunció que recurrirá ante la Cámara de Casación Penal, y de obtener un nuevo rechazo, se presentará ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), «que entiendo tiene otro criterio para resolver estas cuestiones».

La defensa de Susevich va por una salida alternativa: la suspensión de juicio a prueba o probation. Ya la jueza de Garantías Elisa Zilli rechazó esa posibilidad, y acordó la remisión a juicio, tal la petición del Ministerio Público Fiscal. Disconforme con esa decisión, que tildó de “infundada”, Avero acudió en apelación ante el juez de juicio Rafael Martín Cotorruelo.

En la audiencia que se realizó en dos partes este jueves, dijo que la disposición de la jueza Zilli “no tiene los fundamentos suficientes” , y recordó que la investigación contra Susevich se abrió luego de una “actuación oficiosa de la Fiscalía luego de una denuncia a través de los medios en relación a que el Tribunal de Cuentas había observado una rendición de Cambiemos, y había requerido al responsable económico la devolución de parte de los fondos otorgados”. Y se quejó de que esa investigación tuvo amplia repercusión en los medios, aunque negó que haya existido delito sino más bien un “error” de interpretación de parte de Susevich.

La Fiscalía le imputa a Susevich el delito de fraude a la Administración Pública por haberle dado otro destino a una parte de los fondos otorgados por el Estado entrerriano para la impresión de boletas de Cambiemos para la campaña electoral de 2015.

Susevich  ya fue condenado por el Tribunal de Cuentas a devolver $ 752.999,84. Lo hace en cuotas, y asegura que ya restituyó un 40%. Según el último cálculo del área de auditoría del organismo, de fecha  13 de agosto, la suma actualizada que debe reintegrar Susevich es de $1.763.192. A ello se le deben agregar los intereses. El Tribunal de Cuentas ya aprobó su oferta de devolver el dinero en 12 cuotas.

El monto que se le reclama es la que se utilizó para otras gastos no estipulados en los decretos N° 2892, del 25 de agosto de 2015, por la suma de $1.027.687,04; y el N° 3743 del 14 de octubre de ese año por $ 615.312,90.

Ambos decretos especificaban que el dinero debía utilizarse para el gasto en impresión de boletas de las elecciones primarias de agosto y generales de octubre de aquel año.

Argumentos defensivos

El defensor Avero entiende que ese acuerdo de devolución de fondos debería llevar a una resolución distinta en Tribunales y no seguir el criterio que sustenta la Fiscalía. “El Tribunal de Cuentas no observó malversación de fondos o que se haya ocultado o no se haya rendido. Lo que sostiene es que los fondos se destinaron a gastos relacionados con la campaña, pero diferían del objeto del decreto, que era impresión de boletas. Cambiemos rinde cuenta en detalle, con facturas, de gastos que estaban relacionados con la campaña: librería, papelería, alquiler salón, afiches, publicidad en canal 9, pasacalles. Claramente, son gastos de la campaña, pero diferentes del fin específico, que era la impresión de boleta, como decía el decreto”, sostuvo Avero.

Y apuntó que “Susevich no utilizó los fondos para fines personales ni distintos a una campaña, sino que el gasto no fue especifico al determinado por el decreto que dispuso la entrega del subsidio”. Al respecto, reprochó el planteo de la Fiscalía, que entiende que hubo fraude a la Administración Pública. “Hay un error en la rendición de cuentas, pero no hay ocultamiento. Los fondos fueron destinados a la campaña. Con lo cual el requerimiento fiscal claramente no tiene sustento fáctico ni legal que permita mantener el requerimiento de elevación a juicio, como venimos sosteniendo y que lamentablemente no ha sido atendido nuestro reclamo”.

“Susevich no tiene que demostrar que es inocente. Susevich es nocente –planteó-. Esta inversión que hace la Fiscalía, que Susevich es culpable, y que tiene que demostrar su inocencia en juicio oral y público, es subvertir el ordenamiento legal”.

Los medios

Avero también se quejó del tratamiento que ha tenido el caso en los medios, y dijo que su defendido se enfrenta a una “lucha desigual donde está en desventaja”. Que ahora, dijo, se lo asocia con un delito de corrupción en grandes titulares, pero que en caso de ser absuelto, la información saldrá en un recuadro “muy chiquitito”.

Razonó luego que el hecho de que Susevich haya suscripto un convenio de devolución del dinero con el Tribunal de Cuentas hace desaparecer el eventual perjuicio a la Administración Pública. “Se ha devuelto más del 30%, casi el 40%, y se está cumpliendo. No hay perjuicio, no hay engaño. Pedimos la suspensión del juicio porque no queremos someter a mi defendido al escarnio público”.

Y volvió con el argumento de que Susevich está en desventaja ante los medios de comunicación. “Ya se ha instalado en los medios. Pero esa es la verdad para la opinión pública, no la que está en el expediente, a la cual la opinión pública jamás accede”.

“Conferencia de prensa”

El fiscal Juan Francisco Malvasio rechazó el planteo de Avero y pidió que se confirmara lo resuelto por la jueza Zilli en octubre último.

“Avero, de manera sistemática, pone en conocimiento de las jueces cuestiones que son totalmente ajenas a la investigación del Ministerio Público Fiscal, y al rol del titular de la acción penal pública, que es investigar hechos que tengan apariencia de delitos. En ningún momento se pretendió etiquetar a Susevich. Se le imputó un hecho delictivo”, explicó.

 “El hecho que se le atribuyó es un hecho claro, coherente, y se le dio la posibilidad de ejercer derecho de defensa. Lo que se le imputa es que sustrajo dinero público, y ello le provocó un perjuicio patrimonial al Estado. A Susevich se le entregó una suma de dinero para que imprima boletas y Susevich lo malversó. Se le entregó ese dinero para imprimir boletas, y Susevich lo utilizó para gastos totalmente distintos a los que estableció el decreto de otorgamiento de ese subsidio. Y por eso dijimos en la audiencia de remisión a juicio que ese comportamiento era asimilable a hechos de corrupción, porque el perjudicado es el erario público”, afirmó.

Luego, enrostró al defensor la estrategia defensiva que desplegó y sus críticas a los medios por estigmatizar a Susevich. “El escenario para la defensa mediática no es este ámbito. Si Susevich se siente etiquetado por los medios, que convoque a conferencia de prensa, pero no a una audiencia en Tribunales”, opinó.

Además, hizo notar un aspecto que le llamó la atención: “A Susevich se le entregó un subsidio en 2015, y pretende devolverlo en 2019, cuando el Tribunal de Cuentas lo condena y cuando la Fiscalía pide elevación a juicio de la causa”.

“La pretensión de la defensa –argumentó Malvasio- debe ser desechada. Vino a hacer más una defensa mediática que jurídica. No ha dado ningún argumento para echar por tierra los argumentos de Fiscalía”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.