El exsecretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Paraná y actual concejal por Juntos por el Cambio, Walter Rolandelli; y el titular de la Mutual Modelo, Ángel Emilio Picazzo, solicitaron este martes la absolución al Tribunal que los juzga por un supuesto delito contra la Administración Pública.
Ambos imputados dijeron sus palabras finales pasadas las 15,30, al culminar los alegatos de sus abogados defensores en el juicio en el que se discutió la legalidad de un trámite de adelanto financiero de $1,5 millones a favor de la Mutual Modelo entre enero y febrero de 2016. El pago nunca se concretó, pero la Fiscalía de todos modos avanzó con la investigación penal preparatoria hasta traer las actuaciones a debate oral y público. El caso fue denunciado por el exdiputado provincial Gusatvo Guzmán (PJ), a mediados de 2017.
Ángel Miguel Picazzo, titular de la mutual, fue el primero en hablar frente al Tribunal integrado por Gervasio Labriola –presidente-, Rafael Cotorruelo y María Carolina Castagno. En su alocución, el contador ratificó su inocencia en los hechos que se le endilgaron y mencionó la difícil situación personal que atravesó durante los poco más de dos años que duró la investigación. “Cuando surgió esta denuncia en julio de 2017, tanto yo como mi familia no la hemos pasado para nada bien”, dijo y agregó que tuvo que soportar “artículos nefastos hablando mal de mi persona”. Además, señaló que en el transcurso del proceso perdió a su madre.
Finalmente, sostuvo que sus abogados defensores, Miguel Ángel Cullen y Emilio Fouces, fueron “muy claros” sobre su inocencia.
Enseguida se acercó al micrófono el concejal Walter Rolandelli, quien habló casi al borde de las lágrimas. “La verdad es que estoy devastado. Me han hecho mucho mal porque simplemente ejercí mi derecho para la cual estaba habilitado: una opinión jurídica. Una señor presidente, una sola opinión. He pasado dos años terribles de mi vida, mi esposa puede saber el escarnio público que hemos vivido por esto”, comenzó.
A su vez, reiteró que su dictamen a favor de otorgarle el adelanto a la mutual lo realizó a la luz de su “sana crítica”. “Todos conocen la clase de persona que soy. Me la he aguantado por mis hijos y mis viejos. Yo solo hice un dictamen”, añadió.
En el tramo final, dijo que no conocía al Contador General Eduardo Campdesuñé, sobre cuyo dictamen se apoyó principalmente la Fiscalía para investigar y acusar. Y también dijo que no recibió presiones para dictaminar como lo hizo.
“A Campdesuñé ni lo conocía porque hacía poco estábamos (NDeLaR: la gestión asumió en diciembre de 2015). No lo contradije, no tuve connivencia. Solo dictamine; nadie me obligó. Con Varisco me he contradicho mucho. Siempre he dictaminado de acuerdo a mi sana crítica. Yo solo pido que Dios y la Virgen los ilumine y que se haga justicia en su sentencia”, concluyó.
Tras las declaraciones finales de los imputados, el presidente del Tribunal, el juez Labriola, explicó que la audiencia se retomará este miércoles a las 10, cuando se escuchen las últimas palabras del exintendente de Paraná, quien no ha asistido a gran parte del juicio –sólo estuvo en la primera audiencia- por su delicado estado de salud.
El magistrado señaló que las últimas palabras de Varisco serán a través de videoconferencia, por lo que ordenó que se entregue a sus defensores una copia de la audiencia videograbada para que pueda verla el exintendente.
Pedido de pena y respuesta de los defensores
Los alegatos de clausura de la Fiscalía se extendieron desde las 9 a las 12,30. En ese plazo, las fiscal Patricia Yedro y la fiscal Anticorrupción y Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, aseguraron que en el juicio se probó que los tres imputados cometieron el delito de tentativa de peculado con el trámite de adelanto financiero a la mutual
Para los tres, Goyeneche pidió penas de cumplimiento condicional, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Para Varisco, la pena de 2 años de prisión condicional; para Rolandelli, 1 año y 8 meses; y para Picazzo, 1 año y 10 meses. A los dos últimos, como partícipes necesarios del delito de peculado. «Los tres actuaron con dolo y con conocimiento de ilicitud», aseguró en su alegato de clausura.
En su larga exposición, las fiscales señalaron que existió connivencia entre los imputados para que la mutual se haga del dinero en “condiciones favorables” ya que lo iba a devolver en 10 cuotas de $150 mil y, según dijeron, con una tasa de interés irrisoria de 0,25% anual.
La novedad en esta instancia fue que la Fiscalía finalmente decidió cambiar la figura delictiva imputada: al juicio se llegó con los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la Administración Pública, pero en la primera jornada se advirtió que esa figura podía variar a peculado.
En un pasaje de su exposición, Goyeneche aseguró que si se condenaba a los imputados, se desglosarían los expedientes de los antecedentes de adelantos financieros de las gestiones de Juan Carlos Halle (2007-2011) y el de Blanca Osuna (2012 a 2015). En el primero se dieron la mayoría: 15 en total. En el 2012 hubo un trámite por parte de Sidecreer, pero no prosperó, al igual que en el caso de la Mutual Modelo en la gestión Varisco.
A su tiempo, la decisión de cambiar la imputación fue rechazada por los abogados defensores, quienes hicieron reserva de llevar la discusión hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque se estaría ante la violación de derecho de defensa. Además, señalaron que también se violó el derecho de igualdad ante la ley, porque se juzgó un caso con “distinta vara”, en referencia a los antecedentes Halle y Osuna. No obstante, todos los defensores aclararon que en sus planteos no señalan que en dichas gestiones se hayan cometido delitos. Al contrario, aseguraron que los trámites de entonces, y el del caso juzgado fueron totalmente lícitos.
El abogado Emilio Fouces consideró que el alegato de la Fiscalía fue “pobre de argumentos” y afirmó que los testigos que pasaron por el juicio derribaron la tesis de la acusación, al decir que se trataba de un trámite habitual, con antecedentes y que contaba con respaldo administrativo.
“No hay prueba de que esto fue un ardid de la Mutual Modelo para detraer fondos públicos de la municipalidad. Ya lo había hecho en varias oportunidades y nunca hubo inconveniente. ¿Qué lleva a pensar a la Fiscalía de las intenciones de Picazzo?”, dijo y recordó que Alejandro Cánepa, que fue secretario Legal del municipio había dictaminado a favor de un otorgamiento de adelanto financiero años atrás, antes de ser fiscal y luego juez.
“No podemos criminalizar un acto claro, transparente, regulado por el presupuesto en el que intervinieron los organismos de control sin poner objeción al acto”, cerró.
Miguel Ángel Cullen, por su parte, dijo que se está ante un “negocio lícito” y cuestionó que la Fiscalía haya considerado un “no hecho” al pedido de adelanto a Sidecreer, en la gestión Osuna. El letrado recordó que ese término también fue utilizado por las defensas en la apertura del juicio, pero que observan cuál es la diferencia entre aquel trámite y el que se juzga.
“El doctor Halle estuvo muy bien cuando dio los anticipos. Aquella vez eran lícitos y ahora también. Aquella vez eran más riesgosos porque no había interés y porque no se había hecho la autorización de retener los fondos necesarios para pagar la cuota al municipio. Acá el propio acreedor tenía el control de los fondos”, dijo en relación a que la cuota sólo se debitaba de lo que se les devengaba a los empleados municipales asociados a la mutual.
Cullen fue el que más cuestionó el cambio de la calificación legal a peculado en grado de tentativa. Al respecto, remató: “¿Después de 2 años de investigación se dieron cuenta que la figura que corresponde es peculado? ¿No pueden decir nos equivocamos, se trata de un negocio lícito?”.
Luego fue el turno de los defensores de Varisco y Rolandelli. Damián Petenatti marcó que “los propios testigos del juicio acreditaron probada la tesis de la defensa. Los adelantos eran lícitos, no sólo por la existencia de antecedentes, sino también porque había sido aprobada presupuestariamente”. En ese sentido, recordó que en el presupuesto existe la cuenta de Personal, en cuyo interior se encuentra prevista la subcuenta “adelanto a mutuales”.
“La Fiscalía ha querido convencer del delito sólo con retórica”, afirmó y señaló que algunas contradicciones en la acusación. Una de las que indicó fue que Rolandelli, entonces asesor legal, no hubiese intervenido en el tema sino fuese por el pedido del contador general Campdesuñé. “No se lo pidió Varisco, se lo pidió Campdesuñé”, señaló y preguntó: “¿Cómo le metemos entonces en esto la connivencia’?”.
Tras repasar los dichos en el juicio por laexsecretaria de Hacienda, Cristina Ruberto y otros testigos, destacó que “no hay el menor viso de oscuridad e ilegalidad en el trámite administrativo”.
Rubén Pagliotto fue el último en exponer su alegato. Al igual que sus colegas, el letrado cuestionó la variación de la figura penal. “Hemos tenido que defendernos en las sombras”, afirmó y detalló las diferencias entre las calificaciones penales: “El delito de negociaciones incompatibles tiene como piedra basal que el negocio supone que es lícito. En tanto, la figura del fraude a la administración pública supone un ardid que lleva al engaño y al desplazamiento patrimonial; y el peculado es la sustracción de la esfera de custodia del dinero del erario”.
Así, entendió que la tesis acusatoria es un “combo de tipos delictivos” forzados. Por el contrario, resaltó que se estaba ante actos transparentes y con antecedentes.
Respecto de los antecedentes de adelantos de las gestiones de Halle y Osuna –este último frustrado-, indicó que con el de Varisco son similares. “Son actos jurídicos mellizos con distintas motivaciones”, afirmó.
Finalmente, tras hacer reserva de apelar a las diferentes instancias provinciales hasta la Corte Suprema por la violación al derecho a defensa, ya que se cambió la figura penal; y por el incumplimiento de igualdad ante la ley.
La causa
La causa se inició por una denuncia que formuló el ahora exdiputado provincial Gustavo Guzmán (PJ), y la investigación penal preparatoria la realizó la fiscal Patricia Yedro, quien consideró que hubo decisión de “favorecer” económicamente a la mutual cuando el 22 de enero de 2016 pidió al entonces intendente un adelanto financiero de $1,5 millones.
La Mutual Modelo tiene entre sus clientes cautivos a los empleados de la Municipalidad que se han afiliado y han pedido préstamos que, después, el Estado municipal retiene de sus salarios y se convierte así, en agente de retención que luego debe derivar a la mutual.
En su acusación, la fiscal destaca las “observaciones” que efectuó el contador general de la Municipalidad de Paraná, Eduardo Campdesuñé, lo que derivó en la anulación del primer trámite y la presentación de un nuevo pedido por parte de la Mutual Modelo, el 4 de febrero. El dinero nunca fue entregado a la Mutual, y el trámite fue rechazado en julio de 2017, luego de que se presentara la denuncia penal en la Justicia.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.