La Cámara de Casación Penal rechazó un nuevo recurso presentado por el exintendente de Seguí y actual titular de la Unidad Ejecutora Provinial (UEP), Cristian Treppo, en el marco de la causa por supuesto sobreprecio en la obra de 16 cuadras que se ejecutaron con fondos del plan nacional “Más Cerca”, del Ministerio de Planificación Federal, durante el kirchnerismo.

El dirigente, a través de su abogado Germán Coronel, había llegado a esa instancia para cuestionar la resolución que adoptara el juez de Garantías Ricardo Bonazzola, que le denegó un planteo de recusación. Es decir, rechazó un recurso que tiene como fin apartar al juez del caso.

El letrado recusó al magistrado de primera instancia ya que a su entender habría estado incurso en la violación de la garantía de imparcialidad, puesto que el 3 de octubre había rechazado el pedido de sobreseimiento y, más tarde, a pedido de la Fiscalía convocó a una nueva audiencia para tratar la elevación a juicio.

Además de Treppo, el recurso de recusación también fue planteado por la ingeniera en construcciones Carina Zapata, que fue contratada por el Municipio de Seguí para proyectar la obra; y al contador municipal Darío Alexis Monzón. Todos son defendidos por Coronel.

Ante la negativa de apartamiento, el abogado apeló ante los vocales María Carolina Castagno, Gustavo Pimentel y Elvio Garzón, quienes el 12 de noviembre declararon inadmisible el recurso de recusación.

Ante ese pronunciamiento, el defensor interpuso un recurso Casación pero nuevamente recibió la denegatoria. Finalmente, introdujo una queja directamente ante la Cámara de Casación Penal de Paraná, que el 12 de diciembre último falló que no correspondía analizar su planteo.

La resolución fue firmada por los jueces Hugo Perotti, Marcela Davite y Marcela Badano.

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En la resolución, a la que tuvo acceso Entre Ríos Ahora, los magistrados señalaron que “teniendo en cuenta los fundamentos de la declaración de inadmisibilidad de la concesión del recurso de casación y los agravios reseñados, advertimos que el recurso de casación ha sido declarado inadmisible de manera correcta y enjundiosamente fundada”.

“En efecto tal como lo sostuvieron los vocales en su resolución, a cuyo fundamento me remito en su totalidad, no se trata de una sentencia definitiva, como así tampoco resulta factible interpretar que se trata de una resolución que, excepcionalmente, pudiera ser asimilada por sus peculiares efectos a una sentencia definitiva, en tanto el rechazo de una recusación no pone fin a la acción, ni a la pena, ni hace imposible la continuación de las actuaciones, ni tampoco deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Tampoco se está en presencia de aquellos casos en los que se verifica la inmediata conexión de la recusación con la garantía de imparcialidad, no se discute la futura participación de un magistrado que deba dictar sentencia en una causa en la que ya intervino, como ocurrió en los casos citados por el recurrente resueltos por la Suprema Corte”, agregaron.

“La irrecurribilidad de las decisiones por las cuales se deniega la recusación de los jueces naturales, tiene como razón fundamental no dejar librado a intereses partivos la aplicabilidad de tan caro principio y la alegación de inconstitucionalidad de una norma, por la gravedad que supone, debe superar el carácter de una mera alegación genérica. Por las razones expuestas se impone el rechazo de la queja en examen”, cerraron.

La causa

La causa se inició en 2016 a raíz de la denuncia del bloque de concejales de Cambiemos de la localidad. La obra tuvo un presupuesto de más de $20 millones, cifra que para la Fiscalía estaría inflada entre los $9,5 millones y los $13 millones.

En el legajo de remisión de la causa a juicio, los fiscales sostienen que cuentan con “elementos de cargo suficientes de cara a sostener acusación penal en instancia de debate oral contra los imputados”.

Los acusados, además de Treppo, son: la ingeniera en construcciones Carina Zapata, que fue contratada por el municipio para proyectar la obra; el contador municipal Darío Alexis Monzón; el titular de la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA), a quien se adjudicó la obra, Daniel Aníbal Hereñú; al ingeniero de la firma, Hernán Roberto Barrera; el apoderado de la empresa constructora, Néstor Alejandro Hereñú; y al vicepresidente segundo de la delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, Néstor Iván Szczech.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostienen que el intendente de Seguí, en connivencia con los empresarios acordaron “precios desproporcionados con los valores reales de mercado para aquella fecha”.

Además, afirman que se emitieron certificaciones de avance de la obra “sin llevar a cabo ningún tipo de ensayo o control de calidad en la ejecución de los trabajos”.

En el escrito de elevación de la causa a juicio, los acusadores públicos adelantaron que en el eventual juicio pedirán para Treppo 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

En tanto, para Monzón y Zapata solicitará 4 años y 6 meses de prisión; para Daniel y Néstor Hereñú pedirán 4 años de prisión; y para Barrera y Szczech, 3 años y 6 meses de prisión. Al igual que Treppo, también se le agrega la inhabilitación absoluta perpetua. 

El abogado Germán Coronel es una de las principales voces críticas de la acusación. Como defensor de Treppo, el letrado ha señalado en diferentes oportunidades que insistirá con el pedido de sobreseimiento, ya que entienden que en el caso no existió delito, ni irregularidad alguna en la pavimentación de las 16 cuadras. Para el letrado, la causa se abrió “motivada por razones políticas de dos concejales”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.