Fueron necesarios dos recursos de amparo, la intervención de un juez y las negociaciones de última minuto para que el conflicto por la recolección de residuos en Paraná, que se inició el domingo 3 a la noche, quedara hoy en suspenso a partir de una resolución que no fue judicial sino administrativa: la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 10 días hábiles.

La novedad se conoció cuando la maquinaria judicial se había puesto a andar: dos jueces tomaron parte en un primer momento, la jueza de Garantías Susana María Paola Firpo y el juez de juicio Alejandro Joel Cánepa. Este último pidió, para no caer en el hipotético escándalo judicial de que dos magistrados tuvieran posiciones encontradas sobre un mismo asunto, la unificación de los dos amparos. Eso ocurrió. Actuó Cánepa. Pero su función más que judicial fue de arbitraje. Un moderador: los amparistas y los demandados acordaron aceptar la conciliación obligatoria y restituir el servicio desde las 0 de este sábado.

La novedad es que la Provincia aportará su colaboración, y pondrá a disposición camiones de Vialidad para auxiliar en la recolección de la basura que llena las esquinas de la ciudad.

Paraná seguirá este viernes rodeada de basura. La ciudad produce a diario cerca de 300 toneladas de residuos. Cada contenedor dispuesto en las distintas esquinas tiene capacidad para 1.100 litros. Todos hoy están desbordados. Aunque la solución está por llegar.

El debate

La audiencia en Tribunales fue breve pero compleja a la vez. El juez Alejandro Cánepa aclaró antes del inicio que había tomado dos resoluciones: no permitir el ingreso de público que no fueran las partes en conflicto, y habilitar el ingreso a la prensa para que pudiera registrar y luego relatar los pormenores de un trámite judicial que abordó un asunto urgente: el grave problema sanitario que supone la acumulación de días sin recolección de residuos por una medida de fuerza sindical.

Afuera quedaron, entonces, entre otros, la diputada provincial electa e hija del intendente, Lucía Varisco, y el concejal Carlos González.

Cánepa debió actuar como un árbitro celoso de la discusión –no permitió el intercambio, sólo la presentación de las posiciones-, y cauto a la hora de tomar resoluciones. Escuchó a todos. Alicia Glauser, de la Asamblea Vecinalista de Paraná, aclaró que el amparo que habían presentado fue “contra la gestión” del intendente Sergio Varisco, y para “calmar” a los vecinos: negó que se actuara para boicotear el paro de los trabajadores, y reprochó el abandono de los barrios en cuanto al aseo y recolección residuos. También se quejó por las condiciones en que desempeñan su labor los empleados municipales. “Recogen la basura con las manos. Pedimos que se respete la dignidad del trabajador”, planteó.

Luego, aclaró: “Nunca pensamos llegar a este lugar, con un gravísimo problema originado porque hace 20 días que no se recolecta la basura. La ciudad es un basural a cielo abierto, con todas las consecuencias. Esto afecta la salud de nuestros vecinos. Hemos llegado hasta aquí con el aval de todos los ciudadanos. Están desesperados los vecinos. Queremos salir de este espacio con una solución. Afuera nos esperan los vecinos”, sostuvo Glauser.

Aseguró que ha debido frenar ataques de furia en los barrios –“quieren quemar todo”- y la resistencia incipiente –“la gente no quiere pagar las tasas”-, y esbozó: “Estamos ejerciendo la calma”.

El otro amparo, presentado por la Municipalidad contra el Sindicato Unión Obrera y Empleados Municipales (Suoyem), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación del Personal Superior (APS), quedó en evidencia en Tribunales, involucró a quienes no debía. Alejandra Levrand, secretaria general de APS, dijo que su  sindicato no había convocado a ninguna medida de fuerza y que aún así habían sido incluidos en el amparo.

La abogada del Municipio, Mariel Varisco, dijo que habían promovido amparo “contra los tres sindicatos” amparados en la ordenanza  N° 9.991, dictada en 2014, y que declaró “servicio esencial” a la recolección de residuos.

El juez Cánepa le preguntó al secretario legal y técnico del Municipio, Walter Rolandelli, si era verdad que la APS había sido demandada y no era parte de la medida de fuerza. “Nos dimos cuenta que era prácticamente total el paro y entendimos que la APS se había sumado. No podemos saber a qué sindicato está agremiado cada empleado”, expresó.

Luego, se quejó de que el gobierno municipal había pedido la conciliación obligatoria el martes ante la Secretaría de Trabajo y no habían tenido respuesta.

Entonces, intervino el secretario de Trabajo, Fernando Quinodoz –que llegó tarde, y con una resolución de conciliación que tenía errores, por lo que debieron acercarla otra versión, corregida- y anunció que desde las 13 de hoy y por 10 días hábiles regía la conciliación obligatoria en el conflicto municipal.

Cánepa preguntó entonces si los sindicatos acataban: ATE y Suoyem dijeron que sí; la APS argumentó que no estaba en medida de fuerza así que mal podía acatar una conciliación de un conflicto inexistente.

Lo que siguió fue una discusión bizantina: Cánepa quería establecer, y resolver, sobre el restablecimiento del servicio de recolección de residuos, con lo cual los amparos devenían abastractos.

Les preguntó a los representantes de la Municipalidad si la vuelta del servicio de recolección de residuos podía ser inmediata. “Es el Día del Trabajador Municipal”, argumentó Rolandelli.

-¿Dieron asueto en medio de esta emergencia? –preguntó Cánepa, con cierta impaciencia.

Leyeron los funcionarios municipales unas apostillas: que hay 17 compactadoras más 10 camiones volcadores disponibles, y que el servicio podía restablecerse a las 0 del sábado.

Luego de que la fiscal Priscila Ramos Muzio pidiera la intervención de la Provincia en el conflicto, los abogados Cristina Federik y Sebastián Trinadori, de la Fiscalía de Estado, anunciaron el ofrecimiento de la Provincia de ceder vehículos de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para auxiliar en la recolección de residuos. El ofrecimiento fue aceptado por Rolandelli, aunque la colaboración no será inmediata porque el acuerdo fue a las puertas de un fin de semana.

Vialidad aportará choferes y vehículos, y la Municipalidad, el personal para recoger la basura.

El juez quiso saber si en medio de la medida de fuerza hubo guardias mínimas garantizadas. Jorge Broccado, secretario general del Suoyem, contestó que se recogían los residuos patológicos de hospitales y centros de salud, y consideró que con eso se satisfacía el mandato de cubrir las guardias mínimas. “Pedimos  disculpas a los vecinos. Pero para nosotros, el residuo de la vía pública no es algo esencial. No es un servicio esencial”, señaló el dirigente sindical.

Hubo luego una discusión en torno a los servicios esenciales, y el juez Cánepa zanjó el debate con una pregunta. “¿Siete días sin recolección de residuos, y con los efectos de dicha medida, les parece que no corre peligro la salud de la población?”.

En esa instancia, el juez pretendió dar por concluida la audiencia, con la declaración de “abstractos” de los dos amparos, al dictarse la conciliación obligatoria y el restablecimiento de la recolección desde la 0 de este sábado, con el apoyo de Vialidad.

Siguió una discusión respecto de cómo llevar a la práctica la colaboración Vialidad-Municipalidad, qué responsabilidad le cabe a cada quién. Fue por eso que Cánepa resolvió por fin “instar al Gobierno de la Provincia y a la Municipalidad de Paraná a que el servicio de recolección de servicios se restablezca en aquellas zonas donde se pueda realizar”.

“Apelo a que el servicio se reanude a partir de las 0 de mañana”, concluyó.

Los vecinos, sin embargo, plantearon una duda: qué sucederá cuando concluya la conciliación obligatoria y de qué modo se garantizará la continuidad de la prestación del servicio de recolección de residuo hasta el final de la gestión del actual intendente.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora