Domingo Daniel Rossi, actual intendente de Santa Elena –su quinto mandato-, exvicegobernador de Entre Ríos, fue condenado el 12 de junio de 2006 a tres años de prisión condicional, ocho de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, y al pago de una multa de $90 mil, al haber sido encontrado culpable del delito de enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función pública. La Justicia probó la existencia de una cuenta por 5 millones de dólares en el Uruguay. En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el fallo.
En diciembre de 2016 se abrió una segunda causa por enriquecimiento a Rossi y a su mujer, la exdiputada provincial (2007-2011) Patricia Díaz. El fiscal Álvaro Piérola dio cuenta de la existencia de una cuenta en el Scotiabank de Uruguay por 300 mil dólares, depósito que se habría hecho en el período en que Rossi y su esposa ejercieron cargos públicos. En cinco oportunidades a lo largo de la tramitación de la causa el defensor de Rossi, Carlos Reggiardo, ha solicitado, sin suerte, que se declare el sobreseimiento. Hoy, viernes, hizo la sexta petición ante el juez de juicio Pablo Vírgala. Y agregó un recurso más: si no hay sobreseimeinto, que se dicte la extinción de la acción penal por el paso del tiempo.
En su alegato, el abogado Reggiardo apeló a una serie de muletillas que viene repitiendo desde hace tiempo en esta causa: que se trata de una investigación penal que se abrió a partir de una nota publicada en la revista Análisis, y que el Procurador General Jorge García tiene una inquina personal con Rossi. Pero además utilizó el momento de argumentar la defensa de Rossi para montarse en el discurso que motivó un pequeño escándalo político judicial en Entre Ríos a partir de las declaraciones del saliente presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón. Habló Castrillón de una extraña relación entre la Justicia y el poder político, y de que algunas causas avanzan a paso de tortuga, y otras, con la celeridad de la luz.
“Volvemos una vez más a instar el pedido de sobreseimiento –dijo Reggiardo ante el fiscal Piérola y el juez Vírgala-. Esto es una causa que ha tomado mucha notoriedad, por los involucrados, por el tema que se trata, lo sensible de este tema de corrupción en la sociedad. Hoy atravesamos una crisis que hay no solo en lo político sino también en el Poder Judicial y en otros ámbitos. La gente tiene desconfianza, descrecimiento en las instituciones. En todas las instituciones hay funcionarios probos, y también del otro tipo, y la existencia de estos últimos hace que hoy estemos en esta crisis”.
Respecto del sexto pedido de sobreseimiento en la causa por enriquecimiento que se le abrió a Rossi en 2016, sostuvo que no se trata de un “capricho”, y de una insistencia hasta que “nos digan que sí. Nuestro pedido tiene sólidos fundamentos, no solamente jurídicos para dictar sobreseimiento. También tienen que ver con un contexto en el que abrió la causa y en el que transitamos ahora. Quizá nosotros fuimos, en soledad, los primeros que empezamos a marcar que en entre el poder político y el Poder Judicial había relaciones no sanas ni claras, y hoy eso mismo que dijimos está en boca del presidente del Superior Tribunal”.
Dijo que en diciembre de 2016, cuando Rossi acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aceptó su petición de revisar la condena, surgió la publicación en la revista Análisis que motivó la apertura de una nueva causa por enriquecimiento. “Esa nota –observó- es prácticamente el auto de apertura de causa. Ese día, el Procurador abrió la revista y dio instrucciones de que se abra causa por enriquecimiento”.
«Esta nota -dijo, en relación a la publicación de Análisis– fue armada para abrirle una causa a Rossi, para que Rossi tenga que estar tres años en la parrilla. El Procurador leyó la revista y ordenó la apertura de una causa».
Luego, recordó la primera causa por enriquecimiento, de 2006. “Rossi fue condenado por enriquecimiento en 2006. La Justicia entrerriana dijo que Rossi no pudo justificar 5 millones de dólares que tenía en Uruguay y fue condenado. Cumplió la condena. Fue retirado de la intendencia, cargo que estaba ejerciendo. Su mandato vencía 8 meses después. No pudo asumir una intendencia para la que ya había sido electo. Además, durante 3 años cumplió tareas comunitarias: pelaba papas en una escuela de Santa Elena. Rossi fue injustamente condenado por la Justicia entrerriana. A Rossi lo obligaron a devolver fondos reservados que había utilizado cuando fue gobernador. (La expresidenta del STJ, Claudia) Mizawak y (el Procurador General, Jorge) García también utilizaron fondos reservados. Ninguno tuvo que devolver nada”, subrayó.
Y después de justificar por qué debe dictarse el sobreseimiento, avanzó sobre otra figura penal: la prescripción. “Estamos sometidos a un estado de sospecha que ha durado tres años, excediendo lo que establece el Código para la duración de la investigación pena preparatoria”, afirmó.
Después, lanzó otra vez sus dardos preferidos: “Conozco a muchos políticos que han llegado a la función con un Fiat 600 y después se van en autos de marca. Domingo Rossi ya fue condenado una vez, y ahora se lo pretende condenar por una nota que salió en una revista. Lamentablemente, el Procurador García lee solo con un ojo la revista Análisis. Fuimos los primeros en denunciar lo de los contratos truchos, y no se nos tuvo en cuenta. Acá parece que es Rossi solamente. Esto tiene que ver con algo que está tan de moda, que es el “lawfare”. Acá hay sectores políticos que fogonean este tipo de causas”.
El fiscal Piérola reiteró las argumentaciones que hizo públicas durante la audiencia ante el juez de Garantías, Eduardo Ruhl, que rechazó las peticiones de Rossi. Pidió que se ratifique lo resuelto. Y reiteró que se pedirán más medidas de prueba el sistema financiero y bancario del Uruguay. El fiscal, además, reveló que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) abrió una investigación de oficio a la esposa de Rossi al enterarse de que tiene una cuenta en el Uruguay “no declarada”.
“La señora día tiene tres cuentas bancarias distintas en el Uruguay. Una en pesos, otra en dólares y una tercer en títulos en dólares”, detalló.
El juez Vírgala escuchó los argumentos de una y otra parte, y anunció que resolverá el planteo «en los plazos de ley».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.