El Concejo Deliberante de Paraná votó esta tarde, casi en un trámite exprés, cinco proyectos de ordenanza enviados por la administración del intendente Adán Bahl. En la segunda sesión extraordinaria del cuerpo -la primera fue preparatoria-, hubo algunos tropiezos con el reglamento, concejales que no sabían que debían levantar la mano y una cerrada oposición de los dos concejales de Paraná Futura a la Emergencia Económica que, cuestionaron, le otorga superpoderes al Intendente.
La declaración de la emergencia no es sólo administrativa y económica sino que alcanza los servicios, plantea una reducción de gastos no menor al 20% y ordenar revisar toda designación de personal posterior a diciembre de 2018. Se extenderá por un plazo de 180 días el estado de emergencia, prorrogable por igual período.
No fue la única iniciativa aprobada esta tarde por el Concejo.
Los 15 ediles -8 del oficialismo; 3 del varisquismo; 2 del PRO; y 2 de Paraná Futura- dieron sanción a los proyectos sobre Orgánica (se reducen de 15 a 9 las secretarías del Departamento Ejecutivo); el Presupuesto 2019, reconducido; una moratoria de tasas municipales, la Emergencia Económica; y la Ordenanza Tributaria para 2020.
A excepción de la Orgánica y de la Emergencia Económica, las iniciativas tuvieron el acompañamiento del pleno del Concejo, consecuencia del trabajo previo que llevó adelante el jefe de la bancada del oficialismo, Sergio Elizar que, sin embargo, se enfrentó a una negociación cerrada con los ediles de Paraná Futura, Emiliano Murador y Anabel Beccaría.
“La Emergencia propuesta otorga al Ejecutivo un excesivo abanico de potestades, atenta contra el órgano legislativo delegando facultades que le son propias a nuestro cuerpo, sin contar la suspensión de múltiples garantías respecto de empleados y proveedores del municipio que pueden generar un perjuicio legal y económico a futuro”, había lanzado el concejal Murador.
Al inicio de la sesión, la oficialista Luisina Minni expuso los fundamentos de la nueva orgánica de la Municipalidad, pero cuando intervino el edil de Paraná Futura, Emiliano Murador, explicó que acompañarían con el voto en general del proyecto, pero pusieron reparos: reclamaron una mayor reducción del gasto y un recorte del 25% en el sueldo del personal político. Quedaron en minoría.
La discusión de la Emergencia Económica y de la ampliación del Presupuesto, que garantizaría el pago de sueldos y aguinaldo a los trabajadores municipales, fue lo que demandó la mayor discusión y el cruce entre el PJ y el varisquismo. El jefe del bloque del oficialismo, Sergio Elizar, fundamentó la necesidad de ampliar el presupuesto en la demanda de prestar servicios básicos, como la recolección de residuos. Walter Rolandelli, del varisquismo, dijo que su bloque acompañaría la iniciativa porque «está en juego el salario del trabajador municipal».
Emergencia Económica
«El gobierno de Macri nos dejó un país en una situación de gravísima crisis», dijo Elizar para justificar la declaración de la Emergencia Económica por 180 días.
La norma declara «el estado de emergencia administrativa, económica y financiera de la Municipalidad de Paraná, con el objeto de ordenar el funcionamiento operativo de la administración, alcanzar el equilibrio fiscal, mejorar el nivel de empleo público y de distribución de ingresos, reestructurar las obligaciones en curso de ejecución, la deuda pública, y garantizar el cumplimiento de sus funciones esenciales en beneficio de la comunidad». También declara «el estado de Emergencia Ambiental, en materia de Servicios de Higiene Urbana, limpieza y recolección de residuos, dentro del cual se podrá disponer del conjunto de medidas y acciones tendientes a restablecer la correcta prestación del servicio público de recolección, procurando la generalidad y regularidad del mismo, a efectos de mitigar los efectos negativos para la población, el medio ambiente y la salud pública, que origina la acumulación de residuos sólidos urbanos en toda la ciudad, provocado por el deterioro significativo del parque automotor municipal». Y la «Emergencia Vial, dentro del cual se podrá disponer del conjunto de medidas y acciones tendientes llevar adelante un intensivo plan de recuperación de la trama vial destruida, a realizar contrataciones directas de reparación de pavimentos rígidos y flexibles, y de desagües pluviales destruidos».
También ordena que en un plazo de 30 días el Ejecutivo y el Concejo deberán aplicar un plan de contingencia que permita la reducción de no menos del 20% del gasto. Además, faculta al Ejecutivo a disponer, «fundado en la presente ordenanza de emergencia y en razones de oportunidad, mérito y conveniencia, a revisar, rescindir o renegociar los contratos, sean de obra pública, de servicios públicos, de suministros o de cualquier otro tipo, celebrados con anterioridad a la vigencia de la presente, y que generen obligaciones a cargo de la Municipalidad».
En el rubro personal, la Emergencia establece la prohibición de realizar designaciones y recategorizaciones en la planta permanente del Municipio, ya sea en la órbita del Departamento Ejecutivo o del Honorable Concejo Deliberante». Y se faculta al Ejecutivo y al Concejo «a realizar, en sus ámbitos, la reorganización de la administración municipal, mediante la modificación, fusión y/o supresión total o parcial de estructuras orgánicas administrativas, objetivos, competencias, funciones y responsabilidades superpuestas, duplicadas o cuyo mantenimiento se haya tornado innecesario o lesivo a los intereses municipales. La aplicación de las medidas establecidas en este artículo no podrá generar incrementos en el número de cargos permanentes; tampoco podrá afectar el régimen de estabilidad del empleo público, por lo que el personal alcanzado por dicho régimen que resulte afectado por medidas de reestructuración que importen la supresión de organismos, dependencias o de las funciones asignadas a las mismas, con la eliminación de los respectivos cargos, será reubicado, respetándose los derechos que hubiere adquirido, de acuerdo a lo establecido las disposiciones de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos».
Además, se someterá a revisión todas las designaciones hechas con posterioridad al 31 de diciembre de 2018.
La discusión de la Emergencia produjo un cruce entre Claudia Acevedo, jefe del bloque del varisquismo, y el oficialista David Cáceres. “Es la primera vez que se reconoce que hemos estado en una crisis en la ciudad. Pero no hemos gobernado con emergencia, aunque ahora creemos que es una herramienta fundamental para esta gestión. Les da la posibilidad de reordenar”, dijo.
Pero enseguida hizo notar que acompañarían el articulado en general, no así los apartados “que afectan el empleo municipal”. Pero Cáceres le hizo notar que Sergio Varisco gobernó con emergencia al principio y al final de la gestión. “ Y no fue todo culpa de la crisis nacional. Aquí en Paraná ocurrieron muchos desmanejos que hemos denunciado, y que nos llevaron a esta situación”, agregó.
Anebel Beccaría, de Paraná Futura, se quejó de los términos de la Emergencia, que, dijo, transfiere facultades del Concejo al Ejecutivo. “Esto significa suspender garantías democráticas de los ediles”, planteó. “No es necesario declarar la Emergencia cediendo poderes y avasallando garantías”, agregó.
El concejal Maximiliano Rodríguez Paulin, de PRO, pretendió introducir un artículo que crea una comisión de monitoreo y seguimiento de la aplicación de la Emergencia por parte del Ejecutivo, con intervención del Concejo. Sólo consiguió los votos del varisquismo, y no el de su compañera de bancada, Desiree Bauzada. La edil, sin embargo, dijo que no había quiebre de bloque, aunque se quejó de la “falta de diálogo” que tiene con Paulin.
Punto por punto
Emergencia Administrativa, Económica y Financiera
Uno de los proyectos de mayor importancia sancionados por el cuerpo legislativo es la ordenanza que declara la Emergencia Administrativa, Económica y Financiera de la Municipalidad de Paraná.
En los fundamentos de la norma, el presidente municipal, Adán Bahl, sostiene que “la administración precedente dejó un municipio incapacitado presupuestaria y financieramente de hacer frente a cualquier tipo de gastos (Bienes y Servicios; Bienes No Personales; Certificados de Obra y Personal Municipal)”.
Tal cuadro de situación, según expresa el intendente, pone de manifiesto que “estamos atravesando una grave situación de crisis, encontrándonos ante un escenario de inminente paralización del funcionamiento de las instituciones de la administración local”.
Cabe acotar que en el proyecto elevado a consideración del Concejo Deliberante, consignase que “al día 09/12/2019 los informes obrantes de la Secretaría de Hacienda determinan que el stock de deuda asciende al monto aproximado de $ 1.500.000.000 (mil quinientos millones de pesos), cifra que resulta alarmante para el funcionamiento de la estructura local”.
Es en virtud de tales fundamentos, es que el titular del Departamento Ejecutivo asegura que “es propósito de la gestión actual procurar ordenar el funcionamiento operativo de la administración, alcanzar el equilibrio fiscal, mejorar el nivel de empleo público y de distribución de ingresos, reestructurar las obligaciones en curso de ejecución, la deuda pública y garantizar el cumplimiento de sus funciones esenciales en beneficio de la comunidad”.
La ordenanza declara asimismo el Estado de Emergencia Ambiental en materia de Servicios de Higiene Urbana, Limpieza y Recolección de Residuos y la Emergencia Vial, mediante la implementación de un plan de recuperación de la trama vial destruida.
También incluye la prestación de los servicios públicos a cargo de la Municipalidad y la ejecución de los contratos vigentes con proveedores de bienes y servicios, obras y servicios públicos, pudiendo revisarse los mismos en cuanto a montos, plazos de ejecución, volúmenes de provisión y condiciones de financiamiento, a fin de renegociarlos y adecuarlos a las reales posibilidades del municipio.
Los estados de emergencia declarados precedentemente tendrán vigencia por el término de 180 días, contados a partir de la publicación de la presente.
El plazo es prorrogable por el término de 180 días más.
Quedan exceptuados del citado Régimen el Boleto Estudiantil, Programa de Servicios Fúnebres Social, Provisión de Alimentos y Similares, elementos con destino a Asistencia Social Directa y los servicios municipales para la atención de personas con capacidades diferentes.
Respecto al empleo público municipal, prohíbe durante el plazo que dure la Emergencia realizar designaciones y recategorizaciones en la planta permanente del municipio, con excepción de las estrictamente necesarias para la puesta en funcionamiento de la ordenanza orgánica y su decreto reglamentario. En todos los casos deberá existir crédito presupuestario suficiente para hacer frente al mayor costo.
También se habilita la revisión de los procesos concursales y de selección de personal realizados hasta el 31 de diciembre de 2018, a fin de analizar su legalidad y el cumplimiento y pertinencia de los requisitos previstos para el cargo concursado.
Idéntico criterio se adopta respecto de las designaciones y nombramientos efectuados relativas al personal, funciones, jerarquizaciones y recategorizaciones durante los últimos dos años.
Asimismo, se autoriza a ambos Departamentos (Ejecutivo y Legislativo), por razones de emergencia, a realizar en sus respectivos ámbitos la reorganización administrativa mediante la modificación, fusión y/o supresión total o parcial de estructuras orgánicas, objetivos, competencias, funciones y responsabilidades superpuestas, duplicadas o cuyo mantenimiento se haya tornado innecesario o lesivo a los intereses del municipio.
La aplicación de dichas medidas no podrá generar incrementos en números de cargos permanentes, tampoco podrá afectar el régimen de estabilidad del empleo público, por lo que el personal alcanzado por dicho régimen, será reubicado respetándose los derechos que hubiere adquirido, de acuerdo a lo establecido por la Constitución de la Provincia de Entre Ríos.
En torno a este punto informa que los últimos nombramientos de personal realizados por la anterior gestión, tomando como referencia un año calendario (Diciembre 2018 – Diciembre 2019), fueron los siguientes: 409 contratos de prestación de servicio; 479 contratos de prestación de obra; 533 de jerarquizaciones; 424 de planta permanente y 22 políticos.
Los empleados y agentes municipales que cuenten con antigüedad y edad requerida para jubilarse deberán proceder al inicio de los trámites pertinentes en el plazo de 60 días corridos de sancionada la presente ordenanza.
Pasado ese plazo, la administración procederá de oficio a la iniciación de los mismos.
El Departamento Ejecutivo queda autorizado para afrontar los gastos que resultan necesarios, con el propósito de implementar un programa de jubilación voluntaria, bajo el régimen de la ley 8732.
Adecuación presupuestaria
Otra ordenanza que tuvo aprobación en el plenario del parlamento municipal este jueves es la que prevé la adecuación presupuestaria del presente ejercicio fiscal.
La medida se instrumentó ya que era necesario contemplar en el mismo los créditos necesarios para hacer frente a una cuestión de estricta justicia social y de respeto por el trabajo, como las partidas necesarias para hacer frente al pago de la segunda cuota del sueldo anual complementario al personal municipal, como así también los haberes del mes de diciembre en curso y planillas complementarias del mismo período, cuestión que hasta la sanción de la presente norma no resultaban factibles.
La ampliación de referencia resulta factible en virtud de mayores ingresos a las arcas municipales en los rubros de Coparticipación Provincial y Nacional, basados en estimaciones realizadas tomando como referencia los ingresos percibidos al día 30 de noviembre último.
Dicha ampliación asciende a la suma de $93.346.017, de los cuales $6.398.930 corresponden a Coparticipación Nacional y $86.947.087 a Coparticipación sobre impuesto provinciales, suma que se destinará al refuerzo de la partida de personal.
La adecuación presupuestaria propone de manera excepcional redestinar saldos de partidas de erogaciones no corrientes a gastos corrientes, como única solución a la crítica realidad.
La mencionada reasignación consiste en reducir el saldo de los créditos asignados a la partida “Bienes de Uso” de manera global, destinando un aporte total de $ 15.000.000 a la de Personal.
En resumen, para posibilitar la atención de erogaciones tales como el pago de haberes y panillas complementarias del mes de Diciembre al personal municipal, la atención de certificados de obra pública y demás erogaciones como gastos judiciales, bancarios, pagos de servicios y locación de inmuebles, la ordenanza incorpora una cuenta de financiamiento por la suma de $ 634.704.990.
Nueva Estructura Orgánica Administrativa Municipal
El Concejo Deliberante dio aprobación a la ordenanza, elevada por el intendente Bahl, que establece una nueva Estructura Orgánica Administrativa Municipal, que reduce de 15 a 10 el número de Secretarías del Departamento Ejecutivo.
En consecuencia, a partir de la sanción de la presente norma las funciones administrativas del Departamento Ejecutivo en el despacho de los asuntos de la Municipalidad, estarán a cargo de las siguientes Secretarías de Estado: Secretaría de Gobierno; Secretaría de Coordinación Estratégica; Secretaría de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología; Secretaría de Servicios Públicos; Secretaría de Obras Públicas; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Planificación y Desarrollo Territorial; Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria; Secretaría Legal y Administrativa, y Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Desarrollo Urbano.
Durante el desempeño de sus cargos, los secretarios no podrán pertenecer ni ser apoderados, representantes o asesores de empresas particulares que exploten concesiones acordadas por los poderes públicos, ni estar interesados en cualquier contrato o negocio o litigar en contra de los intereses de la Municipalidad.
Ordenanza Tributaria 2020
El cuerpo de concejales también aprobó el Régimen Tributario para el ejercicio fiscal 2020. La norma fue valorada desde todos los bloques como “una herramienta que apunta a la modernización del Estado”, destacando la implementación entre otras medidas de la boleta electrónica para el pago de tasas.
El mismo, si bien no contempla incrementos de los diversos tributos que recibe el municipio, mantiene sin modificaciones la facultad otorgada al Departamento Ejecutivo de efectuar la actualización de los importes de las obligaciones tributarias consistentes en tasas y derechos, mediante la aplicación del Índice de Actualización Tributaria (IRAT), que reflejará la variación en el tiempo del costo de los siguientes insumos representativos que debe efectuar la Municipalidad para la prestación de los servicios.
Ellos son el costo del personal, costo del combustible y de la energía eléctrica, con una periodicidad cuatrimestral, por cuatrimestre calendario vencido.
Régimen de Regularización fiscal
Otra de las normas sancionadas por el parlamento paranaense en el transcurso de la sesión extraordinaria de este jueves fue la ordenanza que establece un “Régimen Especial de Regularización Fiscal”, destinado a la cancelación de las obligaciones adeudadas en concepto de tributos municipales, cuyos vencimiento hubieren operado hasta el día 30 de noviembre del corriente año.
Esta incluye que están alcanzadas por la medida las Tasas General Inmobiliaria; por Servicios Sanitarios; por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad; Fondo Municipal de Promoción de la Comunidad y Turismo; Tasa Solidaria de Contribución para Obra Pública; Contribución por Mejoras, Derecho de Ocupación de la Vía Pública y Derecho de Publicidad.
El plazo para el acogimiento a este Régimen Especial de Regularización Fiscal, se extenderá hasta el 31 de marzo inclusive.
La propuesta se enmarca en la difícil situación económica que está atravesando el país, lo que ha conllevado que muchos contribuyentes de la ciudad de Paraná no pudieran hacer frente a sus obligaciones en tiempo y forma.
El Régimen de Regularización Fiscal ha sido diseñado en base a los siguientes ejes:
-Alternativas de planes de pago hasta en 24 cuotas, con la posibilidad de ampliarlos hasta 48 cuotas en casos excepcionales.
-Condonación de accesorios en diferentes porcentajes de acuerdo al tipo de plan, llegando a ascender hasta el 100% de multas y el 80% de intereses.
-Entrega inicial con porcentaje creciente, en función de la cantidad de cuotas que contenga el plan.
-Tasas de interés de financiación por debajo de las corrientes del mercado, llegando a un máximo del 1,75% mensual para planes generales y a un máximo del 2,50% mensual para planes excepcionales.
Para acceder a cualquiera de las formas de financiación previstas, los contribuyentes y/o responsables deberán tener pagadas todas las obligaciones tributarias y los vencimientos hubieren operado con posterioridad al 30 de noviembre de 2019 y hasta el momento de confección del plan.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.