Los trabajadores de las salas de juego que explota la empresa Neogame SA en Entre Ríos, que maneja más de 1.800 máquinas tragamonedas, iniciaron un plan de lucha que derivó este viernes por la noche en el cierre de varias salas de juego mientras se realizaron asambleas.

Las protestas las lleva adelante la Asociación de Agentes de Loterías y Afines de la Republica Argentina» (Aalara), el gremio que nuclea a los trabajadores de juegos de azar. «Estamos reclamando a la empresa por condiciones de trabajo, falta de personal. Hace un año le sacaron la comida y le cobran $350 al personal. Ahora, estamos en un cuarto intermedio hasta el jueves 26. De no mejorar todos los temas edureceremos la postura», señalaron desde el sindicato.

Neogame explota en Paraná las salas de juegos del Howard Johnson Mayorazgo, de Avenida Almafuerte y de calle Galán.

Las asambleas de este viernes por la noche derivaron en un cierre momentáneo de las salas.

Neogame explota 1.808 tragamonedas en la provincia. Jorge Aníbal Pérez, uno de sus accionistas, es propietario de la empresa Kaskira, que según la investigación de la Revista Análisis, se comprobó que le prestó un Audi A1 (2015) a la esposa del ex gobernador Sergio Urribarri, Ana Lía Aguilera. Además, Pérez tiene la concesión por dos décadas más del casino del legendario Hotel Mayorazgo. Las máquinas tragamonedas se reparten entre Paraná, La Paz, Gualeguaychú, San Salvador, Colón, Villa Elisa, Rosario del Tala, Villaguay, Concepción del Uruguay, Santa Elena, Nogoyá y Gualeguay.

Aquel préstamo del Audi genero la apertura de una causa contra Urribarri. Pero al final pudo zafar.

Primero fue el exgobernador Sergio Urribarri, que pudo borrar de la lista de causas judiciales que lo involucran en Tribunales la del «préstamo» de un Audi A1  modelo 2015, chapa patente OVS 226, valuado en unos 50.000 dólares, comprado por la empresa Kaskira SA, pero  con una peculiaridad: se hicieron sendas tarjetas azules para que pudiera conducirlo el actual presidente de la Cámara de Diputados y su esposa, Ana Lía Aguilera.

Como el vehículo se transfirió de manos antes de que la Justicia pudiera dar los primeros pasos en la investigación judicial, el nombre de Urribarri quedó rápidamente al margen de la pesquisa de los fiscales Santiago Brugo y Patricia Yedro. Sí, en cambio, se avanzó sobre los empresarios socios de Kaskira SA, que compró el Audi A1 y se lo «prestó» al exgobernador. Pero la pesquisa también tropezó con puntos negros, fallas en los sistemas, y una pared que impidió acceder a pruebas clave. La consecuencia, una salida negociada. En octubre de 2017, la Justicia dio por cerrada la causa.

Los dos empresarios que habían quedado bajo investigación, Jorge Aníbal Pérez, director suplente de Kaskira, y Gustavo Adolfo Vázquez, director de la firma, corrieron suerte dispar. Al primero, le dictaron el sobreseimiento definitivo por cuanto no se pudo probar su conexión con la compra del Audi A1 y la posterior dádiva en beneficio de Urribarri. El abogado Miguel Cullen, que junto a Guillermo Varotrelli, ejercieron la defensa técnica de Pérez y Vázquez, solicitó al juez el sobreseimiento. «Surge, prístino, que el señor Jorge Pérez nada tiene que ver con lo que se investiga. Ostentaba una calidad que no le permitía expresar la voluntad social de Kaskira, por cuanto era director suplente, un cargo decorativo, que sólo interviene cuando hay ausencia de quien debe reemplazar. Y esto no ocurrió. Esto se probó. No intervino en ninguna de las fases: ni en la adquisición del vehículo ni en la expedición de la cédula azul», dijo Cullen.

A la petición del defensor se allanaron los fiscales Yedro y Brugo, y fue acogida favorablemente por el juez Franchi. El magistrado dictó el sobreseimiento definitivo de Pérez, «dejando a salvo su buen nombre y brindándole mis sinceras disculpas por todo lo que le ha ocurrido».

En cambio, Vásquez, el otro empresario investigado, quedará vinculado a la causa por el término de un año: el juez Franchi accedió a la suspensión del juicio a prueba, y en el ínterin, deberá cumplir tareas comunitarias en beneficio de la Fundación Crisálida, una ONG que trabaja en pacientes oncológicos que son derivados desde el Hospital San Roque. En concreto, Vázquez desde su empresa Kaskira se comprometió a realizar dos espectáculos a beneficio de Crisálida en el transcurso del año que dure la suspensión del juicio a prueba, y además le pagará una suma de $420 mil, en dos cuotas. La primera, a los diez días de firmada la resolución judicial, y la otra en un plazo de 30 días.

Esa probation, entendió el abogado Vartorelli, «no implica reconocimiento o confesión» del delito que se le imputó, de dádivas.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.