El humor social se había puesto áspero mucho antes, pero comenzó a manifestarse del peor modo a comienzos de mes, cuando el ministro de Economía del gobierno de la Alianza, Domingo Cavallo, anunciaba urbi et orbi el encorsetamiento de los ahorros en pesos y en dólares que había en los bancos, el corralito, y la medida no pudo sino sacudir la modorra de la siempre acomodaticia clase media nacional.

Los cacerolazos frente a los bancos, las movilizaciones en el microcentro de la clase media, el “que se vayan todos” gritado a grito pelado en las calles, las vigilias a las puertas de las financieras fueron entonces moneda corriente, una postal inédita de una Argentina que había salido con dolores de parto de la siesta de los años 90.

La crisis social cerraba su cerco sobre la administración del presidente Fernando de la Rúa, que no acertaba a encontrar el rumbo de su gobierno, mientras las demandas sociales se volvían más duras.

El 19 de diciembre, el Gobierno decretó el estado de sitio, pero la medida no hizo sino enardecer más los reclamos en las calles. En el atardecer del 20, el presidente De la Rúa presentó su dimisión, dos años antes de cumplir su mandato constitucional, y lo hizo en medio de un caos generalizado, con los saqueos como final de tragedia y patetismo.

Fue en Concordia adonde la bronca social estalló del modo más violento, con los saqueos: ocurrió el primero una furiosa tarde de sábado, el sábado 15, en el supermercado Maxi Total, y después todo siguió de manera dramática en distintos puntos del país, Rosario, Concepción del Uruguay, el conurbano bonaerense, Paraná. Aquí la gente destrozó totalmente un super, el local de Norte, hoy Carrefour, de Don Bosco y Suipacha.

El saldo, trágico, tres muertos. Eloísa Paniagua, Romina Iturain, José Daniel Rodríguez. E n todo el país, fueron 36. La mayoría de esas muertes están sin ser esclarecidas.

El dato fue puesto de manifesto por la Mulstisectorial de Entre Ríos, que elaboró un documento a 18 años del «argentinazo» de diciembre de 2001.

«Todavía, y acercándonos a las dos décadas de esos hechos, la mayoría de esas muertes aún continúan impunes o solo se han impuesto condenas menores. Los responsables políticos en la mayoría de los casos ni siquiera fueron juzgados como ocurrió en Entre Ríos con el que entonces fuera Gobernador, su Ministro de Gobierno y su Jefe de Policía, estamos hablando de Sergio Montiel, Enrique Carbó y Victoriano Ojeda», dice el documento de la Multisectorial, convocada en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

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«Aquellos días de diciembre de 2001 han dejado en la memoria colectiva enseñanzas que están grabadas a fuego, que no se nos olvidan y que nos hablan del valor de la organización y la lucha, podemos decir sin temor a equivocarnos que fue la primera vez en la historia de la patria que un gobierno fue sacado debido a la movilización popular, por ajustador, entreguista y hambreador», señala.

Después de recordar las consecuencias del ajuste del gobierno de Mauricio Macri, destaca que con el inicio de la administración de Alberto Fernández «ha generado las esperanzas de un cambio que permite vislumbrar expectativas populares, en este sentido es de resaltar que el principal mal definido que debe atacarse de manera urgente es el del hambre que afecta a los sectores más postergados y que se están tomando medidas en ese sentido. Igualmente son correctas las determinaciones de no pagar la deuda externa a costa de profundizar la pobreza y las necesidades populares. Es una reivindicación popular la eliminación anunciada de la infame doctrina Chocobar para la actuación de las fuerzas de seguridad, así como la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, y vemos correctas las intenciones de recuperación del aparato productivo nacional».

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.