En Larroque -a 258 kilómetros de Paraná-, su intendente Leonardo Hassell, deberá aguardar a marzo próximo para saber si irá a juicio en una causa por supuesto pago de sobreprecio en una obra de pavimentación cuando ocupó el cargo de secretario de Gobierno en la Municipalidad durante la administración del exintendente Raúl Riganti.
La demanda se originó durante la intendencia de Darío Benedetti (Cambiemos), cuyo mandato concluyó en diciembre último. La nueva gestión en la Municipalidad de Larroque la encabeza Leonardo Hassell, el denunciado. El caso ganó consideración pública nacional en los primeros meses de la gestión macrista.
El 6 de mayo de 2016, el entonces presidente Mauricio Macri eligió sus redes sociales para dar a conocer una comunicación que había mantenido ese día con un intendente entrerriano, Darío Benedetti, de Larroque, en el sur de la provincia.
«Hace un momento me comuniqué con Darío Benedetti, el intendente de Larroque, Entre Ríos, que detectó sobreprecios de la gestión anterior en la obra pública y se encargó de devolver el excedente de $13 millones de pesos al Ministerio del Interior. Quería felicitarlo personalmente, agradecerle el coraje y la honestidad que demostró dando este paso y decirle que espero verlo en el próximo viaje a Entre Ríos», escribrió Macri en las redes sociales.
Entonces, Cambiemos estaba en su luna de miel y la corrupción era el mascarón de proa que buscaba arrinconar al kirchnerismo derrotado en las elecciones de 2015.
Benedetti, por aquel año intendente de Larroque, resolvió devolver a la Nación unos $15 millones que, a su criterio, fue un sobreprecio que el jefe comunal anterior, Raúl Riganti (FPV), luego convertido en diputado provincial aunque hoy con mandato cumplido, pretendió pagarle a la empresa constructora Organización Industrial Construcciones SA (OICSA) por una obra de construcción de 14 cuadras de pavimento financiadas por el gobierno nacional.
La gestión Riganti había acordado el pago de unos $21 millones por esa obra. Su sucesor de Cambiemos encargó una auditoría que determinó que la obra costó poco más de $5 millones. La empresa cobró un poco más de $8 millones y Benedetti pretende que devuelva los $3 millones que sobran.
Además, Nación destrabó la segunda parte del pago de la obra por unos $13 millones, que se encuentran acreditados en la cuenta del municipio. Pero, en lugar de girarlos a la empresa, Benedetti decidió devolverlos al Ministerio del Interior.
El contrato para la obra fue realizado en 2015 con un monto de $21,6 millones. Los recursos eran provenientes del plan nacional “Más Cerca”, del Ministerio de Planificación Federal de la Nación.
El Municipio de Larroque alcanzó a pagar $8 millones, ya que la nueva administración municipal a cargo de Darío Benedetti (Cambiemos) dispuso una auditoría ni bien asumió, la cual determinó que la obra costaba en realidad unos $5 millones. Respecto al primer monto que figura en el contrato, se dijo que hubo un sobreprecio de $15.602.351,25.
La gestión Benedetti llevó el caso a la Justicia. Pero al final del mandato de Cambiemos la causa todavía no ha avanzado si quiera a la instancia de remisión a juicio. La audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal formalizará esa petición ha venido suspendiéndose. Lo que se investiga en la Justicia el supuesto pago de sobreprecios en aquella obra de pavimentación, y en el caso están involucrados el exintendente Rigani, y su entonces secretario de Gobierno y actual jefe comunal -asumió el 10 de diciembre de 2019- Leonardo Hassel.
En la causa penal están imputados por presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del erario público el exintendente Riganti, el exsecretario de Obras Públicas, Juan Carlos Rochelle; el ex secretario de Hacienda, Norberto Marchesini; el exsecretario de Gobierno y actual intendente Hassel; y Néstor Hereñú, directivo de la constructora OICSA, que realizó la obra de asfaltado en 2015.
El pasado 12 de diciembre se iba a realizar la audiencia de elevación de la causa a juicio, pero la misma se suspendió.
El cambio de gobierno en la Municipalidad de Larroque -concluyó su mandato Benedetti, el denunciante, y asumió Hassell, el denunciado- planteó una situación novedosa. Tampoco quedó en funciones el asesor legal del Municipio, Sergio Avero. En ese brete, el juez de Garantías de Gualeguaychú Tobías Podestá reprogramó la audiencia para 2020.
El jueves 13 de febrero tampoco pudo concluirse el trámite. A los Tribunales de Gualeguaychú llegaron Raúl Riganti, exintendente de Larroque; Juan Carlos Rochelle, exsecretario de Obras Públicas del municipio; Leonardo Martín Hassell, exsecretario de Gobierno y actual Intendente; Norberto Miguel Marchesini, exsecretario de Hacienda; y Néstor Hereñú, directivo de OIC SA. Pero surgió una novedad: Víctor Rebossio fue designado por la Municipalidad de Larroque para seguir con el trabajo que venía haciendo el abogado Avero, pero al no haber recibido instrucciones del Concejo Deliberante no pudo concretar la demanda civil y por ello se solicitó postergar la audiencia, según informó el diario El Día.
Podestá escuchó el reclamo de Riganti que fue apoyado por los defensores de los acusados, pero permitió que el representante del Ministerio Público Fiscal, Lisandro Beherán, continuara con el requerimiento de elevación a juicio. El discurso del funcionario judicial se prolongó durante tres horas y debido al horario (pasadas las 21) y que algunos abogados defensores debían regresar a Paraná, se dictó un cuarto intermedio para el 11 de marzo, cuando se escuchará a los abogados defensores, Daniel Garbino, Sergio Otarán, Miguel Ángel Cullen y Julián Pedrotti, hacer el descargo.
Luego, ocurrirá la decisión del juez Podestá respecto a la elevación de la causa a juicio.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora