La pericia contable, cargo de una perito de la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), se inició este lunes 4 de noviembre, y sus conclusiones servirán para despejar dos asuntos que están en debate en la causa de los contratos supuestamente apócrifos en la Legislatura entrerriana: si esas contrataciones son «truchas» o están en regla, y si son irregulares, de cuánto fue el perjuicio al Estado.

Aunque el modo cómo se desarrolla esa pericia todavía no logra conformar a todos, y por ante el rechazo de puntos de pericia formulados por el abogado Emilio Fouces, que defiende a Sergio Cardoso, exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, el próximo viernes 15 habrá una audiencia en Tribunales ante la jueza de Garantías Marina Barbagelata.

La contadora Andrea Mariana Battisti, profesional dependiente de la Sala N° 2 en lo Civil y Comercial , inició el lunes 4 de noviembre la pericia sobre el listado de los contratados que quedaron bajo la lupa en la causa conocida como los contratos de la Legislatura.

El trabajo de la profesional es clave para dilucidar si existieron irregularidades en las contrataciones y, si las hubo, el monto del perjuicio al Estado provincial. La tesis de la Procuración es que los contratos apócrifos existieron y que le produjo un perjuicio al fisco en el período 2008 a 2018 del orden de los $2.000 millones. Ese monto surgió de un informe provisorio de un perito de la Procuración, que a principios de septiembre no fue considerado válido por  la camarista Carolina Castagno.

Los abogados defensores opinan de modo distinto. Aseguran que no existió una organización que operó en el armado y cobro de contratos apócrifos. Y defienden la legalidad de los contratos laborales –alrededor de 500- que se están peritando.

El abogado Emilio Fouces, que defiende a Sergio Cardoso, Director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, solicitó esta semana que se fije una nueva audiencia para discutir los puntos de pericia que no le fueron aceptados por la Fiscalía. La fecha para una nueva discusión será el viernes 15 de noviembre, ante la jueza de Garantías Marina Barbagelata.

En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, el letrado destacó que se haya iniciado la pericia contable. “Nosotros pedimos desde el primer momento que se haga la pericia. Nos parece fundamental porque si se está hablando de un delito de índole económica hay que saber el monto que está puesto en discusión. La Fiscalía siempre fue reticente. Ellos lograron imponer en la opinión pública el monto que ellos antojadizamente consideraban. Primero fue de $1200 millones y luego de $2 mil millones. Como nosotros decíamos de donde lo sacan, finalmente accedieron a hacer la pericia”, señaló.

Reseñó Fouces que primero los fiscales de la causa, Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, propusieron hacer el trabajo a través del contador Héctor Enrique, que depende del Ministerio Público Fiscal, pero que los defensores se opusieron y pidieron que intervenga un perito oficial del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

En ese sentido, recordó que la jueza de Garantías Barbagelata accedió al pedido y que finalmente se designó a una perito del STJ, en este caso dependiente de la Sala Civil y Comercial, que preside el vocal Martín Carbonell.

No obstante, Fouces manifestó que la Fiscalía no aceptó todos los puntos de pericia que solicitó que se practiquen. De 10, dijo, le aceptaron 7. Disconforme, peticionó una nueva audiencia para que la jueza le haga lugar a su pedido y se amplíen los puntos de pericia.

“El 15 de noviembre hay una audiencia donde vamos a discutir porque yo quiero que la jueza de Garantías me haga lugar a los tres puntos que Fiscalía no acepta y considero que es importante para la investigación”, remarcó el letrado.

A su vez, planteó que la pericia contable “va a desentrañar un montón de cosas que están en duda para la Fiscalía. En el caso de mi cliente son importantes, porque se va a desmitificar que era una organización que armaba los contratos”.

“Vamos a demostrar que los cheques los cobraba cada beneficiario, y que las cuentas sueldos la abrieron cada beneficiario en el banco”, agregó.

En esa línea, destacó la participación que está teniendo en la pericia el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, quien se incorporó en el caso como actor civil, en representación de los intereses del Estado provincial.

“Está participando activamente en la pericia el Fiscal de Estado, cosa que me parece muy bien porque él dijo en una audiencia que iba a controlar la legalidad de los contratos. Es la cuestión básica acá: que si los contratos son legales o truchos. Para nosotros los contratos son absolutamente legales”, acotó Fouces.

En cuanto al plazo de la pericia, sostuvo que no existe y que el trabajo durará “el tiempo que le demande” a la perito del STJ.

Finalmente, consideró que esta discusión debe saldarse cuanto antes para resolver la situación procesal de su defendido y de otros imputados. “Acá hay gente procesada, embargada y con restricciones para moverse en la ciudad. Y hay gente que tiene los bienes inhibidos. La verdad que no resiste lógica y es una causa que al principio parecía que estaba todo tan claro, y evidentemente cada vez está menos claro”, concluyó.

La acusación

En la acusación, los fiscales sostienen que al menos entre 2008 y 2018, Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial. La cifra sustraía, afirman, sería de alrededor de $2 mil millones.

Y que en esa organización, para los fiscales, en los escalones “superiores” se encontraban el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure.

“Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil $50.000 por vínculo”, agregan en la nueva apertura de la causa formulada el 6 de marzo de este año.

En tanto, señalan que en el ámbito de la Cámara de Diputados tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011 “con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.

En otro párrafo destacan que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

Se precisa que la detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, en los diferentes períodos: Juan Domingo Orabona, actual presidente del Instituto Provincial del Seguro (Iapser) fue Director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011; Jorge Fabián Lázzaro de 2011 a 2015; y Gustavo Hernán Pérez, fue jefe del área de contratos, Subdirector y Director del Servicio administrativo contable de la Honorable Cámara de Senadores, de 2015 a 2018; y Sergio Cardoso, que es Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, hoy en uso de licencia.

“La gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos ‘contratistas’, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena  y/o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación, y lo abonaban a través de la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de ‘Entre Ríos Servicios’, emplazada en el propio Estudio ‘Integral Asesoría’ de los tres primeros contadores mencionados”, agrega la acusación.

En la nueva descripción del hecho se menciona por primera vez al exgobernador Sergio Urribarri. Es cuando se afirma que Cardoso “actuando en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011, y siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió al menos a los Sres. Diputados (Juan Reynaldo) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón y (Daniel) Ruberto, la suscripción de al menos diez (10) contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto de que los ‘contratistas’, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.