El Gobierno de Gustavo Bordet analiza derogar o suspender la Ley N° 10.068, también conocida como Ley de Enganche, que fue aprobada en 2011 y posibilita que los aumentos para los empleados judiciales entrerrianos sean de igual porcentaje a los otorgados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El enganche fue aprobado durante la primera gestión de Sergio Urribarri, hoy designado embajador argentino en Israel. El objetivo fue equiparar las remuneraciones de los jueces entrerrianos con los nacionales, como así también de otros miembros del Poder Judicial. De modo que cada vez que la Corte Suprema dispuso un aumento, automáticamente se aplicó –se aplica- en las escalas salariales en el Poder Judicial entrerriano.
En diciembre, el Congreso nacional convirtió en ley un proyecto que declara la emergencia económica y dispuso una serie de medias de forma “solidaria”, para hacer frente a la crisis. Entre otras cosas, por ejemplo, se dispuso congelar por 180 días los salarios de los legisladores nacionales y funcionarios. Esa medida fue replicada en la Provincia y en algunos municipios, como en Paraná.
Ante esas medidas, a nivel local también se comenzó a rumorear que el gobernador Bordet tiene en carpeta una iniciativa para derogar o suspender la Ley de Enganche. El tema ya puso en alerta a la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), el gremio de los empleados del Poder Judicial. Tanto es así que este lunes habrá un encuentro entre representantes del Gobierno y la Justicia para analizar el asunto.
Consultado por Entre Ríos Ahora, Emilio Aroldo Castrillón, quien fue hasta diciembre presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), sostuvo que la medida en carpeta busca hacer frente a la crisis, pero que “no mueve el amperímetro del presupuesto de la Provincia”, ya que la incidencia del Poder Judicial en el presupuesto general provincial es de apenas el 4%.
Además, propuso dos miradas desde donde se puede ver la discusión: desde el punto de vista de que es una ley pensada para garantizar más la independencia judicial, y si se resolviera derogarla, sería una medida que iría en desmedro de ella; o desde la óptica de realizar un aporte solidario en un momento difícil en la economía del país y la Provincia.
“Si hay crisis, es lógico que colaboren quienes más reciben. Del sector que sea. Es una medida para paliar la crisis y se pueda cumplir con determinado plan de gobierno. La decisión y obligación política se la damos los entrerrianos al gobernador (Gustavo Bordet) y al darle esa obligación, obviamente, tenemos que acompañar todos los poderes del Estado a las decisiones. Es lógico: ¿a quién le gusta que le toquen su ingreso o aumenten porcentajes de aportes?”, se preguntó el vocal del STJ.
Castrillón siempre se ha mostrado a favor de la equiparación salarial de los jueces entrerrianos respecto de los nacionales. Al recordársele esas declaraciones, el magistrado refirió: “Siempre he manifestado que debe tenderse a la equiparación a los jueces de todas las jurisdicciones. No olvidemos que las provincias resuelven el 82% de los conflictos judiciales en el país, y los nacionales, el 18%. ¿Cuál es la diferencia si juzgan los mismo delitos?”, dijo.
En cuanto a la posibilidad de derogación o suspensión de la Ley de Enganche, sostuvo que está dentro de los planes ante una crisis como la actual. “Las situaciones económicas a veces obligan a plantearse una serie de medias lo menos traumáticas posibles. Y quien conduce debe fijar las políticas del Estado; y la Legislatura, quien debe sancionar las leyes para darle marco adecuado, acompañar”, puntualizó.
Preguntado si una decisión de estas características iría en desmedro del salario de los judiciales, afirmó: “Obvio, pero cuando decimos en desmedro debemos analizar una realidad: excepto en el año 2019, la diferencia entre los aumentos recibidos por el Poder Judicial y Poder Ejecutivo fue de un 14% más. Después, hay que tener en cuenta que la Justicia nacional forma parte de un proyecto nacional, donde rige la misma situación económica. Desde allí se planteó primigeniamente este tema”.
En esa línea, resaltó: “Nosotros privilegiamos la gobernabilidad y el buen transitar y más equitativo de la Provincia, y que se cumplan las metas del gobernador Bordet”.
Por último, el magistrado manifestó su incertidumbre sobre la posibilidad de que una vez que se supere la crisis y de ser derogada la Ley de Enganche, esta sea restablecida. “Todo es posible”, dijo y recordó que “en su momento la Ley de Enganche fue pensada como un principio de independencia judicial. O sea, pensada para despegar de la paritaria, de la confrontación, de las marchas y los bombos y tambores al Poder Judicial de los reclamos salariales. Si lo ves desde ese punto de vista, es una pérdida importante. Si lo analizas desde el punto de vista de la equidad y la necesidad de establecer un aporte solidario a momentos difíciles que tenga el pueblo entrerriano, creo que hay que ser responsables y aceptar”.
“El Poder Judicial no puede permanecer aislado de una situación global económica. Lo que sí es cierto es que esta ley en los últimos tres años le ha significado un 14% más de aumento respecto de los empleados estatales. Tampoco soluciona nada. El Poder Judicial representa el 4% del presupuesto total del Gobierno. Presupuestariamente la incidencia (Ndlr: de la Ley de Enganche) no es tanto. Si se termina con la Ley, el aumento se debe discutir como hace ATE y los docentes. Y también con movilizaciones y bombos”, concluyó.
Gonzalo Núñez
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.