El pedido de reincorporación de las seis personas trans desvinculadas a principios de noviembre último de la Municipalidad de Paraná -en el marco de una sangría mayor de trabajadores durante la gestión del exintendente Sergio Varisco, que puso fin a 400 contratos laborales- llegó a oídos del Gobierno Nacional de Alberto Fernández.

Un grupo del colectivo trans de Paraná viajó a Buenos Aires y se entrevistó con la secretaria de Igualdad y Diversidad, Cecilia Marchán, y con la subsecretaria de Diersidad, Alba Rueda, del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, que encabeza Elizabeth Gómez Alcorta. El encuentro, que tuvo lugar este viernes, sirvió para plantear «el estado de situación actual luego de los dos fallos judiciales (a favor y en contra en primera y segunda instancia respectivamente), así como la articulación para la reincorporación de las seis personas trans que realizaron el relevamiento de la población travesti y trans de la ciudad de Paraná y fueron desvinculadas el mes de noviembre de 2019», según explicaron.

El grupo de seis personas trans entabló una batalla judicial con la Municipalidad de Paraná que, al final, le fue adversa. El 30 de diciembre último, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió el amparo presentado con el objetivo de recuperar sus puestos laborales en la Comuna: el máximo tribunal revocó el fallo del juez Pablo Barirotto que había ordenado la reincorporación en un plazo de tres días, aunque dispuso que, aunque los contratos vencieron el 31 de octubre, el Estado Municipal debe pagarles el mes de noviembre en forma íntegra.

La medida fue resuelta con el voto de los vocales Miguel Giorgio, Claudia Mizawak y Germán Carlomagno.

La postura de la representante del Ministerio Público Fiscal fue aún más extremista. La Fiscal General del STJ Laura Z. de Gambino dictaminó que se hiciera lugar al recurso de apelación de la Municipalidad y se revoque el fallo de primera instancia del juez Pablo Barbirotto. La fiscal sugirió evaluar si Barbirotto, al ordenar la “renovación de los contratos o determinar el pase a planta permanente y el reconocimiento de los haberes de noviembre/19”, no «ha exhorbitado el margen de conocimiento, configurando demasía decisoria, considerando que el magistrado recurrido evaluó correctamente el test de proporcionalidad  que exige pesar el grado de afectación del derecho y al mismo tiempo satisfacer bajo esa observancia el bien jurídico  que se pretende tutelar», según se lee en la intrincada redacción del fallo del máximo tribunal.

Gambino advirtió sobre la necesidad de respetar la división de poderes, por cuanto el Poder Judicial no puede incidir en resoluciones del Ejecutivo. Y más adelante sostuvo que si bien «no desconoce el derecho a trabajar y su vinculo con derechos fundamentales  a la vida y dignidad, ello no implica admitir el derecho de petición de forma irrestricta, y que una verdadera garantía individual en el plano constitucional  debe ser ejercida  como derecho inseparable en toda organización del estado y la comunidad».

Las personas despedidas ahora iniciaron otro camino, alejado de la Justicia. Y acudieron a la administración del presidente Alberto Fernández. En el ámbito del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, plantearon el proceso de inclusión de la población trans que inició en 2016 con la creación del Consejo Representativo de Diversidad, y que siguió en 2018 con el relevamiento de su situación sociolaboral, para llegar a 2019 con la contratación de un grupo de seis personas y la sanción de la ordenanza N° 9.834 de Inclusión Integral y Acciones de Reparación, también denomionada de cupo laboral trans.

Desde el colectivo dijeron que las funcionarias nacionales plantearon que «el cupo laboral trava trans es un eje del Ministerio, que esa política no depende solo del Municipio. A nosotras se nos convocó para que el cupo se de en toda la Argentina»

«Desde el organismo nacional se mencionó la importancia de reconocer e incorporar estos procesos de promoción de derechos locales para potenciarlos y replicarlos. Para ello, se planteó la posibilidad de una mesa de trabajo articulado entre Municipio de Paraná, Provincia de Entre Ríos y Ministerio de Nación para resolver esta situación en particular así como promover la inclusión de la comunidad trava trans de Paraná en general», explicaron.

Sobre esta reunión, Iara, Vanesa, Matías, Fernanda, Paola y Gabriela, las seis personas trans a quienes se les cortó el contrato laboral en el Municipio de Paraná a finales de octubre, plantearon que «fue muy productiva la reunión ya que permitió buscar alternativas y pensar estrategias para resolver nuestra situación en particular así como la situación de toda la comunidad trans de Paraná y porque no del país. Fue crucial sentir la hermandad entre nosotras, porque saber que hay una compañera trans (en referencia a Alba Rueda que hoy es subsecretaria) en estos espacios permite pensarnos cambiar las cosas. Agradecemos profundamente la predisposición de atendernos y buscar alternativas».

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.