La Cámara de Casación Penal rechazó por «extemporáneo» el recurso planteado por la defensa del cura Mario Gervasoni, secretario privado del arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, que fuera condenado el pasado 1° de octubre de 2019 por el delito de falso testimonio. Casación entendió que el tiempo para recurrir la sentencia de primera instancia debió realizarse dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores al fallo, esto es el 28 de octubre, pero la defensa, representada por el abogado Guillermo Vartorelli, hizo la presentación un día después, el 29.
«El fallo quedó firme porque la defensa presentó el recurso fuera de término», confirmó el fiscal de la causa, Juan Francisco Ramírez Montrull.
El juez de juicio José María Chemez condenó a Gervasoni a la pena de un año de prisión condicional al hallarlo culpable del delito de falso testimonio, y de ese modo el magistrado morigeró la pena que había solicitado el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, un año y medio de prisión condicional, aunque rechazó la solicitud del defensor del sacerdote, Guillermo Vartorelli, que había peticionado el sobreseimiento.
Gervasoni fue acusado de no haber contado todo lo que sabía del caso cuando declaró como testigo en la instrucción de la causa por abuso y corrupción de menores que se abrió en 2012 al cura Justo José Ilarraz, finalmente condenado en 2018 a 25 años de cárcel. La Fiscalía lo acusó de haber sido “reticente” y no haber contado todo lo que sabía. El fallo deja en una situación incómoda al arzobispo Puiggari, quien en su declaración por escrito dijo que jamás había hablado del tema con su secretario privado.
Cuando declaró en el juicio, Gervasoni negó haber falseado su testimonio cuando declaró en la instrucción de la causa del sacerdote Justo José Ilarraz, condenado en 2018 a 25 años de cárcel por abuso y corrupción de menores.
En ocasión de brindar su testimonio en la Justicia en la causa Ilarraz, el 8 de abril de 2015, Gervasoni negó conocer algún detalle de los abusos. Que fue convocado como testigo en la investigación que mandó realizar el entonces arzobispo Estanislao Esteban Karlic en 1995, que lo hizo a pedido de quien era el rector del Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, el actual jefe de la Iglesia, Juan Alberto Puiggari, que redactó una carta de puño y letra, que la entregó a su superior, y nada más.
Entonces, cuando declaró ante la jueza de Transición Susana María Paola Firpo, el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull pidió que le leyeran el artículo 275 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.
El Ministerio Público Fiscal acusó al secretario privado de Puiggari -ejerce esa función desde 2011- por “haberse pronunciado con falsedad y reticencia, ocultando datos al juez, datos que no podía ignorar por el rol protagónico de secretario del arzobispo, con quien convive” en la residencia episcopal de la Costanera Alta. Fue cuando Gervasoni declaró como testigo en la causa Ilarraz, en 2015. Como para la Fiscalía se encontraría ya acreditado el delito, durante la audiencia de hoy ya hizo el adelanto de pedido de pena que hará para el cura: prisión condicional de 1 año y 6 meses por el delito de falso testimonio.
La actitud de Gervasoni, además, quedó en evidencia en un fallo que emitió a finales de abril de 2015 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), cuando rechazó el pedido de prescripción de los delitos que se le imputan a Ilaraz, planteado por su entonces abogado defensor, Juan Ángel Foernerón.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.