Qué tan independiente y equidistante y despojada y neutra puede ser una Justicia que cuelga en sus despachos y sus salas de audiencias un crucifijo, símbolo de una religión, que excluye a otras, que deja afuera al resto de las creencias, a los no creyentes, a los agnósticos, a los extraviados en credos diversos, a los que no.
¿La Justicia es entonces católica, apostólica, romana? ¿Por qué un crucifijo? ¿Qué aporta a una sentencia? ¿La hace más justa? ¿Dictar un fallo es lo mismo que dar la extremaunción, que rezar un padrenuestro, que echar incienso, que rociar con aguabendita?
¿Las sentencias que se dictan en esos lugares son las más justas? ¿Qué tiene que hacer un simbolismo de una facción religiosa en un sitio que debe ser imparcial?
¿Qué aporta una cruz? ¿Por qué una cruz? ¿Nadie se cuestionó esa instalación?
¿Los jueces y las juezas dictan sentencia sólo para los creyentes cristianos? Más aún: ¿qué tiene que ver el Derecho con la Biblia?
El viernes 5 de abril de 2019, a mediodía, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay condenó a un miembro del clero, el cura Marcelino Ricardo Moya, a 17 años de prisión por abuso y corrupción de menores.
La imagen de la cruz justo detrás de la jueza María Evangelina Bruzzo, encargada de leer la sentencia condenatoria, resultó turbadora.
La sala de audiencias donde juzgaron en Gualeguaychú al abogado Gustavo Rivas por corrupción de menores y promoción a la prostitución también tiene un crucifico. Y la sala de sesiones del Concejo Deliberante de esa ciudad, otro crucifijo.
La simbología religiosa, entonces, no sólo es propio de las dependencias del Poder Judicial; también el Poder Legislativo de una ciudad como Gualeguaychú tiene una cruz.
En otro punto de la provincia, en Concordia, el recinto de sesiones del Concejo Deliberante también incluye un crucifijo, puesto en un lugar destacado.
La misma iconografía está puesta en el recinto del Concejo Deliberante de Rosario del Tala.
Igual que en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante de Villa Elisa, en el departamento Colón.
También en el Concejo Deliberante de Nogoyá.
Y la lista, claro, podría seguir.
En agosto de 2018, cinco diputados de Cambiemos presentaron un proyecto de ley en el Congreso Nacional que proponía remover símbolos e imágenes religiosas de edificios y espacios públicos pertenecientes al Estado nacional.
La iniciativa, presentada con las firmas de la radical Karina Banfi,Fernando Iglesias (PRO), Brenda Austin, Alejandro Echegaray y Facundo Suárez Lastra (UCR), buscó eliminar los símbolos religiosos de las dependencias del Estado Nacional.
No prosperó.
En 2011, en la Legislatura de Entre Ríos se había presentado una iniciativa similar. La idea apuntó a prohibir la instalación o exhibición permanente de imágenes o motivos religiosos en todos los edificios y espacios públicos que dependan del Poder Ejecutivo, la Legislatura, el Superior Tribunal de Justicia, los municipios y juntas de Gobierno de toda la provincia.
El proyecto fue presentado por integrantes de Entre Ríos Laica, una entidad que tiene por objetivo “imaginar y construir nuevas formas de vincularse, participar y respetarnos, reconociendo y valorando la multiplicidad cultural y religiosa”.
En sus fundamentos, el proyecto de ley sostiene que “la libertad de conciencia es un principio irrenunciable del programa de la Ilustración burguesa” y que “no es lo mismo sostener la libertad religiosa que la libertad de conciencia”.
Tampoco prosperó.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora