Juan Alfonso Blasón Lorenzatto, exasesor legislativo del ahora exdiputado radical Ricardo Troncoso, solicitó el sobreseimiento en la causa que se le sigue por supuesto manejo irregular de contratos en la Cámara de Diputados de la provincia.
La causa contra Troncoso y Blasón se abrió en septiembre de 2018, cuando Carlos Cozzi, un exempleado del diputado denunció en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9), que el ahora exlegislador se quedaba con el 70% de su salario. Luego, la Justicia comenzó a investigar y se sumó otra denunciante, María Isabel Ruiz Díaz.
En su imputación, la fiscal auxiliar Paola Farinó sostiene que ambos sustrajeron fondos públicos “mediante la suscripción de contratos de obra con el mero objeto de retener para sí, en todo o en parte, el monto que se estipulaba en los mismos en concepto de honorarios o bien, para que las personas contratadas prestaran un servicio personal para Troncoso”.
El principal acusado del expediente es el radical que entre 2015 y 2019 conformó un bloque unipersonal llamado Recuperación Radical. El Ministerio Público Fiscal le endilga el delito de peculado.
En esa acusación a Blasón Lorenzatto se lo señala como partícipe necesario de los desmanejos del dirigente. En los Tribunales, el exasesor viene batallando para conseguir la probation, pero hasta ahora esa posibilidad le fue denegada en diferentes instancias.
La porbation permite que los imputados se comprometan a cumplir con ciertas reglas de conductas por un plazo de tiempo a cambio de que el proceso en su contra quede en suspenso. Esta, además, no implica reconocer el delito endilgado, como sí sucede en un juicio abreviado.
Pedido de sobreseimiento
Ahora, a través de su abogado Humberto Franchi, Blazón Lorenzatto solicitó el sobreseimiento de la causa. El planteo se discutirá en una audiencia ante la jueza de Garantía Paola Firpo, en febrero, cuando termine la feria judicial.
Consultado por Entre Ríos Ahora, el letrado comentó que solicitó el sobreseimiento por caducidad de la investigación penal preparatoria. “El Código Procesal Penal dice en uno de sus artículos que la investigación puede durar entre 5 y 6 meses, y que la Fiscalía debe solicitar más tiempo si la causa es compleja. Puede pedir una prórroga por otros tres meses”, explicó y refirió que ese plazo se cuenta desde la última declaración de los imputados.
Según el letrado, su defendido declaró por última vez en diciembre de 2018 y el radical Troncoso lo hizo por última vez en febrero y que la Fiscalía no ha solicitado una prórroga de la investigación y por ello se habilitaría el sobreseimiento de su pupilo.
El Código Procesal Penal de Entre Ríos establece en su artículo 223 que “la Investigación Penal Preparatoria deberá practicarse en el término de tres meses a contar desde la última Declaración del Imputado. Si resultare insuficiente, el Fiscal podrá solicitar fundadamente prórroga al Juez de Garantías, quien podrá acordarla por otro tanto si juzga justificada su causa o la considere necesario por la naturaleza de la investigación”.
Y agrega: “Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de extremas dificultades en la investigación, podrá concederse otra prórroga de hasta doce meses más. No se computará en estos casos el tiempo transcurrido durante el trámite de incidentes o cualquier clase de articulaciones que determinasen que el expediente no estuviere en poder del Fiscal. La fuga o rebeldía del Imputado suspenderá igualmente los plazos fijados por este artículo”.
El STJ define sobre la probation
Por otra parte, el abogado Franchi explicó que sigue batallando para conseguir la probation para su defendido.
Esta herramienta procesal tiene un límite: a ella no pueden acceder los funcionarios públicos. Precisamente por esa razón diferentes magistrados le han rechazado la probation al exasesor legislativo.
Franchi afirma que su defendido no es funcionario público y, además, sostiene que debe ser considerado un arrepentido, ya que colaboró con la investigación de la Fiscalía.
A su vez, el letrado resalta que su pupilo fue contratado del diputado radical Fuad Sosa, y que sólo colaboró con el legislador y exintendente de Maciá.
En su pelea por la probation, reseñó que le fue denegada en tres oportunidades: en abril se la denegó el entonces juez de Garantías N° 5, Elvio Garzón, hoy camarista; luego, tras la apelación, fue confirmada por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Gustavo Pimentel; y el 11 de septiembre la decisión fue refrendada por la Cámara de Casación Penal de Paraná, integrada por los jueces Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti.
Contra esa resolución indicó que presentó un recurso extraordinario para llegar ante la Sala de Procedimientos y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y también le fue rechazado. Ahora presentó un recurso de queja directamente ante la Sala Penal del STJ, integrada por Miguel Ángel Giorgio, Claudia Mizawak y Daniel Omar Carubia. La última palabra, entonces, la tendrá el STJ.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.