El exvicegobernador y actual intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, se enfrenta este miércoles por la mañana a una nueva audiencia en la que se discutirá la elevación a juicio de la causa por supuesto sobreprecio de una obra de 20 cuadras, realizada con fondos del Plan nacional “Más Cerca” en su última gestión. La audiencia será ante el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo.
La causa por el supuesto sobreprecio se inició en 2016 por una denuncia formulada por su concuñado, el ahora exintendente de Santa Elena, Silvio Moreyra –que también está siendo investigado por el fiscal Santiago Alfieri en una causa por supuestos sobreprecios en una obra-.
La presentación la realizó con la representación del abogado Guillermo Mulet, conocido por sus denuncias a la corrupción del ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri.
La audiencia de este miércoles se realiza luego de casi un año de la última, en la que el juez de Garantías mandó al fiscal de la causa a reformular la acusación. Pero sobre todo, la concreción de la audiencia estaba pendiente porque la defensa de Rossi recusó al fiscal Alfieri y al Procurador General Jorge Amilcar García. Tras varios intentos, su pedido no tuvo acogida en los Tribunales.
Según la primera acusación fiscal, durante la gestión Rossi, el municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de esas 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.
En su pedido de elevación a juicio, el fiscal Alfieri adelantó que en la instancia de debate oral pediría una pena de prisión para Rossi: 5 años y 6 meses de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Además de Rossi, el fiscal busca que sean llevados a juicio otras seis personas: el empresario Néstor Juan Szczech; el ingeniero y apoderado, respectivamente, de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano; María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortíz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez, falleció mientras trascurría la investigación.
Al litigio penal se le suma el civil. Durante la gestión de Moreyra, la Municipalidad de Santa Elena impulsó una demanda civil por daños y perjuicios el pago de la suma –estimativa y provisoria- de $10.937.255,46 «o lo que en más o en menos resulte de las probanzas a rendir en autos y/o determine el elevado y prudente criterio judicial, con más sus intereses y las costas del proceso”.
Sin embargo, con la asunción nuevamente de Rossi, este reclamo quedó entre signos de preguntas. Y es que ahora el actor civil puede desistir de la acción, pero para ello necesitaría la aprobación del Concejo Deliberante.
Al ser consultados al respecto, el asesor legal del municipio, que a su vez es abogado de Rossi, Carlos Reggiardo, dijo meses atrás: “Tenemos dudas acerca de las incompatibilidades que tenemos todos para tomar cualquier decisión. Nosotros tenemos que buscar la forma de que eso lo resuelva alguien que no tenga conflictos de intereses. Nosotros no vamos a desistir y hay que ver. Mandarlo al Concejo sería una posibilidad pero lo queremos hacer de la mejor manera posible para que no digan que desistimos. Nosotros estamos convencidos que no hubo sobreprecios”.
Por el contrario, la defensa de Rossi sostiene que no hubo sobreprecio e interesa el sobreseimiento. “De la misma investigación se desprende que la obra se ejecutó en un 126%, es decir, se hizo más obra de la pautada dado que el exintendente solicitó a las oferentes la mejora y ampliación con respecto a la del presupuesto oficial”, dijo su abogado Reggiardo en una carta pública en diciembre de 2018.
Causa civil: similitudes entre Santa Elena y Larroque
La situación que se presenta con la demanda civil en Santa Elena es similar a la causa por supuesto sobreprecio en Larroque, departamento Gualeguaychú. En la causa penal están imputados por presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del erario público el exintendente y exdiputado Raúl Riganti, el exsecretario de Obras Públicas, Juan Carlos Rochelle; el ex secretario de Hacienda, Norberto Marchesini; exsecretario de Gobierno y actual intendente Leonardo Hassel; y Néstor Hereñú, directivo de la constructora OICSA, que realizó la obra de asfaltado en 2015.
En la causa civil por daños, el abogado del municipio también cambió: primero estaba Sergio Avero, de la administración de Darío Benedetti (Cambiemos), que arrancó con la demanda. Tras el fin de la gestión, Víctor Rebossio fue designado por la Municipalidad de Larroque para seguir con el trabajo que venía haciendo el abogado Avero, pero al no haber recibido instrucciones del Concejo Deliberante no pudo concretar la demanda civil y por ello se solicitó postergar la audiencia. La misma continuará el 11 de marzo.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora