El exministro de Cultura y actual diputado provincial por el Frente para la Victoria, Pedro Ángel Báez, dijo haberse sorprendido por la decisión de la Justicia de involucrarlo en una causa que investiga negociaciones incompatibles con la función pública, y en la que está seriamente comprometido el cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, el actual prosecretario del Senado Juan Pablo Aguilera.
A partir de una denuncia presentada por los abogados Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto, la fiscal Patricia Yedro abrió una causa que quedó caratulada “Aguilera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos”.
La fiscal Yedro señaló que Urribarri, “en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar”.
Enterado del asunto, Báez dijo sentirse “tranquilo”, aunque ya está a la búsqueda de un abogado que lo represente en la causa.
Pero aseguró que todo se trata de una “confusión”.
“No es para nada una buena noticia, en términos personales –dijo esta tarde en el programa En el dos mil también, de FM Litoral–. Pero sinceramente, (estoy) tranquilo, conozco, en ocho años que estuve en la función, la complejidad que han tenido siempre las contrataciones publicitarias, no sólo en Entre Ríos, sino en todas las jurisdicciones. En estos años, he tenido posibilidad de estar en contacto con funcionarios de todas las provincias”.
En un diálogo que mantuvo con el periodista Antonio Tardelli, el diputado Báez aseveró que la Justicia puede estar “confundida”. Al respecto, aseveró que “eso (en relación a la complejidad que supone la contratación de publicidad en el Estado) también puede generar en la Justicia la dificultad para entender la complejidad de esas contrataciones”.
Al momento de la charla radial, dijo no estar al corriente de todos los detalles de la decisión judicial, aunque aseguró tener la “tranquilidad de estar convencido de los procedimientos, que en este caso, como en todos los casos, son procedimientos similares. Uno emite la orden de publicidad, pero la publicidad no se paga, ni se tramita, el pago de la misma, hasta que no se certifica fehacientemente el cumplimiento de lo contratado. No entiendo por qué se tipifican algunas cuestiones que se plantea como defraudación”.
Respecto del delito de incompatibilidad con los deberes de funcionario público, dijo que esa figura no lo alcanza porque “no soy dueño ni gerente ni empleado de ninguna de esas empresas que se contrataban”. Y que “tampoco se ha direccionado ni favorecido a determinadas empresas”.
NELLY ENTERTAINMENT SA.
Pero hay un caso de contratación directa de publicidad que en la Justicia llama mucho la atención. Fue hecha por Báez en diciembre de 2014 en ocasión de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. La empresa contratada fue Nelly Entartainment SA, de Jorge “Corcho” Rodríguez y Facundo de Vido, hijo del exministro Julio de Vido. Y por un monto de casi $28 millones.
Fuentes judiciales reflejaron una serie de desprolijidades en esa contratación.
Por ejemplo, que los documentos societarios que Rodríguez y De Vido debieron acompañar para ganar el cotejo de precios, fueron certificados por un escribano público de Buenos Aires el mismo día en que se presentaron en Paraná, e incluso en algún caso, un día después.
El expediente administrativo que contuvo aquella contratación es el Nº 1656798, llamado “Área Técnico Administrativa – Dirección General de Despacho – Subsecretaría de Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos – Secretaría de Comunicación – Ministerio de Cultura y Comunicación – Poder Ejecutivo”.
La contratación directa con la empresa Nelly Entertainment tuvo por objeto la difusión de cuatro spots en las redes sociales, y se encuadró en la excepción de la Ley 10.327. Esa norma ya que dicha norma permitió al Poder Ejecutivo realizar contrataciones directas para obras, servicios y suministros “inherentes” a la reunión de Jefes de Estado que se realizó en Diciembre del año pasado en Paraná, pero los videos que el Ministerio de Cultura hizo difundir en las redes sociales se referían a propaganda de la gestión de los 7 años de Gobierno de Sergio Urribarri.
Se tramitó en tiempo record.
El expediente consiguió el visto bueno de diez funcionarios del máximo nivel de los organismos de control interno del Estado Provincial en sólo 5 días hábiles. No es menos llamativo que en sólo 4 días se haya realizado todo el procedimiento de compra, incluido el llamado a ofertar, que sólo se publicó en El Diario de Paraná y pese a ello concitó la atención de cuatro empresas de Buenos Aires.
Pero hubo otras cuestiones llamativas.
La primera cuestión es que al acercar su oferta, Nelly Entertainment expuso en su carta de presentación su propuesta de “difusión de acciones comunicaciones que permitan instalar en todo el territorio nacional el resultado de la gestión de los últimos 7 años de Gobierno”. Quizás el apuro, el entusiasmo o vaya a saber qué motivo, llevó a Rodríguez y De Vido a revelar el verdadero objetivo de la contratación directa, sin mencionar siquiera la 47 Cumbre del Mercosur.
El segundo detalle es más grave: Pese a que el sobre cerrado con la oferta de Nelly Entertainment ingresó a la Mesa de Entradas de la Unidad Operativa creada especialmente para la Cumbre, el 9 de diciembre de 2014 a las 7,31, ese mismo 9 de diciembre de 2014, el escribano Antonio Miguel Berro Madero, de la localidad bonaerense de San Isidro, estaba certificando las copias que la empresa debía presentar. Más llamativo aún el 10 de diciembre de 2014 –un día después de que la empresa presentó la oferta con las copias certificadas de sus estatutos y demás aspectos formales requeridos, el Colegio de Escribanos de San Isidro dio fe de que la firma del apoderado de la empresa y responsable de la presentación del sobre en Paraná, Pablo Carlos Guerrero, correspondía a ese notario, socio de Berro Madero en la Escribanía de calle 384 1º Piso Oficina 1 de la ciudad de San Isidro.
El exministro Báez aludiría a esas “complejidades”, quizá, que la Justicia no entiende.
Audio de la entrevista:
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.