El juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, prorrogó por 90 días las medidas de coerción que pesan sobre 8 policías de la Comisaría N° 15 de Santa Elena, que están acusados de los delitos de vejaciones y privación ilegítima de la libertad, en perjuicio de un menor de 16 años.

Los uniformados seguirán con la prohibición de prestar servicios en Santa Elena (pueden hacerlo en otra localidad); usar el arma reglamentaria fuera de servicio; acercarse y permanecer cerca del denunciante; y de realizar manifestaciones públicas en relación al joven.

Se trata de la causa en la que un joven denunció a toda una guardia de policías el lunes 29 de julio en la Unidad Fiscal de La Paz. En la exposición ante el fiscal Santiago Alfieri, el chico afirmó que el sábado 27, por la noche, acompañó a un tío de su novia a realizar una denuncia y que, tras un cruce con un policía de civil, fue arrestado y golpeado en un “cuarto oscuro” de la institución ubicada sobre avenida San Martín.  

Las restricciones antes mencionadas le fueron aplicadas por primera vez el 1° de agosto. Entonces fue por 60 días, y en octubre la justicia las prorrogó por otros dos meses. Ese plazo venció esta semana, el 8 de diciembre, pero la justicia volvió a extenderlas por tres meses.

Fuentes judiciales indicaron a Entre Ríos Ahora que las restricciones seguirán hasta febrero, para cuando entonces se cumplirán seis meses del proceso judicial.

Además, en esa fecha se calcula que se concluirá la investigación penal preparatoria y el fiscal de la causa solicite la remisión de la causa a juicio de los acusados. Cabe señalar que el abogado de los acusados, Roberto Alsina, no presentó oposición al planteo de la Fiscalía.

Los uniformados fueron detenidos el martes 30 de julio tras una serie de operativos que se realizaron en muchos casos en sus domicilios. El miércoles 1° fueron liberados, pero se les aplicaron las medidas de coerción antes citadas.

De momento, los nombres de los imputados se encuentran bajo estricta reserva judicial, aunque en la ciudad trascendió que son dos los policías que fueron identificados por el denunciante como autores de la golpiza. Sus apellidos son Vargas y Falcón.

Por ello, se estima que no todos los imputados sean llevados a juicio, ya que serían apartados en el marco de la investigación penal. 

La causa

La investigación penal se abrió el lunes 29 de julio tras la denuncia formalizada por un joven, quien dijo que el sábado 27, por la noche, fue detenido tras un entredicho con un uniformado de civil y golpeado por varios policías en la dependencia.

Natalia Centurión es la madre del chico que dio a conocer el caso el domingo 28 de julio en una entrevista publicada por el sitio La Sexta, del departamento La Paz. Días después contó la versión de su hijo en el marco de una entrevista en el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1: “Mi hijo lo había acompañado al tío de su novia a hacer una denuncia. Mi hijo estaba atacado del pecho y escupió. Un policía de adentro del patrullero le dijo ‘guanaco de mierda’ y mi hijo respondió. Después el policía le dijo ‘¿te la aguantás?’. Mi hijo volvió a responder y ahí el mismo policía lo agarra del cuello y le empieza a pegar piñas en la cabeza. Ahí salen otros tres policías del patrullero y lo llevaron adentro (de la Comisaría). Mi nuera se prendió de la cintura para que no lo lleven. A mi hijo lo metieron y lo pusieron boca abajo arriba de una mesa: le agarraron las manos para atrás, y le empezaron a pegar patadas en las costillas. Después lo llevan a un pasillo oscuro y lo cagan a palos”.

Luego de que el caso tomara estado público, el Jefe de Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, dispuso desvincular a los efectivos hasta tanto se resuelva su situación procesal.

Por su parte, el jefe de policía de Santa Elena, Diego Godoy, dijo en una entrevista el 1° de agosto que esperan que se resuelva cuanto antes la situación. “Es una situación bastante compleja por lo rápido y drástico que se tomaron algunas decisión por parte de la justicia, pero son las facultades que le corresponden. Creería y confío que están encaminados en busca de la verdad. Ojalá que salga a la luz la vedad a la brevedad para traer tranquilidad a la sociedad, y más al personal que estaría involucrado y al entorno familiar, porque detrás de cada funcionario detenido hay una familia que está sufriendo”, dijo entonces.

El 9 de septiembre, el fiscal de la causa dijo a Entre Ríos Ahora que trabajaba en la “depuración” de las responsabilidades de cada imputado y explicó que busca establecer detalladamente los distintos niveles de responsabilidad por omisión funcional o por intervención en la propia golpiza.

A su vez, descartó la posibilidad de que los uniformados puedan acceder, si quisieran, a una probation, ya que el caso se resolverá a través de “un juicio o juicio abreviado”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora