Poco antes del mediodía de este jueves, fuentes oficiales confirmaron que el titular del Juzgado Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, pidió unificar las investigaciones en curso sobre la planta Baggio -tanto en su fuero como en el local- al considerar que la denuncia “alcanza cuestiones que le competen”. En este aspecto vale destacar que en su juzgado tramita una causa que dio marco a los allanamientos realizados por orden de propio Viri días atrás en diferentes locaciones relacionadas al caso.

Por otra parte desde la Ministerio Público Fiscal de la Justicia provincial explicaron que «lavado de activos, evasión impositiva e infracción al régimen cambiario, son algunas de las cuestiones de competencia federal», dando así el visto bueno al pedido.

Fue el titular del Juzgado de Garantías N°1 -Dr. Tobías Podestá- quien esta mañana corrió vista a Mauricio Guerrero, fiscal que tuvo en sus manos la investigación luego que Guillermo Biré saliera del caso por una licencia médica.

Así fue que en horas de la tarde, el Juez de Garantías se declaró incompetente y envió la causa al Juzgado Federal, haciendo lugar al pedido de Viri, quien confirmó a este portal que la investigación se acumulará a la investigación en trámite bajo la carátula «Baggio, Juan Alberto y otro S/ estafa, lavado de activos (figura como inf. art. 303), evasión agravada tributaria e infraccion al ley 19.359 (Penal Cambiaria)».

Vale recordar que el caso tomó estado público a principio de este mes, después que Diana Beatriz Veronesi radicara una denuncia policial por la presunta estafa de 7 millones de dólares –lo que equivale a más de 440 millones de pesos- a la empresa RPB Baggio.

El tema fue cobrando voces, y conforme a los intereses que cada una de ellas representa, versiones que van desde la presunta estafa hasta el desvío de fondos, vaciamiento de la empresa a cuentas off shore, abonando la preocupación de los trabajadores en cuanto al futuro de sus fuentes laborales.

A partir de la tarde de este jueves, será la Justicia Federal la encargada de llevar adelante la correspondiente investigación.

La trama

“Queremos dar a conocer un hecho ilícito sufrido por RPB SA y cometido contra parte de la familia Baggio”.

Así decía la solicitada publicada en los principales medios de país el 2 de febrero último. En Gualeguaychú, la ciudad donde está emplazado el núcleo de esta conocida empresa familiar de jugos –pero también de lácteos, vinos, aceite de oliva y mermeladas, entre otros– la noticia es pública desde comienzos de año, cuando se realizó una denuncia por estafa.

Desde entonces hay versiones cruzadas casi para todos los gustos sobre el tema. La propia empresa reconoce que hay “personas en conflicto de intereses con RPB SA y con socios de la misma”.

En primer lugar, la solicitada brinda contexto sobre la empresa que fundaron en esa ciudad, hace 60 años, “Doña María Celia Munilla y Don Rufino Pablo Baggio (Padre)”. Se detalla que hoy tiene más de 1.500 empleados y que exportan a más de 72 países.

Luego, sí, la denuncia: “El hecho ilícito sufrido, aludido al principio, consistente en una estafa ocurrida en el mes de diciembre, fue debidamente denunciada y está siendo investigada a los efectos de conocer quiénes son sus autores y responsables”, aseguran. Sin embargo, explican que el hecho representa un porcentaje no significativo de la facturación mensual del grupo, “resultando irrelevante para la normal actividad comercial, financiera e industrial de RPB SA”.

La denuncia por estafa se realizó en la Comisaría 7a de Gualeguaychú, el 2 de enero de este año. Es la dependencia policial más cercana a la planta productiva, la primera del Parque Industrial local. Según la web de la empresa, son “70.000 metros cuadrados cubiertos dedicados a la elaboración de jugos de fruta, gaseosas, aguas, sodas, bebidas a base de frutas y diversos productos lácteos”.

Se habla de un desfalco de casi USD 7 millones y de una empleada a la que habrían engañando con técnicas de phishing , la metodología hacker por la cual por medios electrónicos se induce a realizar depósitos, transferencias o cesión de datos con fines ilegales. Engañada, siempre según la denuncia, la empleada habría transferido ese dinero a varias cuentas en el exterior.

La causa la investiga el fiscal local Guillermo Biré, quien luego de regresar de vacaciones, pidió medidas de prueba, testimoniales e informes técnicos. “Parte de la familia pidió copia del expediente para hacer la denuncia en un juzgado federal”, explican desde Gualeguaychú.

El caso, además, tiene el trasfondo de una interna familiar que en la ciudad se conoce desde hace tiempo, y que da origen a las más variadas versiones sobre la denuncia.

Familia con historia

“No podemos hacer ningún tipo de aclaración contextual hoy, sí en la semana, por hoy no hay novedades, nos remitimos al texto publicado”, le dijo a Infobae Eduardo Piccini, gerente de marketing de la empresa. Cerca de la compañía hablan de “desfalco externo” y no dejan de mencionar “los intereses contrapuestos entre los socios”.

Don Rufino y doña María Celia tuvieron cuatro hijos. Rufino Pablo hijo, “Pino”, Alejandro, Aníbal y Celia María. Cuando el fundador de la compañía murió, su viuda cedió sus acciones a sus cuatro hijos, pero mantuvo el usufructo, algo que autoriza el estatuto de la empresa para los fundadores. Así, sin acciones, puede decidir cargos en el directorio, pero no medidas ejecutivas. Celia María le vendió su 25% a su hermano “Pino”, quien se quedó con la mitad del paquete accionario. Pero el presidente de la compañía es Alejandro. Aníbal, el otro accionista, estaría alejado del día a día del negocio. Así, la tensión habría quedado centrada en dos hermanos, uno que tiene las acciones y otro que tiene la dirección de la empresa.

 El sólido posicionamiento de la empresa permiten transitar esta lamentable situación ilícita sin ningún tipo de contratiempo para nuestro personal, consumidores, proveedores y clientes (Baggio)

En ese contexto, y más allá de la denuncia y la solicitada, desde un sector de la familia llegan sospechas sobre el caso y, especialmente, de la modalidad de estafa internacional por medio de hackers que habrían evaporado los USD 7 millones.

En tanto, la solicitada que expuso el hecho asegura que “el sólido posicionamiento de la empresa permite transitar esta lamentable situación ilícita sin ningún tipo de contratiempo para nuestro personal, consumidores, proveedores y clientes”.

“El directorio de RPB SA quiere destacar especialmente que repudia enfáticamente el hecho perpetrado y en particular la utilización de tan lamentable suceso por parte de personas en conflicto de intereses con RPB SA y con socios de la misma, que pretenden hacer prevalecer apetencias e intereses de orden personal a costa del interés social de la firma, intentando hacer creer, a sabiendas de su falsedad, que el episodio persigue la disminución de su actividad, sin reparar que la magnitud económica del hecho representa tan solo el importe de seis días de facturación”.

Fuente: Reporte 2820 e Infobae.