En enero de 2019, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley N° 27.499, la Ley Micaela, que impone un presupuesto mínimo: la capacitación “obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.

La Ley Micaela está inspirada, claro, en el femicidio de Micaela García, ocurrido el 1° de abril de 2017 y por el cual fue condenado a perpetua Sebastián Wagner, y por el cual espera nuevo juicio Néstor Pavón, un caso que generó repercusión nacional y que derivó en un jury al juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi. El magistrado fue acusado de haber permitido la salida de la cárcel de Wagner, condenado por dos violaciones, proceso del que finalmente salió libre de culpa y cargo.

En la Legislatura de Entre Ríos ingresaron tres proyectos de ley de adhesión a ese marco de ley –uno de la diputada Gabriela Lena (Cambiemos), otro de Gustavo Zavallo (PJ), un tercero del senador Ángel Giano (PJ)- pero ninguno consiguió la sanción. No obstante, la ley nacional resulta operativa: sólo resta que los tres poderes, y sobre todo la Justicia, resuelvan comenzar a aplicarla.  

Al margen de esa suerte que tuvo el tratamiento legislativo que tuvieron esas iniciativas, la abogada Fernanda Vázquez Pinasco entiende que es una cuenta pendiente del Poder Judicial abrirse a una mirada con perspectiva de género.

“Falta tanto en la justicia”, analiza, y rescata fallas de la jueza de Garantías Elisa Zilli, “que tiene trayectoria, fallos maravillosos y está atravesada por la perspectiva de género. Pero las víctimas siguen desamparadas. Sigue habiendo femicidios, y llegamos tarde. Falta mucho y yo creo que hay que seguir trabajando”, dice.

La abogada, que se especializa en la defensa de mujeres víctimas de violencia de género, quedó ahora en ese lugar, el de víctima, luego de recibir una amenaza del exnarco Julio Godoy en medio de una audiencia en la Justicia. Fue hace un mes atrás, cuando Vázquez Pinasco, abogada querellante en una causa por violencia de género iniciada por la exmujer y la hija de Godoy, y tras concluir su alegato en el que pidió la ampliación por 30 días de la prisión preventiva en la Unidad Penal, vio cómo el acusado le hacía el gesto de muerte: se cruzó el dedo pulgar de la mano derecha a lo largo del cuello, y se lo dirigió a la abogada.

Vázquez Pinasco fue al día siguiente a Tribunales, pidió el video de la audiencia, y lo presentó como prueba en una causa que inició por amenazas y violencia de género. Ahora, se asume como víctima, está con botón antipánico, y Godoy con tobillera dual. Y reprocha la falta de perspectiva de género, y de empatía, del defensor oficial de Godoy, Fernando Álvaro Calleja, que negó que hubiera existido aquella amenaza.

Ahora, Godoy, que ya cumplió 60 días de preventiva en la Unidad Penal, está libre pero con medidas de coerción para evitar que se fugue, que entorpezca la investigación o que amedrente a las víctimas.

El viernes 22, Vázquez Pinasco se encontró nuevamente con Godoy, otra vez en Tribunales. “Después de la denuncia que hice, tuve que volver a ejercer mi profesión, porque soy abogada de la querella, a pesar de que se mezclan las cosas: soy víctima también de este marcho violento. Pero es así, nos toca poner el cuerpo. Pedí el botón antipánico por las amenazas y debí hacer el trámite en el 911, y alertar a la comisaría de mi barrio. Las víctimas y el señor tienen tobillera dual, que advierte cualquier tipo movimiento. Pero es terrible lo que tenemos que vivir”, contó durante una entrevista en el Programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1.

La letrada se sorprende la “impunidad de este marcho violento” que frente a una jueza, Elisa Zilli, y una fisca, Mercees Nin, lanza una amenaza hacia una querellante. Por eso, Vázquez Pinasco dice que al momento de los alegatos en una futura audiencia de remisión a juicio de la causa, pedirá el máximo de la pena para Godoy. “Es punitivismo patriarcal en este caso, pero voy a ir por el máximo de la pena”, asegura.

Luego, echa una mirada sobre las modos de resguardo que tienen las víctimas –ella misma se ubica en esa situación en este caso- ante el violento. “El botón antipánico, por más que sea una herramienta de protección, es fácil de sortear. En cambio, la pulsera electrónica o la tobillera, no, porque el agresor tiene un monitoreo permanente. El botón antipánico pone a la víctima en su propia protección. Yo he sido critica del botón. Pero a pesar de eso en esta ocasión pedí el botón antipánico”, cuenta. Pero rehusó la tobillera dual, porque, asegura, “no hay una infinidad de tobilleras, son limitadas, y preferí que quede para una víctima que lo necesite más que yo”.

Al respecto, afirma que con el botón antipánico la víctima “queda entrampada en su propia custodia. Es custodia de ella misma. Además, los varones violentos saben cuánto demora el 911 y lo evaden”.

Además, hay una cuestión mecánica en el botón que lo torna vulnerable: “La víctima tiene que destrabar el celular, buscar la aplicación, apretar la aplicación, apretar la orden para el móvil policial, darle confirmación. Todo eso tiene que hacer la víctima para que se active el botón. Es complejo. Y lo tiene que hacer en una situación de miedo paralizante. Yo ahora estoy en el mismo lugar, porque ante la situación de encontrarme con el agresor me voy a paralizar. Estoy trabajando en sortear mi parálisis si me lo cruzo. Lo que a mí da alguna garantía, por poner un término, es que yo no tengo ninguna relación con este sujeto, más que ser la abogada de la querella. Me manejo desde otro lugar, pero el miedo paraliza, aunque yo tenga todas las herramientas que me dio la academia, mi profesión. Yo lo cuento como situación de otra persona. Me corro un poco de lugar del de víctima. Me empodero, busco herramientas. Pero el resto de las mujeres deben quedar encerradas en sus casas, a la espera del juicio”.

Y entonces habla de la falta de perspectiva de género que todavía tiene la Justicia para dar contención debida a las víctimas, y se centra en la actuación del defensor de Julio Godoy, un miembro del Ministerio Público de la Defensa, “que tuvo cero empatía conmigo, que ni debe conocer la Ley Micaela, que tiene que defender al machito violento, pero que también tiene que ponerse en el lugar de la mujer. Falta mucho por hacer”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.