Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) finalizaron sus extensos alegatos y solicitaron las penas correspondientes para los acusados en este juicio. En ese marco, solicitaron la pena de 10 años de prisión para el exintendente de Cambiemos Sergio Varisco.

La novedad se conoció hoy, en la segunda jornada de lectura de los alegatos acusatorios.

La Fiscalía General representada por José Ignacio Candioti, Leandro Ardoy y Carlos García Escalada, no formuló acusación para Renzo Bertana y Esther Márquez en el juicio que ventila las causas Narcoavioneta y Narcomunicipio. De ese modo, se otorgará la libertad inmediata a los dos.

Este lunes está concluyendo el alegato acusatorio de los fiscales. Para mañana está previsto que comiencen los alegatos defensivos que se extenderían toda la semana, menos el miércoles.  

Renzo Bertana es hijo de Fernanda Orundes Ayala e hijo del corazón de Daniel “Tavi” Celis.  Se lo acusaba de intervenir en actividades vinculadas al aterrizaje de la avioneta con 317 kilos de marihuana, en María Grande Segunda.

Esther Márquez es la consejera espiritual consultada por los dos hermanos Ghibaudo, a instancias del aterrizaje de la avioneta proveniente de Paraguay.

Ambas personas estaban acusadas desde el inicio de la investigación denominada Narcoavioneta en el Juzgado Federal N°1 de Paraná. Además, Renzo Bertana estuvo en prisión preventiva.

La lectura de los alegatos acusatorios había comenzado el viernes.

La extensa ronda de alegatos comenzó con el Ministerio Público Fiscal en la voz del Fiscal General José Candioti. El fiscal inició su acusación ante el Tribunal Oral Federal (TOF) con la conocida causa de la narcoavioneta. Mientras que el fiscal Leandro Ardoy se encargó de enumerar las pruebas y argumentar la acusación por el expediente conocido como narcomunicipio.  En este artículo se mostrará la introducción de los alegatos del MPF que está previsto que supere las 10 horas de alocución acusatoria. 

“No queda duda que estamos ante una verdadera organización dedicada a la comercialización de estupefacientes a gran escala integrada por múltiples integrantes. Es la organización criminal más importante que hemos juzgado hasta ahora”, aseguró Candioti ante los jueces Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango.

En esa línea, explicó que la Policía Federal Argentina (PFA) logró avanzar minuciosamente en la investigación hasta determinar el organigrama de la organización y luego realizar el operativo que frustró el descenso de los 317 kilos de marihuana en el campo de los hermanos Ghibaudo. 

Respecto a la magnitud de la banda, Candioti explicitó: “Hay funcionarios municipales involucrados. (Hernán) Rivero estaba a cargo de la Unidad Municipal Nº2; (Miguel Cebolla) Leguizamón era el subdirector. Está comprobado que Daniel Celis controlaba la UM2, hay contactos internacionales que dan muestra del comercio. Se comprobó la magnitud a través de los medios con los que contaban: campos para pistas de aterrizajes clandestinas y una logística que le permitió que descienda un avión para traer más de 400 paquetes con estupefacientes”.

En esa línea, el fiscal fustigó: “Todos los hechos relatados tienen su relato con prueba documental y testimonial”.

Pedidos de penas

  • Daniel Tavi Celis: 15 años de prisión y una multa de $300.000. Para el lider narco fue el mayor pedido de pena por tener dos delitos en concurso real, ya que es el único de los imputados que tiene vinculación con ambos expedientes. Se lo acusó de ser el organizador y financiador del comercio de estupefacientes. 
  • Miguel Titi Celis: 12 años de prisión y una multa de $18.500 por el expediente de la Narcoavioneta. Se lo acusó de ser el co-organizador junto a su hermano del desembarco de los 317 paquetes de marihuana y el financiador de la banda para comerciar droga. 
  • Sergio Varisco: 10 años de prisión y una multa de $250.000 por haber financiado el comercio de estupefacientes de los Celis en el marco de un «acuerdo espurio que excedia lo político». Tanto para Varisco como Griselda Bordeira, Pablo Hernández, Alan Viola y Miguel Leguizamón se tuvo en cuenta su condición de funcionario público para valuar la pena. En el caso particular del exintendente, Candioti solicitó la prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria al momento de dictarse sentencia para evitar un posible riesgo de fuga. 
  • Griselda Bordeira: 9 años de prisión y $225.000 de multa por haber financiado el comercio de estupefacientes. 
  • Pablo Hernández: 9 años de prisión y $225.000 de multa por haber financiado el comercio de estupefacientes.
  • Cristian Silva: 8 años de prisión y $15.000 de multa por ser coautor del delito de comercialización de estupefacientes agravado.
  • Miguel Cebolla Leguizamón: 8 años de prisión y $15.000 de multa por ser coautor del delito de comercialización de estupefacientes agravado. 
  • Sergio Baldi: 8 años de prisión y $15.000 de multa por ser coautor del delito de comercialización de estupefacientes agravado. 
  • Raúl Ghibaudo: 8 años de prisión y $15.000 de multa por ser coautor del delito de comercialización de estupefacientes agravado. 
  • Omar Ghibaudo: 8 años de prisión y $15.000 de multa por ser coautor del delito de comercialización de estupefacientes agravado.
  • Wilber Figueroa Lagos: 8 años de prisión y multa de $125.000 por ser coautor del delito de comercialización de estupefacientes agravado.
  • Eduardo Cholo Celis: 7 años de prisión y una multa de $120.000 por ser coautor del delito de comercialización de estupefacientes agravado. 
  • Juan Manuel Gómez: 7 años de prisión y una multa de $120.000 por ser coautor del delito de comercialización de estupefacientes agravado. 
  • Jonatan Jesús Heintz: 7 años de prisión y una multa de $120.000 por ser coautor del delito de comercialización de estupefacientes agravado. 
  • Julio César Vartorelli: 7 años de prisión y una multa de $10.000 por ser coautor del delito de comercialización de estupefacientes agravado. 
  • Marcos Javier Velázquez: 6 años de prisión y una multa de $6.000 por ser coautor del delito de comercialización de estupefacientes agravado. 
  • Jonatan Ivan Romero: 6 años de prisión y una multa de $6.000 por ser coautor del delito de comercialización de estupefacientes agravado. 
  • Hernán Jesús Rivero: 6 años de prisión y una multa de $6.000 por ser coautor del delito de comercialización de estupefacientes agravado. 
  • Miqueas Córdoba: 6 años de prisión y una multa de $6.000 por ser coautor del delito de comercialización de estupefacientes agravado. 
  • Fernanda Orundes Ayala: 6 años de prisión y una multa de $6.000 por ser coautora del delito de comercialización de estupefacientes agravado. 
  • María Laura Zurita: 6 años de prisión y una multa de $6.000 por ser coautora del delito de comercialización de estupefacientes agravado. 
  • Guillermina Valde: 6 años de prisión y una multa de $6.000 por ser coautora del delito de comercialización de estupefacientes agravado. 
  • Alan Viola: 6 años de prisión y una multa de $150.000 por ser autor del delito de financiamiento de actividades vinculadas al comercio de estupefacientes en calidad de partícipe secundario.
  • Patricio Larrosa: 5 años de prisión y una multa de $5.000 por ser autor del delito de comercio de estupefacientes agravado en calidad de partícipe secundario. 
  • Yamila Corradini: 5 años de prisión y una multa de $5.000 por ser autora del delito de comercio de estupefacientes agravado en calidad de partícipe secundaria. 
  • Nahuel Celis: 5 años de prisión y una multa de $75.000 por ser autor del delito de comercio de estupefacientes agravado en calidad de partícipe secundario. 
  • Luciana Lemos: 4 años y 6 meses de prisión y una multa de $30.000 por ser coautora del delito de comercio de estupefacientes agravado. 
  • Luis Céparo: 4 años y 6 meses de prisión y una multa de $4.000 por ser coautor del delito de comercio de estupefacientes agravado. 
  • José Marcial Caballero: 4 años y 6 meses de prisión y una multa de $4.000 por ser coautor del delito de comercio de estupefacientes agravado. 

Cabe aclarar que el pedido diferenciado de las multas ante un mismo delito tiene que ver con que los delitos de Narcoavioneta y Narcomunicipio fueron cometidos en distintos momentos y en el medio hubo un cambio de legislación que impuso la necesidad de valuar la pena monetaria de distinta manera. 

Fuente: Análisis Digital

De la Redacción de Entre Ríos Ahora