El Senado otorgó este miércoles por la noche el acuerdo constitucional a los pliegos de 18 defensores que se incorporarán al Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial. Entre ellos, está un pliego que despertó interés y generó roces: el de Paula Montefiori, esposa del expresidente de Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), Juan José Canosa, condenado en 2018 a una pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional al haber sido hallado culpable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Además, cuenta con otra causa abierta, por enriquecimiento ilícito.

Montefiori ya había sido defensora oficial, entre 2014 y 2017, cuando renunció a su cargo en medio de la ventilación de la investigaicón penal sobre Canosa.

En el maco de la investigación penal preparatoria sobre el supuesto delito de enriquecimiento, en 2018 la Justicia allanó la vivienda que ocupan Montefiori y Canosa en el barrio Médico, en Paraná.

La pesquisa judicial sobre Canosa arrancó luego de una presentación que hiciera a mediados de diciembre de 2016 el senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos) ante el Procurador General Jorge García.  Con el patrocinio del abogado Guillermo Mulet, presentó una denuncia penal y una “urgente medida de no innovar” en el marco del llamado a licitación que había lanzado la tarjeta Sidecreer, en procura de incorporar capital privado que la auxilie a salir de la asfixia financiera en la que quedó después de dos gestiones de Juan José Canosa, entre 2009 y 2015.

Unos días después, hubo otra presentación contra Canosa en el que se dio cuenta de su brusco aumento patrimonial, esta vez motorizado por un grupo de diputados de Cambiemos.

Lo que siguió fue la apertura de dos causas contra el extitular de Sidecreer: una por negociaciones incompatibles con la función pública, por haber beneficiado, desde el sillón de presidente de la tarjeta de crédito oficial, a parientes y amigos con contrataciones. Por esa causa, a comienzos de septiembre último, Canosa fue condenado a la pena de 3 años de prisión condicional. 

Pero hay una segunda causa en trámite, por supuesto enriquecimiento ilícito.

¿Qué investigan?

Las «inversiones» que Canosa efectuó en su paso por la función pública fueron ventiladas durante una audiencia en Tribunales en agosto de 2017. 

Una primera declaración jurada de bienes, presentada el 28 de diciembre de 2016, fue corregida sucesivamente por Canosa, y de esa presentación se desprenden las inversiones hechas por el funcionario.

En aquella audiencia de agosto de 2017, el fiscal Juan Malvasio, que lleva adelante la investigación penal preparatoria, detalló la información que se ha podido colectar, por datos aportados por el propio Canosa y como resultado de allanamientos a distintas mutuales.

“El presidente de la Mutual 10 de Abril pone en conocimiento de Fiscalía que el imputado Canosa tenía depositados, como inversión, la suma 920 mil pesos, operación que fue garantizada con un cheque del Banco Santander Río. Las distintas mutuales, a las que se les requirió la proporción de información, a fin de investigar el delito de enriquecimiento ilícito por el cual se investiga a Canosa, pusieron en conocimiento de la Fiscalía que no había dinero alguno del imputado Canosa invertido en dichas mutuales. Eso motivó que el 27 de abril, la Fiscalía solicitara a la jueza (Paola Firpo) libre orden de allanamiento a las mutuales a fin de secuestrar todo tipo de documentación que involucre a Canosa y que tenga relación con el objeto procesal”, detalló el fiscal.

Sólo después de esos allanamientos surgieron aportación de pruebas por parte de otra mutual en la que Canosa puso a buen resguardo sus ahorros: en Amcap puso entre $300 mil a $400 mil.

“El presidente de la Mutual 10 de abril acompañó a la Fiscalía un contrato de mutuo, que está refrendado por el imputado Canosa y por el presidente de la mutual. Es una inversión de 100 mil dólares, Con un interés del 15% anual. Asimismo, Mutual Amcap ha puesto en conocimiento de la Fiscalía que el imputado Canosa, entre abril y noviembre de 2016, invirtió entre 300 y 400 mil pesos en la mutual”, añadió.

De modo que la investigación judicial detalló, en principio, la destreza como buen inversor de Canosa: en la Mutual 10 de Abril “invirtió” primero 920 mil, y luego, 100 mil dólares; y en la Mutual Amcap, entre $300 mil y $400 mil.

Pero Malvasio hizo notar un dato: “En las declaraciones juradas de Canosa no se advierten estas sumas invertidas”.

Por esa razón, la Justicia pidió informe al Colegio de Escribanos para determinar qué profesional intervino en protocolizar inversiones del expresidente de Sidecreer.

Así se pudo saber que Canosa cuenta, además, con 4 lotes, con una superficie 1.424 metros cuadrados, en el Complejo Interlagos de las Termas de María Grande.

El pliego

En la sesión realizada este miércoles, la Cámara Alta trató una serie de pedidos de Acuerdo para cubrir cargos en la Justicia entrerriana. Fue el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Lucas Larrarte (FpV-San Salvador), quien solicitó que fueran tratados en forma conjunta.

Esto fue aceptado por el cuerpo, salvo con el expediente referido a la propuesta para cubrir la defensoría número 13 de la ciudad de Paraná, donde fue propuesta Paula Montefiori.

Después de votar favorablemente 17 pliegos por unanimidad, tomó la palabra el senador del departamento Paraná, Raymundo Kisser, quien recordó ante el pleno del Cuerpo que oportunamente, como miembro de la comisión de Asuntos Constitucionales, había solicitado ser apartado de participar en el tratamiento del pliego de la doctora Montefiori.

Cabe recordar que el cuerpo aceptó esta solicitud a través de una Resolución y el legislador fue reemplazado por el Senador de Nogoyá, Beltrán Lora.

Kisser dijo que “por las mismas razones que no vale la pena recordar en este recinto”, había decidido apartarse de la votación. Pidió que se establezca plena constancia de toda la situación.

Después tomó la palabra Larrarte, quien explicó que en relación al pedido de acuerdo para Montefiori, como en todos los casos que trata el Senado, se realizaron las publicaciones de todos los antecedentes y se abrió la posibilidad para que la ciudadanía pueda expresarse en favor o en contra de los propuestos a cubrir en forma permanente un cargo judicial.

Recordó que con respecto a la profesional no hubo impugnaciones, muy por el contrario, solo recibió adhesiones, algunas de ellas de reconocidos juristas de prestigio internacional.

A todo esto, se sumó la realización de la Audiencia Pública y el pedido que se hizo a la Procuración una solicitud de información, lo que respondió el titular del Ministerio Público y a través de esa documental quedó establecido que no hay conductas reñidas con la ley por parte de la doctora Montefiori, más allá que se le había solicitado que designara un abogado defensor.

Añadió que en la Audiencia Pública la profesional respondió las requisitorias de los legisladores.

Con el análisis de todos estos antecedentes, comentó Larrarte, se decidió apoyar la designación de la doctora Paula Montefiori. El pliego se aprobó con el voto del Bloque Oficialista y del Vcinalismo.

Los pliegos aprobados

1.     Dr. Diego Ponce, para defensor público 1 de Concordia.

2.     Dra. Yamila Antonella Frate, para defensora pública 6 de Concordia.

3.     Dra. Miriam Fátima Larocca, para defensora pública 5 de Concordia.

4.     Dr. Alejandro J. Bulay, para defensor público 4 de Gualeguaychú.

5.     Dra. María de los Angeles Banno, para defensora pública 2 de Gualeguay.

6.     Dr. Daniel E. Cottonaro, para defensor público 3 de Uruguay.

7.     Dra. Carolina A. Suárez Schumacher, para defensora pública 9 de Paraná.

8.     Dra. Noelí G. Ballhorst, para defensora pública 1 de Paraná.

9.     Dr. Arnoldo César Ceferino Lobbosco, para defensor público 14 de Paraná.

10. Dr. Tulio Fabián Rodríguez Signes, para defensor público 7 de Paraná.

11. Dr. Gaspar Ignacio Reca Ríos, para ser defensor público 5 de Paraná.

12. Dr. Ignacio José Mullor, para defensor público 12 de Paraná.

13. Dra. Paula Montefiori, para defensora pública 13 de Paraná.

14. Dr. Juan Ignacio Lazzaneo, para defensor público 5 de Gualeguaychú.

15. Dr. Juan Hipólito Carlín, para defensor público 10 de Paraná.

16. Dr. Nicolás José Gazali, para defensor público 3 de Gualeguaychú.

17. Dra. Susana E. Pompeya Alarcón, para defensora pública 1 de Gualeguay.

18. Dra. María Fernanda Álvarez, para defensora pública 11 de Paraná.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.